La ley de cadena perpetua para violadores es tan siniestra y perversa como la violación en sí.
Por Mauricio Alejandro Colmenares Cifuentes, estudiante de Ciencia Política Universidad de los Andes.
Y sucede porque no busca tratar la violación como un problema de sociedad sino como casos aislados.
Este 18 de Junio de 2020 se decidió en el Congreso de la República lo que en algunos medios han llamado “reforma histórica” y de algo tendrán razón, histórica sí es, pues demuestra que la demagogía y el populismo siguen siendo las estrategias principales de los tradicionales gobernantes colombianos.
Este artificio, y le llamo así porque decirle proyecto de ley es sobrarse de calidad, no es por ningún lado que se le mire una reforma de fondo así toque fibras profundas de la Constitución. Solo demuestra una vez más la incapacidad o mejor dicho la indisposición del senado de revisar los problemas estructurales del país. De esta forma, la ley resulta ser un producto pretencioso con nulo interés por proteger la niñez. Además podría convertirse en un proyecto político para instrumentalizar las leyes como herramienta de unos, que un acto punitivo de ejemplo.
En estos tres puntos argumentaré la violencia de los primeros párrafos:
- El problema de la violencia sexual hacía menores en Colombia es estructural y tiene raíz en las bases culturales de la sociedad. Sí esto le resulta difícil de entender, piense en la situación como la lógica en la que convivimos los ciudadanos a diario. El poder se ejerce y no hay maneras más efectivas de demostrarlo que la impunidad total cuando se impone sobre otras personas. Nada más en cualquier el trabajo, y abusando de su posición de poder, muchos jefes se imponen ante sus subordinados haciendo comentarios de carácter sexual que llegan a la sutilidad de un chiste, un chiste que se cuenta solo y se repite tantas veces que se vuelve un tema común de memes en redes sociales, de comentarios en los colegios y en conversaciones entre compañeros, con la fraternidad y silencio del caso, burlándonos y normalizando la atrocidad de ciertos actos. Al nivel de banalidad logrado por la normalización del abuso de poder, se vuelve cotidiano el acceder al otro por medio del lenguaje para calarlo hasta que el discurso se vuelve acción. Puede que para algunos esto suene exagerado e incluso paranoico pero la realidad es que la psicología humana peca de ser, en gran medida, contra indicativa para las personas hasta el punto de llegar a despreciarse a sí mismas y de forma inconsciente permitir que hechos terribles pasen desapercibidos. Sí una persona logra normalizar en su entorno estos chistes sobre abuso hacía los débiles en pro de la satisfacción del agresor por su talante fuerte y dominante, entonces ser cómplice por acción y omisión se vuelve tan común que un padre ya no solo deja de abusar a su esposa sino que procede con la hija de la misma, como resulta ser en la mayoría de casos. Los conservadores se llenan la boca diciendo que la familia es el núcleo central de la sociedad pero lo cierto es que los asaltos sexuales que NO llegan a tribunales suceden en la misma casa. Estos casos quedarán impunes toda una vida gracias a la falta de garantías para las víctimas que han sido sometidas a horribles abusos no solo de naturaleza sexual sino psicológica.
- El sistema carcelario existente en Colombia es un fracaso absoluto. A muchas personas esto les sabrá feo de entrada porque lo “normal” es que no pensemos en los castigos como algo negativo. Desde que somos infantes nuestros padres en algunos casos con más incidencia y por motivos de tradición nos han educado con golpes de por medio. T cuando se habla en adultez al respecto muchas personas insisten en que “a mí me daban en la mula y no soy una mala persona” y claramente no eres una mala persona por creer que los reos deberían pudrirse en la cárcel pero esta visión solo demuestra lo colonizado que esta nuestro razonamiento para que busquemos culpar individuos en vez de aparatos estatales. En Colombia la delincuencia como mencioné anteriormente es un problema de naturaleza sistémica, la corrupción que permite contrariar la norma es la misma que incita a seguirlo haciendo, los crimines en Colombia quedan en más de un 90% impunes por la demora en la atención a procesos judiciales y si hablamos de violencia intrafamiliar existen mil trabas para evitar que las personas insistan en lograr justicia. Pero el problema ha evolucionado hasta convertirse en un problema más profundo; no entendemos por qué encarcelamos a las personas. Podríamos considerar que años privados de la libertad harían a las personas dóciles frente a las normas de un país pero todo lo contrario, hace que los reos queden en calidad inhumana y salgan más violentos y propensos a cometer delitos. Sí el problema de la delincuencia radica en la falta de oportunidades para tener una vida no criminal, la falla sería educativa más no culpa directa de los individuos. Parece que los estoy justificando pero todo lo contrario, estoy tratando de encontrar un responsable más acertado que las personas en sí. La educación y el acceso a esta es fundamental para combatir la criminalidad y brindar vida digna a las personas.
- Más leyes punitivas se han convertido en inútiles. Como he venido desarrollando en esta columna, el trabajo de los senadores parece correr en tiempos distintos al nuestro. Su demora en proceso no es el único inconveniente, se tienden a priorizar proyecto en su mayoría superficiales y cuando no lo son no significan una ley sustancial para disminuir flagelos de violencia que vivimos los colombianos. Así como se hundió el proyecto de ley anticorrupción y varias reformas al sistema carcelario en los últimos años, cuando varios proyectos que luchan por no hundirse escalan en los debates del congreso se hacen todo tipo de triquiñuelas para evitar tratarlos, dejándolos de últimos en la agenda o evitando hacer quórum para votarlo. Entonces nos preguntamos ¿Por qué el congreso a veces parece tan inepto pero otras veces logra decidirse frente algunos asuntos? La respuesta sencilla es porque hay leyes que les interesan y otras no. Si no entendemos de antemano que las prioridades del congreso son proteger intereses casi privados y no sociales jamás podremos identificar a los responsables de tantas leyes criminalizadoras y castigadoras que no renuevan las instituciones que se encargan de hacernos más respetuosos para con los otros.