La Contraloría General de la República cesó la acción fiscal a favor del exalcalde de Yopal Willman Celemín y los demás involucrados en el proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial en contrato de la planta modular de Yopal. La conciliación hecha entre Eaaay y el contratista los salvó. Este fallo es en segunda instancia.
Mediante la providencia emitida el pasado 16 de enero de 2019 el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, determinó que el presunto daño patrimonial del Estado por 9.421 millones de pesos, con ocasión del colapso de uno de los tanques de la planta modular en diciembre de 2013 y el no funcionamiento de la estructura potabilizadora, se subsanó con la conciliación hecha por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Eaaay con la firma contratista Unión Temporal Yopal Planta Modular 2013, mediante la cual se logró reconstruir la obra y ponerla en marcha en 2018.
La cesación de la acción fiscal cobija además al exgerente de la Eaaay, Edwin Miranda Plazas, al exagente especial de la Eaaay, Constantino Tamí Jaimes, los representantes legales de las empresas socias de la Unión Temporal Yopal Planta Modular 2013, Gustavo Noratto Gutiérrez de Hidroservicios Ltda. y Enrique Velandia Córdoba de B&C Biosciences SAS; el interventor de la obra Carlos Alfonso Andrade Ortíz y el exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ludwig Stunkel García.
Igualmente fueron cubiertos con la medida las empresas de seguros Liberty Seguros S.A. y la Previsora S.A.
Para la Contraloría sí existió un daño al municipio, “no obstante fue resarcido totalmente conforme a las visitas de inspección realizadas a la planta modular conciliada del 13 de febrero y del 18 de agosto de 2018, por cuanto la obra se ejecutó en su totalidad y se encuentra en funcionamiento”.
La investigación se originó en marzo de 2014 cuando se evidenció el incumplimiento y obras inconclusas derivadas del contrato 590 de 2013 suscrito entre la Alcaldía de Yopal y la Eaaay para la construcción de la primera etapa de la planta modular para el sistema de acueducto de Yopal, y que a su vez se subcontrató a una contratista para su ejecución.
En ese momento se procedió a la imputación con responsabilidad fiscal por 9.421 millones de pesos.
Sin embargo la Contraloría evidenció posteriormente que se realizó una conciliación entre la Eaaay, durante la administración de la agente especial Amanda Camacho, y la contratista Unión Temporal Yopal Planta Modular 2013, y la cual fue avalada por el Tribunal Administrativo de Casanare. Concertación, que permitió la reconstrucción y finalización de la polémica obra en beneficio de al menos 130 mil personas.
Según informes de las visitas de inspección realizadas la obra conciliada es funcional, los materiales de fabricación en acero carbonado son adecuados y ofrecen durabilidad y resistencia. Inicialmente las obras se habían realizado en fibra de vidrio. Igualmente se constató que la planta tiene la capacidad de potabilizar 300 lt/seg de agua.
De estas evaluaciones también se contrastó que el monto a pagar de 11.123 millones de pesos por la planta modular sí correspondió a las obras ejecutadas y a la recuperación de una parte de la obras del colapso inicial (1.732 millones). Lo cual permitió su puesta en marcha en junio de 2018.
Solucionado el tema se concluyó que el presunto daño patrimonial por el cual se inició la investigación, quedó resarcido y por ende se dio la figura de cesación de la acción fiscal.
Planta modular Yopal – fallo segunda instancia en Contraloría General
