12 mil fotomultas podrían ser invalidadas en Yopal. 600 ya fueron revocadas.
Por violación al debido proceso en Setty y la Alcaldía de Yopal al no notificar con rigor las fotomultas impuestas a ciudadanos en esta ciudad, la Secretaría de Tránsito revocó los primeros 600 de 12 mil fotocomparendos totales a evaluar. El promedio de sanción era de 350 mil pesos. Así lo informó el secretario del ramo Robert Hernández.
El funcionario explicó en rueda de prensa que esta es la primera tanda de revocatorias pero se espera que semanalmente se deroguen entre 500 y 600 fotomultas. La notificación comenzará esta semana para que los beneficiarios con la medida se acerquen a la Secretaría.
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El funcionario explicó que son básicamente cinco las causas para invalidar legalmente las fotomultas. La primera de ellas se refiere a que la Alcaldía de Yopal no aplicó con rigor la notificación personal a los ciudadanos, dentro de los tres primeros días. La segunda incluye las fotomultas a los vehículos de servicio público, donde no se notificó a la empresa transportadora y la Superintendencia de Puertos y Transportes.
El tercer motivo se debe a la extralimitación en el horario establecido para las foto detecciones, pues solo se podían imponer entre 6 de la mañana y las 10 de la noche; por lo cual las que se realizaron en horas no autorizadas, no serían válidas. En el cuarto ítem, están las fotomultas que no se notificaron durante los cinco días por aviso que exige el debido proceso.
Por último, la quinta causal y más grave de todas, sería que la Unión Temporal Servicios Tecnológicos del Tránsito de Yopal, Setty, no habría realizado directamente la recolección de las pruebas, sino que se presume que contrató a un tercero, utilizando vehículos y personal ajeno a la empresa, con lo cual el procedimiento estaría viciado.
“De comprobarse esta última causal se caerían absolutamente todas las fotomultas. Por lo cual estamos se está haciendo todo el análisis con rigurosidad jurídica, para verificar si Setty hizo el procedimiento de manera debida o no”, manifestó Robert Hernández.
Por lo anterior se está pidiendo a la Interventoría que certifique cómo se realizaron los procedimientos.
Aunque Robert Hernández se abstuvo de dar una cifra del monto de las fotodetecciones revocadas, si se considera que cada una de ellas en promedio tiene un valor de 350 mil pesos multiplicado por 600, daría una suma de 210 millones de pesos.
Acciones contra Setty y la interventoría
Por otro lado se anunció que en la contratación de los servicios de tránsito con la empresa Setty se cometieron varias irregularidades que involucran a todos los alcaldes y secretarios de tránsito anteriores, que supuestamente iban mejorando las condiciones del negocio para la contratista en desmedro de la Administración Municipal.
Una de ellas tiene que ver con un contrato de transacción firmado por la alcaldesa (e) Zoila Rosa Ángulo el 20 de noviembre de 2017, mediante el cual se autorizó a Setty a realizar el recaudo total de los servicios a través del cual esta se quedaba con el 100% de los recursos por concepto del Registro Nacional Automotor (RNA) y Registro Nacional de Conductores (RNC). Esto en razón a un cruce de cuentas con Setty y la firma Soluciones y Soluciones SAS (interventora del contrato) por una reclamación de más de 5 mil millones de pesos, relacionada con la no realización de un remate anual de los carros inmovilizados y abandonados en el parqueadero de Setty y por el cual la Alcaldía se había comprometido a pagar el parqueo.
Robert Hernández también dijo que otra anomalía encontrada fue el aumento injustificado de tarifas en el parqueadero de Setty. Se evidenció que el costo del parqueo de motos incautadas era de 3.500 pesos diarios y luego sin justificación y vía acuerdo municipal se aprobó un incremento a más de 10 mil pesos.
El funcionario dijo que se está investigando el rol que ha cumplido la empresa interventora en el desarrollo del contrato de concesión.
