Por Yecid Beltrán Sáenz*
Hablar de la crisis financiera y presupuestal de la educación pública en Colombia es llover sobre mojado. Una crisis que afecta todo el sistema educativo desde el ciclo preescolar hasta el ciclo universitario y que no se ha hecho visible por el hecho de que Duque solo lleve dos meses de Presidente. No señores. Este es un mal endémico que como toda burbuja que se infla sin ninguna limitación, algún día tiene que estallar y está estallando porque ya toco fondo el sistema superior que era el que más se resistía a sufrir los embates de la mala política educativa del Estado y porque los estudiantes se están dando cuenta, que en ese ciclo superior, ya no son solamente los padres de familia los responsables de su formación sino que muchos tienen que, por cuenta propia, asumir los costos de esta onerosa educación.
Según información del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES) y del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), “en 1993 la matrícula de las 32 universidades estatales en programas de pregrado fue de 159.218 estudiantes, mientras que para el año 2011, este número alcanzó los 529.487 estudiantes (se estima que para 2018 llegó a los 600.000), lo que significa un incremento de más del 240%.
En cuanto a cobertura en programas de postgrado, las Universidades han incrementado su matrícula de 19.652 estudiantes en el año 2003 a 34.664 en el año 2011, presentando un aumento del 76.39% en menos de una década.
Sumado a esto, el Informe de Educación Superior en Iberoamérica publicado en el año 2011 y realizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y Universia, muestra que las IES estatales colombianas en la vigencia 2010 asumieron el 55.38% de la matrícula nacional mientras que las IES privadas cubrieron el 44.62% restante, cifras que para 2018 han aumentado considerablemente dado que el Estado ha dejado de incrementar sus aportes a la educación superior pública”.
La ley 30/92 aprobada en pleno desarrollo de la Constitución basada en el Estado “Social” de derecho, lo que hizo fue privatizar en lugar de socializar la educación superior. Según esta ley (artículo 86), el Estado solo se comprometió a incrementar el presupuesto anual para este sector en el IPC, sin tener en cuenta el aumento de la matrícula y por ende el aumento en los gastos de funcionamiento e inversión. Por esta razón, a partir de esa fecha, las universidades públicas tuvieron que empezar a incrementar el valor de las matrículas para de alguna manera tener un paliativo ante la indiferencia del gobierno central por reajustar sus gastos.
Es por eso que actualmente se habla de un déficit de casi 18 billones en las 32 universidades públicas traducido en 15 billones para inversión y 3 billones para funcionamiento. Y lo más grave, a partir de la expedición de esa fatídica ley, solo se ha logrado la creación de una universidad pública y eso del orden Departamental.
Así que, aunque aplaudo la iniciativa de crear la universidad pública para Casanare, ese “canto de sirenas” aprobado por el Congreso Nacional no deja de ser un cuento “chimbo” como diría Vargas Lleras, cuando se tenga que hacer el estudio financiero y de impacto fiscal por parte de la Asamblea Departamental.
La Universidad Nacional es la única opción para muchos jóvenes colombianos que desean ingresar al sistema de educación superior. Así lo expresa un estudio hecho al interior: “el 86% de los estudiantes de pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, además, 2.927 estudiantes de poblaciones indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y bachilleres sobresalientes de las regiones más vulnerables del país son beneficiados por los programas de admisión especial Paes y Peama. Este último permite a los estudiantes iniciar su formación profesional en las sedes de frontera y luego promueve su traslado a las sedes andinas”.
Dicho de otra manera, las universidades públicas y en especial la Nacional, desde su fundación ha mantenido siempre activo el programa ”ser pilo paga”, el cual infortunadamente se ha destinado en los últimos gobiernos para financiar soterradamente a las universidades privadas en desmedro de las públicas.
Mientras el Estado invertía en 1993 cerca de 10 millones por estudiante matriculado en las universidades públicas, para el 2018 esa inversión se ha reducido a $4 millones por estudiante, siendo considerablemente una ironía comparado con las cifras que el estado colombiano invierte, cerca de 22,5 millones por estudiante, a través del programa “ser pilo paga”, para los estudiantes matriculados en las universidades privadas. Y mucho más irónico si tenemos en cuenta que el Estado se gasta cerca de 10 millones de pesos en mantener en las cárceles a cada interno, lo que nos lleva a pensar que, para el gobierno central, son más importantes las políticas de represión que las de la educación.
La comparación anterior nos indica que la mejor inversión para el programa” ser pilo paga” o como lo quieran llamar ahora, es destinar esos recursos a las universidades públicas para que puedan ampliar su cobertura.
Y que pensar cuando el salario de un docente en la universidad pública, con título de pregrado, especializaciones y maestrías cuesta alrededor de 4 millones de pesos, cifra absurda, injusta y paradójica, si se compara con los cerca de 40 millones al mes que se gana el “bachiller” Macías en el Congreso para oponerse a todo lo que considera inversión social en Educación y para evitar que los voceros de los estudiantes expongan la problemática en el Congreso Nacional. La pregunta es sencilla: Quien le aporta más a la productividad del país, ¿un “bachiller” Macías o un profesor universitario?
Yecid Beltrán Sáenz – Abogado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.
