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Consulta petrolera en Hato Corozal dependerá de reciente fallo constitucional de consultas

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En una de las primeras consecuencias que tendría el fallo constitucional sobre la improcedencia de las consultas populares minero-petroleras, el Tribunal Administrativo de Casanare expresa que lo tendrá en cuenta para definir la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular que se quiere realizar en Hato Corozal.

Así lo dio a conocer en la providencia mediante la cual Rafael Hernando Artiaga Inojosa, vocero del comité de la consulta “Hato Corozal, ríos de agua viva” radicó el 22 de octubre ante el Tribunal el escrito para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta “Está usted de acuerdo ciudadana (o) hatocorozaleño que en la jurisdicción del municipio de Hato Corozal – Casanare, se realicen las actividades de sísmica, fraking, exploración, explotación y producción de hidrocarburos? SI__ NO__”.

El magistrado José Antonio Figueroa Burbano avocó conocimiento del control de constitucionalidad de la pregunta el 24 de octubre, argumentando que el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de sus competencias debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las consultas populares.

Y agregó que como la Corte Constitucional a través de un comunicado de prensa del 11 de octubre informó sobre la sentencia SU 95 de 2018, que al parecer, determinaría la improcedencia de las consultas populares relacionadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos es perentorio conocer ese fallo –que aún no ha sido publicado- y el cual puede tener incidencia sobre el pronunciamiento de constitucionalidad de la pregunta sobre Hato Corozal. Por tanto lo solicitará para tomar la decisión correspondiente.

Contexto

Si bien aún no se conoce el fallo constitucional sobre las consultas populares minero energéticas, hay una amplia tensión entre el Estado Nación y Estado Entes territoriales sobre las competencias de autorizaciones en relación a los proyectos de actividades mineras y petroleras. Mientras que la Nación sostiene que es potestativo suyo la aprobación de los proyectos por ser propietario del subsuelo, constitucionalmente hablando, los municipios argumentan que son propietarios del suelo y por ende tienen autonomía para decidir si se aprueba o no estas actividades cuando la comunidad así lo requiera mediante el mecanismo de la consulta popular.

En Casanare ya se realizó una consulta en el municipio de Tauramena en diciembre de 2013; en ella la comunidad se pronunció contra la actividad petrolera en zonas de recarga hídrica en un proyecto que intentó cristalizar Ecopetrol.

Sin embargo con la consulta que se pretendió realizar en Monterrey en abril de 2014 y que ya había sido aprobada en el Tribunal Administrativo de Casanare una acción popular interpuesta por Ecopetrol impidió que se realizara cuando ya todo estaba listo para la elección.

A pesar de este traspiés varios municipios como Támara, Pore, Villanueva, Aguazul, Monterrey, Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal siguen en el camino de hacer consultas populares.

Proceso de la consulta de Hato Corozal

Desde el 3 de agosto la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió la resolución que declaraba que la consulta petrolera que se pretendía promover cumplía con todos los requisitos legales para iniciar el proceso. Posteriormente el promotor cumplió con entregar los apoyos exigidos –se requerían 709 y se allegó con 764 firmas válidas- y la Registraduría el 22 de junio de 2018 emitió la resolución 19 que así lo certificaba.

El proceso siguió en el Concejo Municipal de Hato Corozal donde el 15 de agosto se emitió concepto previo favorable a la consulta y el siguiente paso consiste en el control de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo de Casanare.

 

 

 

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