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Terreno de La Bendición sería expropiado para legalizar la urbanización

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Comité de estudio del caso de La Bendición propone la expropiación administrativa de los predios donde se encuentra ubicada la urbanización para posteriormente entregar los lotes a las personas que corresponde, se explicó en reunión del alcalde de Yopal Leonardo Puentes con comunidad de este sector.

Luego de una protesta a las 6 de la mañana de ayer de varios habitantes de la ciudadela frente a la Alcaldía de Yopal, el mandatario accedió a hablar con sus líderes para tratar de resolver sus inquietudes e informar sobre los avances del proceso de solución a toda su problemática social, de legalización y de inseguridad.

El alcalde explicó que él es el secretario de un comité, que está conformado por siete instituciones de nivel nacional y local, por orden del Consejo de Estado, los cuales son los encargados de dirimir la compleja situación legal y administrativa de la ciudadela.

Una de las propuestas contempladas en el plan de acción es la expropiación administrativa de los terrenos sin embargo aún no se ha presentado un cronograma preciso, con responsables y actividades al Tribunal Administrativo de Casanare.

El concejal de Yopal Heyder Alexander Silva dijo que el comité que conformó el Consejo de Estado ha tenido fallas en la comunicación, y por eso el próximo lunes se va a adelantar una mesa de trabajo en la ciudadela, con la presencia de todo el gabinete y representantes de las entidades, para socializar los avances a toda la comunidad.

Llama la atención que el alcalde Leonardo Puentes dijo ayer en Violeta Estéreo que desconocía que en el más reciente auto del Tribunal Administrativo de Casanare, se manifestara que si no se presentaba el plan de acción completo por parte del comité de estudio se abriría incidente de desacato porque desde hace varias semanas se viene solicitando y no ha sido remitido.

Hay que recordar que este problema con esta urbanización surgió a partir de la venta de lotes hecha por el urbanizador ilegal Jhon Jairo Torres, quien fue condenado por ese delito pero el problema en materia de servicios públicos, especialmente carencia de alcantarillado, sigue latente, amén de la inseguridad y por supuesto la legalización de los terrenos vendidos a cerca de 5 mil familias.

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