Sancionados gerente de Ceiba y director de Idry por violar ley de garantías

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El gerente de Ceiba, Carlos Andrés Cifuentes y el director del Idry, Paulo César Rivera fueron sancionados con suspensión de sus cargos por 4 y 3 meses, respectivamente, por la Procuraduría General por haber removido, indebidamente, de sus cargos a varios funcionarios, en plena ley de garantías. La medida ya se hizo efectiva por suspensiones previas hechas por la Personería de Yopal.

El pasado 27 de septiembre la Procuraduría realizó audiencias verbales abreviadas a los dos ejecutivos por las denuncias interpuestas por varios funcionarios inconformes por sus despidos, realizados en enero y febrero en las dos instituciones. Aunque se impusieron las sanciones respectivas ya estás se habían cumplido pero en los antecedentes disciplinarios aparece esta macula en su hoja de vida pública.

Sanción gerente de Ceiba

En el caso de la Eice Ceiba la queja fue inicialmente presentada por el exasesor jurídico Nelson Fernando Zuluaga Abril ante la Personería de Yopal, el 16 de febrero de 2018, y luego se sumaron las de Laura Isabel Gil Puentes, exsubgerente de operaciones, Freddy González Girón, exsubgerente administrativo, Gilma Unda, exsecretaria y Cielo Yajaira Vergara Mariño, extesorera.

Luego el proceso pasó a la Procuraduría por solicitud del funcionario investigado, en relación a que esta entidad ejerciera el poder preferente como garantía del debido proceso. Para esta entidad se probó que se incumplió con la Constitución y las leyes por cuanto no se podía hacer ninguna remoción de personal dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de cargos de elección popular salvo las excepciones contempladas en la norma.

El gerente de Ceiba argumentó en su defensa que considerando que el alcalde de Yopal había removido de sus cargos a varios secretarios amparado en las elecciones atípicas y de que requería personal de confianza para cumplir el mandato de los electores, él podía hacer lo mismo para trabajar con personal de confianza en su institución.

La Procuraduría expresó que no es posible comparar la situación con la del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, quien removió de sus cargos a varios funcionarios, considerando que estaba en una situación excepcional valorada por el Consejo de Estado y que viabilizó la modificación de nómina a efectos de que el mandatario pudiera cumplir con el voto programático.

Sin embargo para el Ministerio Público no hubo dolo en la decisión de remover el personal ni intención de infringir el régimen de prohibiciones pero si se probó la falta a sus deberes de servidor público. Por ende consideró que hubo culpa gravísima por desatención elemental.

Por lo anterior se le declaró disciplinariamente responsable y le impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo por 4 meses y teniendo en cuenta que la Personería de Yopal ya había suspendido de sus funciones al gerente de Ceiba entre el 1 de marzo al 5 de julio de 2018, como medida provisional, se consideró que ya se materializó la sanción impuesta al funcionario.

Sobre el reintegro de los funcionarios se pudo establecer que en la Procuraduría hay otro proceso en ese sentido pero en esta demanda el tema no se tocó.

Situación del director del Idry

El proceso surtido contra el director del Idry, Paulo César Rivera Inocencio, es igual al del gerente de Ceiba y con consecuencias similares.

Los denunciantes en este caso fueron Yovanna de Jesús Franco Gómez, exsubdirectora administrativa y Julio César Orozco Tarazona, exsubdirector técnico, quienes fueron removidos de sus cargos el 5 de febrero cuando se hicieron los nombramientos de los funcionarios que los remplazaron.

El investigado argumentó que luego de reintegrarse a su cargo el 2 de febrero de 2018 encontró que los dos más altos cargos de la entidad estaban en manos de personas a los que nos les tenía confianza y que observando que el alcalde había declarado insubsistente a varios secretarios de despacho como una situación excepcional de la ley de garantías, él podía hacer lo mismo bajo las mismas apreciaciones.

Igual que en el caso del gerente de Ceiba, el Ministerio Público desestimó sus argumentos ratificando que la diferencia entre las decisiones del alcalde Leonardo Puentes y del director del Idry radicaba en que uno fue elegido popularmente en forma atípica y se debía a un voto programático que debía cumplir, mientras que el otro no tenía esa carga.

La Procuraduría declaró disciplinariamente responsable a Paulo César Rivera Inocencio por falta grave a título de culpa gravísima por violación de la ley de garantías electorales al haber despedido a los dos funcionarios el 5 de febrero de 2018.

Como el director del Idry ya había estado suspendido entre el 2 de abril y el 5 de julio de 218 se determinó que la sanción impuesta ya se cumplió.

 

 

 

 

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