Por El Espectador
La Jurisdicción Especial para la Paz verificará que tanto el mayor del Ejército Gustavo Soto Bracamonte como otros diez uniformados, involucrados en ejecuciones extrajudiciales, estén cumpliendo con las condiciones que se les exige para acceder a los beneficios del sistema.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, citó para este jueves a 11 uniformados involucrados en 13 casos de falsos positivos ocurridos en Casanare, entre los que se encuentra el mayor Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula del Ejército en este departamento.
En esta diligencia, la JEP verificará que los uniformados estén cumpliendo con las condiciones que les exige el sistema para acceder a beneficios como la libertad condicional o la privación de libertad en unidades militares. A cambio, los cuatro oficiales, un suboficial y seis soldados deberán comprometerse al esclarecimiento de la verdad, a reparar a las víctimas y a no volver a incurrir en las conductas que se les endilgan.
Contra los uniformados pesan condenas en la justicia ordinaria por homicidio, secuestro, concierto para delinquir y falsedad en documento público que alcanzan los 57 años de prisión proferidos por la justicia ordinaria. Uno de los casos por los que investigan al mayor Bracamonte tiene que ver con el asesinato de tres agricultores que fueron presentados como muertos en combate, en agosto de 2007, en la vereda Matepalma de Casanare.
En otro caso, ocurrido en abril de 2007 en la vereda Las Tapias, el mayor Soto Bracamonte fue el encargado de planear y ejecutar el asesinato de dos jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, según el fallo judicial. Por estos hechos fue condenado a pagar 32 años y 6 meses de cárcel.
El oficial también fue condenado por la justicia ordinaria por el secuestro y asesinato del comerciante Eduardo Pérez Vega en Villavicencio (Meta). La víctima fue abordada por un grupo de hombres que lucían distintivos del Gaula, fue obligada a abordar una camioneta con rumbo al municipio de Hato Corozal (Casanare), en donde fue hallada sin vida. La justicia logró determinar que la orden fue emitida por el propio Soto Bracamonte.
Por hechos en los que participaron los uniformados del Gaula y en los que fueron asesinados siete personas, el Ejército fue condenado en 2012 a ofrecer disculpas públicas en Yopal, Monterrey, Aguazul, Paz de Ariporo (Casanare) y Villavicencio (Meta).
Los uniformados acudieron a la JEP por el asesinato de Óscar Moreno Moreno, Yuri Ferney Achagua Reyes, Darío Ruiz, Geovani Daniel Peñata Hernández, Fredy Mosquera, Darwin Esnin Riascos, Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón Acevedo, Jairo René Navarrete Sánchez, Reinel López Rodríguez, Edubin Morales Sierra, Abelardo Reyes y Abel Antonio Lozano Camacho.
Como en la audiencia de los falsos positivos de Soacha, en esta oportunidad también fueron citados los familiares de las víctimas, quienes tendrán la posibilidad de participar en la diligencia. La Secretaría Ejecutiva de la JEP los trasladó desde Casanare hacia Bogotá y les brindará el acompañamiento del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para que sean representados durante la diligencia.
