Opinion

Sobre La Bendición en Yopal: Ensillar antes de traer las bestias

Por Yecid Beltrán Sáenz*

Justo ahora que entramos en la carrera hacia los cargos y corporaciones territoriales de 2019, todos quieren sacar tajada de los problemas sociales y esenciales que afectan al Municipio de Yopal, entre ellos, el asentamiento ilegal de la Ciudadela La Bendición. A este problema le dedicare algunas líneas, desde la óptica administrativa, fiscal y porque no también desde la judicial.

Discusiones bizantinas se dan desde la tribuna del concejo municipal y desde la silla del mandatario de los yopaleños, sobre, quien debe liderar el proyecto que de solución a este chicharrón urbanístico, jugando con los intereses de quienes en realdad necesitan que se le de solución definitiva al problema de vivienda, que según se ha manejado como verdad absoluta, es el origen sobre todo lo que allí sucede.

Se oyó afirmar por parte de algún funcionario Municipal, que la solución estaba en declarar de “utilidad pública” esos terrenos en aplicación del artículo 58 de la ley 388 de 1997, sin tener en cuenta que sobre dicho inmueble pesa una inscripción de “extinción de dominio” medida cautelar debidamente registrada en la Oficina de Registros públicos, y que además existe un litigio judicial entre particulares sobre la propiedad del mismo terreno. Se olvidó el funcionario que hizo esta propuesta, que para declarar de utilidad pública el inmueble, se necesita en primer lugar que exista previamente un proyecto viabilizado y aprobado en la oficina de Planeación Municipal como lo señala el literal b) de la norma mencionada: “b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989”.

Se oyó afirmar por parte de algún funcionario Municipal, que la solución estaba en declarar de “utilidad pública” esos terrenos en aplicación del artículo 58 de la ley 388 de 1997, sin tener en cuenta que sobre dicho inmueble pesa una inscripción de “extinción de dominio” medida cautelar debidamente registrada en la Oficina de Registros públicos,

Me pregunto: ¿existe dentro del plan de Desarrollo, aprobado para el actual gobierno municipal, el programa “Legalización del asentamiento urbano La Bendición?” He revisado el plan de desarrollo y no existe tal programa y en consecuencia no se podrá viabilizar ningún proyecto como tal ni habrá dinero para comprar los terrenos y mejoras que le permitan al Municipio cumplir este objetivo. ¿Cuánto le cuesta al erario municipal la compra de estos terrenos y como se va a financiar ese negocio? Déjenme decirles que la declaratoria de “utilidad pública” no congela precios del Inmueble porque la misma ley en su artículo 61 señala:  “El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.

Ahora bien; ¿ese proyecto se viabilizará como Vivienda de Interés Prioritaria o como Vivienda de Interés Social? Lo digo porque se dé fuente seria que muchos propietarios allí asentados ya tienen vivienda y propiedades en otros sectores de Yopal y se vendría entonces el consabido “Pescar en río revuelto” porque el Municipio terminaría solucionándole problemas judiciales a quienes tercamente se incluyeron en dicho asentamiento pero que no cumplen las condiciones para merecer una VIS o una VIP.

Ahora bien; ¿que el municipio tiene que cumplir una orden judicial? En este punto soy muy claro en afirmar que las decisiones judiciales se acatan y se respetan, pero no siempre podemos estar de acuerdo con ellas. El artículo 113 de la C.N., nos señala que: Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

De conformidad con la anterior norma, se debe interpretar que la Rama judicial tiene como función principal “administrar justicia” tal como lo señala en concordancia el articulo 116 y en consecuencia mal puede, a través de sentencias judiciales, cumplir funciones que le corresponden al ejecutivo, y menos cuando esas órdenes judiciales afectan el presupuesto aprobado y armonizado para dar cumplimiento a un plan de desarrollo, originado en un plan de gobierno que se le ofreció al electorado bajo la figura del “voto programático”.

Considero en mi leal saber y entender, que le corresponde al alcalde Municipal presentar ante el Juez Administrativo, el plan ordenado dentro de la Acción popular el cual, en caso de ser necesario, debe incluir los proyectos para el acompañamiento técnico y jurídico que le dé solución al asentamiento ilegal de la Ciudadela La Bendición, por ejemplo, la inclusión como zona urbana, plan parcial para adecuarla al POT, etc. Pero es bueno dejar en claro que no necesita autorización del Concejo Municipal para declarar ese terreno como de utilidad pública, declaración que solo podrá ser jurídicamente valida y legal cuando se haya levantado la medida cautelar del proceso que cursa sobre “extinción de dominio”.

Resumiendo: Señores concejales y administración Municipal: “No ensillen antes de traer las bestias” que para captar votos no hay necesidad de aprovechar la ingenuidad de los votantes que primero se ilusionaron con ser propietarios de un plan ilegal desde su concepción y que ahora pretenden venderles con la simpleza de la discusión de un proyecto de acuerdo que no cumple ni las expectativas de los ilusionados ni lo ordenado por la Justicia administrativa.

*Yecid Beltrán Sáenz – Abogado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.

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