A pesar de las presiones de la Acitep, ANH y del viceministerio de Energía, el Concejo de Yopal aprobó hoy con 9 votos el concepto de conveniencia de la consulta popular petrolera que propuso el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. Solo el presidente de la Corporación voto negativo. Ahora el Tribunal Administrativo de Casanare deberá definir su constitucionalidad.
Luego de 6 horas y de que en un principio solo hubo un concejal en el primer llamado de verificación del quórum, el Concejo acogió la ponencia del concejal Juan Vicente Nieves sobre la conveniencia de la consulta popular petrolera para Yopal, que plantea la pregunta: “Está usted de acuerdo que se realicen actividades de sísmica, perforación y producción de hidrocarburos en zonas estratégicas de recarga y abastecimiento hídrico en el área urbana y de expansión urbana y en las veredas Palomas, Sirivana, La Unión, Picón-Arenal, El Garzón, Manantiales, La Calceta, Guayaque, Tacarimena, San Rafael de Morichal, Santa Fe de Morichal, Upamena, Bellavista y la Manga del Municipio de Yopal? SI___ No___.
Luego de 6 horas y de que en un principio solo hubo un concejal en el primer llamado de verificación del quórum, el Concejo acogió la ponencia del concejal Juan Vicente Nieves sobre la conveniencia de la consulta popular petrolera para Yopal.
El concejal Nieves reiteró argumentos de protección del recurso hídrico superficial y subterráneo de Yopal, del gran impacto de inmigración que causa la actividad petrolera, de las pocas regalías que quedan en el municipio producto de la explotación de hidrocarburos y de la poca generación de empleo de la industria cuando ya está en producción de petróleo, entre otros factores.
El concejal Fabio Suárez, expresó que la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional amparó los derechos de los territorios municipales a definir qué zonas estratégicas podían ser excluidas de actividades minero energéticas y se aprobó el acuerdo 03 de mayo de 2015 que las estableció en Yopal.
En esa sentencia bajo los principios de concurrencia, subsidiariedad y de coordinación, se expresa que los entes territoriales son autonómicos y tienen las competencias en su territorio.
Uno a uno los concejales fueron argumentando las competencias administrativas y de autonomía de los municipios, los principios de precaución en materia ambiental y los pocos recursos que se obtienen por regalías y las actividades petroleras, frente al gran impacto social del mismo.
Solo el presidente del Concejo, Rodrigo Pérez, se apartó de la opinión de sus homólogos frente al tema. Argumentó que la reciente sentencia norma constitucional unificada SU-095 establecía que la consulta popular no era el mecanismo idóneo para definir si se aprobaban o no las actividades en el subsuelo y suelo, ya que esto es competencia del Estado en conjunto, Nación y Municipios, y, por ello el Congreso debía legislar para establecer los parámetros para hacerlo.
El alcalde de Yopal Leonardo Puentes se hizo presente en el Concejo para defender el proyecto de la consulta. Argumentó que este era un compromiso hecho con la comunidad y defendió que mediante este mecanismo es la comunidad la que decide sobre la actividad petrolera en algunas de las zonas de recarga hídrica y de expansión urbana.
Manifestó dentro de sus argumentos que realmente es muy baja la compensación en regalías de la actividad petrolera para el municipio, precisando que para el bienio 2019 y 2020, Yopal solo recibirá 7.500 millones de pesos que no se compadecen con los 3 billones de pesos que se producen al año por la explotación petrolera de aproximadamente 60 mil barriles diarios de producción.
El mandatario también dijo que comparte el concepto del Magistrado Alberto Rojas en el sentido de que la sentencia de la Corte Constitucional sobre consultas populares petroleras es regresiva y antidemocrática y que solo robustece el Estado central en detrimento de la autonomía de las regiones.
Gilberto “Coco” Vargas, dijo que estaba satisfecho con la decisión tomada por el Concejo y que esta lucha por la consulta venía de tiempo atrás pero que se había frustrado porque la Registraduría no avaló todas firmas recolectadas, faltando solo 149.
Recordó que el tema de la consulta nació por el proyecto petrolero El Portón, cuyo pozo Prosperidad 1 está a tan solo 7 kilómetros del casco urbano en la vereda La Unión.
En los últimos días la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acitep, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH y el viceministro de Energía, arreciaron los cuestionamientos a las reales competencias de los municipios en las decisiones sobre la aprobación o desaprobación de las actividades petroleras, amparados en la reciente sentencia constitucional sobre las consultas minero petroleras.
Momentos del debate:
