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¿Fiscalía espera otra “Bendición” en Yopal para actuar frente a urb. ilegales?

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El cuestionamiento lo hace el Tribunal Administrativo de Casanare ante el silencio de la Fiscalía General sobre las urbanizaciones piratas establecidas en El Picón Arenal, sector La Pedrera, en Yopal, donde a pesar de las reiterativas sanciones e incidentes de desacato, estos seudoempresarios hacen caso omiso a sus órdenes.

Los magistrados Néstor Trujillo y Aura Patricia Lara “suponen” que debe existir alguna actuación penal en la Fiscalía contra estos urbanizadores considerando que desde que se conocieron sus actividades ilegales se le dio a conocer. Pero hasta la fecha se desconocen avances de sus pesquisas y resultados. “Los hechos hablan por sí mismos y la indolencia de los empresarios pareciera indicar que no han sentido el peso del sistema punitivo y por ello ignoran las órdenes del juez popular” afirman los togados. En concordancia se preguntan si ¿actuará la Fiscalía General de la Nación; o espera otra “ciudadela La Bendición” en Yopal para hacerlo?.

El jalón de orejas lo hizo el Tribunal en el marco de la declaratoria del segundo incidente de desacato contra los urbanizadores: Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces La Española, H&S Bienes Raíces SAS, Inversiones Cruz Barrera, Fundación La Nueva Granada y Jairo Pezca Cepeda Asesorías ATS del Llano, por el incumplimiento del suministro de agua potable con mayor frecuencia y cantidad en sus urbanizaciones, de acuerdo a las órdenes emitidas el pasado 5 de julio de 2018 en una providencia, en donde además se ordena mitigar los impactos ambientales de vertimientos de aguas residuales.

Además multó a cada uno de estos empresarios a pagar entre 40 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, sanciones entre 31 millones y 39 millones de pesos. En total tendrán que pagar 164 millones de pesos. Estas deberán ser canceladas dentro de los próximos 10 días a la notificación del fallo so pena de 6 meses de arresto.

Las excusas dadas por los urbanizadores no fueron aceptadas por el Tribunal que una vez más les recordó que habían actuado ilegalmente al aventurarse a iniciar proyectos de parcelaciones, construcción de viviendas o loteos, buscando enriquecerse a costa de la necesidad y probable ingenuidad de los compradores y les cuestionó que ahora se escuden en incapacidad económica para resolver los problemas.

Y les puntualiza que no pueden esperar que los contribuyentes suplan su irresponsabilidad, llevando redes de servicios públicos a donde no estaban disponibles ni previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Antecedentes

El 7 de noviembre de 2017 se falló contra los urbanizadores ilegales dentro de una demanda de la Defensoría del Pueblo contra Corporinoquia y la Alcaldía de Yopal. En este se les conminaba a proveer agua potable a los habitantes de sus proyectos urbanísticos y montar sistemas primarios de mitigación de impacto ambiental de vertimientos de aguas residuales validados por Corporinoquia.

El 23 de agosto se abrió nuevo incidente de desacato por haber incumplido las órdenes judiciales dadas en el fallo de incidente de desacato del 5 de julio de 2018, a través del cual se sancionó con multas a los empresarios por los reiterativos incumplimientos a lo ordenado y que mantienen a las familias compradoras en condiciones inhumanas de vida.

Los urbanizadores venían suministrando el agua en carrotanque pero no con la periodicidad necesaria y por ello se les solicitó incrementar el suministro, frente a lo cual guardaron silencio.

URBANIZACIONES ILEGALES EL PICON ARENAL SEGUNDO INCIDENTE DE DESACATO

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