El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, se comprometió a vigilar el trámite que le de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a cada uno de los casos relacionados con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos en el conflicto armado.
En la “3ª. Audiencia contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas”, el jefe del Ministerio Público se declaró a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los alcances para perseguir este delito, pero advirtió que “no creemos que haya causalidad entre la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y el conflicto armado”.
No hay cifras confiables
Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de cifras confiables y el subregistro que se presenta sobre delitos de violencia sexual contra menores de edad y trata de personas, y sostuvo que la realidad de este fenómeno “está en las calles, en las plazas y en los recintos que se dedican a promocionar este tipo de delincuencia”.
Sin embargo, señaló, que con las cifras oficiales con que cuentan las autoridades, la impunidad en la penalización de estos casos se acerca al 97% o 98%, sumado al reporte de 100 NNA que a diario son abusados en Colombia, donde el victimarios en su mayoría es un miembro de la familia o del círculo cercano.
Condenó que este sea uno de los negocios más lucrativos del mundo en el que se mueven más de 35 mil millones de dólares al año.
“Esto es crimen organizado internacional, que rebasó las fronteras de los estados y, particularmente en Colombia, es una patología social que se ensaña con nuestra realidad”.
Para el Procurador General hay que impedir que los agresores sexuales continúen en las calles y para ello hay que reformar el sistema de justicia e incluirlo como una prioridad en el proyecto que estudia el Gobierno Nacional.
El jefe del Ministerio Público cuestionó que el Pacífico colombiano sea un corredor propicio para la trata de personas y la explotación sexual, y que la cultura del dinero fácil, promovida por el narcotráfico, los carteles de la droga y la falta de presencia del Estado, aumente el riesgo de que los menores de edad sean vulnerados.
“Todos sabemos que en el caso del corredor Pacífico es clarísimo el influjo del conflicto armado, de la forma como la cultura del narcotráfico, del dinero fácil, ha incidido en la violación de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, que se va de frente en el caso de un crimen que es transnacional y que tiene unas implicaciones lamentables en la vida de los ciudadanos”.
Estrategia #MiVozCuenta
El Procurador General anunció que en noviembre la estrategia #MiVozCuenta”, en alianza con El Tiempo y “No es hora de callar”, se trasladará a Leticia (Amazonas) para abordar el fenómeno que se presenta en la triple frontera con Brasil y Perú.
“La lucha contra esta industria criminal no es un heroísmo de una institución frente a las demás. Si aquí no hay coordinación y si no hay trabajo conjunto, vamos a fracasar en este empeño”.
Jineth Bedoya Lima, subdirectora de El Tiempo y directora de la campaña “No es hora de callar”, realizó una radiografía del flagelo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia y en especial en el Pacífico, y advirtió que la apuesta de esta alianza con la Procuraduría General, el Gobierno, la academia, el sector privado y los medios de comunicación, es la de salvar a niños que hoy son explotados.
“Si no nos sensibilizamos frente a esta problemática va a ser muy difícil erradicarla y por eso también celebramos que arranquemos este año de trabajo con el proyecto #MiVozCuenta” de la mano de la Procuraduría General, pero necesitamos que todos y todas se sumen. Necesitamos al ICBF, a la Policía, a la Fiscalía a la comunidad internacional (…) Con una niña que logremos rescatar, todo este esfuerzo habrá valido la pena”.
