El asesinato de dos campesinos de Aguazul, Casanare, ocurrido en marzo de 2017, en hechos conocidos como falsos positivos, presuntamente por orden del General Henry Torres Escalante, en su momento, comandante de la Brigada 16 del ejército, es el primer caso de un militar que analizará el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Así se desprende de la información oficial de la JEP que manifiesta que esta entidad asumió el estudio y sometimiento de Torres Escalante y lo citó para que comparezca ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), reconozca el acta que formaliza la apertura del trámite para aplicar a los beneficios de la Justicia Transicional e inicie su sometimiento.
El general Torres Escalante, que actualmente está “preso” en la Escuela de Infantería del Cantón Norte en Bogotá, deberá comparecer ante la JEP este martes 10 de julio a las 11 am en compañía de su abogado defensor.
El hecho de que el militar se someta a la JEP implicará que queden congelados todos los procesos que llevaban en su contra en la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en el asesinato de Daniel Torres Arciniegas y su hijo menor de edad Roque Julio Torres Torres el 16 de marzo de 2007.
Durante la audiencia, se protocolizará el siguiente procedimiento: 1) El compareciente reconocerá el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz. Este sometimiento no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; 2) Informará a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o adelantan en su contra y 3) el militar o su abogado presentará de manera preliminar, las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y la sociedad.
Una vez asumida la solicitud del compareciente, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas estudiará y evaluará la competencia de la JEP y resolverá sobre la concesión de los beneficios previstos en la normatividad que la rige.
Según la JEP A la fecha 2.159 miembros de la Fuerza Pública se han presentado a la JEP, discriminados así: 2.019 del Ejército Nacional, 34 de la Policía Nacional y 16 de la Armada Nacional.
De igual manera, 965 personas se han beneficiado con la libertad transitoria, anticipada y condicionada. De ellos, 944 son el Ejército Nacional, 8 miembros de la Policía Nacional y 13 de la Armada Nacional.
También la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas evalúa 92 expedientes de la justicia ordinaria, 22 de las cuales llegaron de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación del oficial ante el tribunal de Justicia Transicional se da tres días antes de que 32 antiguos altos mandos de la guerrilla de las Farc comparezcan ante la JEP para responder por su responsabilidad en los secuestros sistemáticos que ocurrieron con ocasión del conflicto armado.
Muerte de Daniel Torres y su hijo Roque Julio
Con información de www.verdadabierta.com – https://verdadabierta.com/ medio-incertidumbre- expediente-general-torres- llegara-la-jep/
El “error fatal” de Daniel Torres Arciniegas de 38 años y su hijo Roque Julio de apenas 16 años, fue concurrir el 11 de agosto de 2006 a la Brigada 16 ante un juez de instrucción penal militar para narrar que el muchacho había sido testigo directo del asesinato de Hugo Araque, un vecino suyo, en la vereda El Triunfo de Aguazul, a manos de uniformados pertenecientes al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez.
Aunque los militares reportaron la muerte de Araque como una baja en combate, Roque declaró que la víctima había sido torturada y asesinada en estado de indefensión. Por ello, dejó constancia en su declaración de que “si me pasa algo al único que le echo la culpa es al Ejército, porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”.
Tan sólo dos días después de declarar, los Torres volvieron a ser testigos de la muerte de un civil presentado como muerto en combate, esta vez a manos del grupo especial Delta 4 de la Brigada 16 y en desarrollo de una misión ordenada directamente, según la Fiscalía, por el entonces coronel Torres Escalante.
La víctima, en esa ocasión, fue Fredy Sanabria, de quien los militares informaron en su momento era un integrante del Frente José David Suárez del Eln que “venía extorsionado a los ganaderos del sector de Aguazul y Maní”, y que había muerto en un intercambio de disparos. No obstante, un estudio técnico realizado a la pistola que supuestamente se le encontró a Suárez concluyó que “no era apta para disparar”, de acuerdo con la Fiscalía.
Contrario a lo reportado por los soldados, Roque Julio Torres denunció ante la organización defensora de derechos humanos Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) que Sanabria había salido a llevarle un “bocado de carne” a un vecino tras la celebración de una fiesta, cuando “el Ejército miró que el muchacho partió por ahí arriba y se fueron a la pata. Entonces él no corrió, él se sentó en un barranco cuando lo llamaron, a ver qué le iban a decir (…) El Ejército lo agarró y se lo trajeron a golpes cuesta abajo, lo hacían dar botes, y no duró ni media hora y lo mataron. Formaron una balacera y decían que era un combate con la guerrilla”.
Por ese crimen, el 13 de diciembre de 2010 el Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró responsable al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional. Al respecto, el juez concluyó que el homicidio “obedeció más bien al afán de los militares en reportar resultados satisfactorios a sus superiores (…) simulando un combate y segando la vida de un civil”.
Tras las denuncias de los Torres sobre ambos hechos, el 12 de noviembre de 2016, soldados de la Fuerza de Tarea Oro Negro de la Brigada 16, “bajo el mando directo del hoy general retirado Torres Escalante”, ingresaron sin orden judicial a la casa de los Torres y le anunciaron a Daniel que se lo llevarían detenido por “orden de un teniente”. Como el teniente no llegó, los soldados abandonaron el lugar, no sin antes advertirle a la víctima que “no pudimos hacer nada, (pero) eso usted nos cae por ahí solito”.
Preocupado por esos hechos, Daniel Torres presentó una denuncia penal con copia a la Procuraduría, la Defensoría y la Personería de Aguazul, en la que expresó: “Desde ya dejo constancia que en el momento que me llegare a suceder un percance criminal en mi persona o a cualquier integrante de grupo familiar responsabilizo a los integrantes del Ejército Nacional de la Decimosexta Brigada con sede en Yopal, Casanare”. Al respecto, la Fiscalía consideró en su escrito de acusación que la actividad desplegada por el Ejército “no contaba con la orden escrita de autoridad competente (…) lo que resulta totalmente reprochable e irregular”.
La interacción del Ejército con los Torres continuó el 4 de marzo de 2007, cuando, tan sólo doce días antes de su asesinato, soldados del grupo especial Delta 5 llegaron a la casa de la familia en busca de un hombre llamado Bernabé Castro, quien se encontraba allí recuperándose de unas heridas y quien, según el Ejército, manifestó voluntariamente pertenecer al Eln. El subteniente Diego Cerón, al mando del grupo Delta 5, le contó a la Fiscalía que el mismo Daniel Torres le consiguió un caballo a los soldados para que pudieran transportar al herido hasta una vía principal, donde lo recogieron “los carros de la brigada”.
De acuerdo con el ente investigador, la operación de “extracción” de Castro, quien inmediatamente se desmovilizó, fue “ordenada directamente” por el entonces coronel Torres Escalante con información del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), seccional Casanare.
A partir de entonces, y con base en la declaración del desmovilizado Castro, el Ejército y el DAS empezaron a considerar a los Torres como milicianos del Eln. De acuerdo con información documental recopilada por la Fiscalía, Castro le dijo al Ejército que Daniel era “el cabecilla de milicias de la cuadrilla José David Suárez del Eln, en la vereda El Triunfo de Aguazul (Casanare). Es hombre de confianza de alias ‘Almeida’, realiza actividades de inteligencia delictiva a nombre de la organización, hospeda a los heridos, le suministra ovejas a alias El Viejo para su consumo”.
El 8 de marzo, el entonces director del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, hoy investigado, le envió un oficio al comandante de la Brigada XVI, coronel Torres Escalante, en el que se refirió a Daniel Torres como “terrorista urbano de la cuadrilla José David Suárez”. Un día después, en el informe de presentación del desmovilizado Castro, el Ejército escribió que “al momento de su presentación se encontraba a las afueras de una vivienda de propiedad del sujeto Daniel Torres, miliciano de la cuadrilla José David Suárez”.
El 16 de marzo, una semana después de esos señalamientos, el grupo especial Delta 6, dirigido por el subteniente Marco García Céspedes, informó que había “dado de baja” a “dos terroristas” en el municipio de Aguazul, Casanare, en desarrollo de la misión “Marte”. Los muertos eran Daniel Torres y su hijo Roque, de quienes se dijo se enfrentaron a tiros con las tropas. La investigación de la Fiscalía determinó, sin embargo, que una de las armas supuestamente encontradas a las víctimas era un revólver sin munición y la otra era una “pistola hechiza con capacidad de carga de tiro simple (…) de la cual solo se hallaron cuatro cartuchos”.
Cuatro años después, el subteniente García empezó a entregar declaraciones a la justicia sobre lo que, según él, ocurrió realmente ese 16 de marzo. En mayo de 2012, el subteniente le dijo a la Fiscalía que “el 15 de marzo fui llamado al COT, eso es de comunicaciones, en donde se iba a planear una operación hacia la vivienda del señor Daniel Torres (…) De acuerdo a lo que planeó, por orden directa del comandante de la Brigada, en ese entonces coronel Torres Escalante, era ir y dar de baja estas dos personas”.
Reconociendo que no hubo combate, García agregó que, una vez el Delta 6 asesinó a los Torres, llamó a Torres Escalante para comunicarle la comisión del crimen. Así lo describió el Subteniente: “Se procede a reportar al COT de la Brigada, reportándole directamente al comandante, señor Coronel Torres, de que (sic) se había cumplido con la misión de darlos de baja. Recibimos por parte de él una felicitación inmensa por este hecho (…) Le manifesté que llegamos, que no encontramos a ninguno de los dos con armas, él me manifiesta de que (sic) si les colocamos armas de las que nosotros cargábamos, de las que sabíamos, yo le contesté que sí. Me manifiesta de que (sic) por fin acabamos con esos dos milicianos”.
Además de la declaración de García, la Fiscalía recopiló los testimonios de los comandantes de los tres batallones de contraguerrilla adscritos a la Brigada 16, de los cuales dependían los grupos especiales Delta. Los tres fueron “contundentes” en asegurar que, aunque ellos firmaban las órdenes de operaciones y eran, formalmente, responsables de los Delta, dichos grupos estaban comandados directamente por la brigada, bajo el mando del coronel Torres Escalante.
De hecho, el coronel Carlos Alirio Buitrago, antiguo comandante del Batallón de Contraguerrilla 65, del que en teoría dependía el Delta 6, le dijo a la Fiscalía en septiembre de 2012 que la operación en la que murieron los Torres fue preparada directamente por la Brigada y ejecutada en territorio fuera de la jurisdicción del Batallón bajo su mando.
La Fiscalía también registró tres llamadas realizadas entre los celulares personales del coronel Torres Escalante y el subteniente García los días previos y posteriores a la muerte de Daniel Torres y su hijo, lo que a juicio del ente investigador da cuenta de la relación directa que sostenía entonces el comandante de la Brigada con los grupos Delta.
El análisis de esas y otras pruebas le permitieron al ente investigador concluir que “hubo un acuerdo claro que tenía como objetivo dar muerte al señor Daniel Torres Arciniegas y a su menor hijo Roque Julio Torres Torres”, de quienes el coronel Escalante tenía pleno conocimiento por “diferentes razones, entre otras, los aportes que las víctimas habían realizado en investigaciones por irregularidades operacionales en el accionar de la Brigada y por el hecho de que los mismos eran tildados de auxiliadores y/o milicianos del Eln”.
La defensa del hoy general retirado Torres Escalante, sin embargo, apeló la providencia de la Fiscalía. Aunque reconoció que la muerte de los Torres se trató de un homicidio en persona protegida, el abogado Jaime Granados responsabilizó de esos hechos al teniente García Céspedes, alegó que el ente investigador no pudo probar que hubiese un acuerdo común entre las partes para cometer el delito y dijo que el general Torres “no tenía mando operacional ni control operacional directo sobre el grupo especial delta seis”.
El argumento principal de la defensa, no obstante, es la retractación que efectuó en 2014 y 2015 el subteniente García, que pese a sus declaraciones iniciales libró de toda responsabilidad al general Torres Escalante. Al respecto, la Fiscalía aseguró que los testimonios que entregó el subteniente entre 2011 y 2014 eran consistentes y coherentes con el resto de material probatorio. Por ello, concluyó que “evidente resulta que cuando el testigo decide brindar versión distinta de los acontecimientos, ello no obedece propiamente a la verdad de lo acontecido, sino al propósito de tratar de exonerar de responsabilidad al procesado”.
Los alegatos de la defensa también fueron rebatidos por la vicefiscal Riveros, quien, en una decisión de 25 páginas, confirmó la resolución de acusación.
