Para el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, es absurda la orden de un juez de realizar el lanzamiento de los habitantes del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza. Actualmente hay otras seis invasiones que unidas todas tendría el mismo tamaño de esta.
El mandatario hizo presencia ayer en la invasión Mi Nueva Esperanza, en la vereda La Guafilla, para explicar que la Administración Municipal no puede cumplir la orden judicial, -que debió ser ejecutada en octubre 16 de 2012 y no se hizo- que lo conmina a desalojar más de 500 familias, aproximadamente 2000 personas, porque esto está por encima del sentido común y se puede generar una confrontación y batalla campal con consecuencias fatales. Resaltó que es difícil adelantar un operativo semejante y que si se tenía que ir a la cárcel tres días lo hará pero esto en nada cambiara la situación.
También fue enfático en decir que Yopal está pagando la factura de una década de urbanismo ilegal y permisividad total de las autoridades, los organismos de control y la Fiscalía, entre otros. Igualmente dijo que esta situación es el saldo de muchos años de migración petrolera, ilegalidad, corrupción e ineficiencia estatal en la implementación de una política de vivienda seria y bien planificada.
Expresó que el problema es tan grande que ya hay otros seis asentamientos humanos en la zona urbana de Yopal que en cantidad de familias, cerca de 400 o 500, conforman otra “Mi Nueva Esperanza”.
Por ello propuso buscar la solución a través de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para con este instrumento aprobar la legalidad de varias urbanizaciones ilegales y que sus responsables a manera de compensación cedan terrenos para desarrollar vivienda de interés social y de interés prioritario, recalcando que esto es un proceso lento pero viable.
El mandatario precisó que en cumplimiento de la orden del Juzgado Primero Civil se viene realizando la verificación de la caracterización hecha en agosto del año pasado pero la comunidad inicialmente no colaboró con esta actividad.
Sin embargo para Javier Pérez Castillo, en declaraciones dadas a Casanarenoticias.com, expresó que el mandatario falta a la verdad y explica que cuando unas personas de la secretaría de Obras Públicas fueron al asentamiento no socializaron que actividad iban a realizar y al preguntarles se negaron a dar información y, por ello no permitieron que se realizara.
También expresó que el pasado 5 de diciembre se le había presentado una propuesta a la Alcaldía sobre la reubicación en un terreno que cuenta con servicios públicos, exceptuando el alcantarillado, pero no ha habido respuesta.
Por lo pronto en la providencia del 13 de diciembre del Juzgado Primero Civil del Circuito se ordenó el arresto por 3 días del alcalde y una multa de 3 SMLMV amén de cumplir con el desalojo en los términos ya establecidos.
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