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Supersalud debe poner en cintura a EPS por no garantizar prestación de servicios de salud

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Frente a las numerosas quejas interpuestas por incumplimientos en la prestación oportuna y con calidad del servicio de salud de las EPS, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar la salud de los pacientes no Covid-19. La Nueva EPS, Medimás, Coomeva, es donde más se presentan quejas en Casanare.

De acuerdo con la Procuraduría, hay un aumento desbordado de quejas que dan cuenta de los retrasos en las autorizaciones, demoras injustificadas en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer, entre otras.

En muchas ocasiones las citas médicas generales se adjudican a 15 o más días y las de especialistas no se aprueban por parte del sistema de las EPS, y si se aprueban tardan más de un mes en la asignación. Hay gran problema con la entrega de medicamentos porque no hay en existencias en las farmacias asignadas o se demoran en las entregas. También es recurrente que los médicos generales tengan límites en formular medicamentos o autorizar imágenes diagnósticas costosas.

El Ministerio Público señaló que la estrategia de salud adoptada para afrontar la pandemia generada por el virus del Sars-cov-2 no debe ser excusa para la desatención de pacientes con otras patologías, que podrían convertirse en las principales razones de mortalidad en población de especial protección, como adultos mayores y/o menores de edad, y reiteró, que no se puede permitir que los derechos a la vida y salud de los ciudadanos con enfermedades crónicas sean vulnerados.

Así mismo, solicitó que de manera urgente se adelante un plan de seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud-EAPB-, que permita analizar y verificar las autorizaciones emitidas, departamento, patologías y citas por especialista; número de quejas y plazos perentorios para la resolución de las inconformidades, y el seguimiento a la entrega de medicamentos a domicilio.

Para la Procuraduría es indispensable que se adelanten acciones de Inspección, Vigilancia y Control –IVC-, tendientes a evitar que se incrementen este tipo de prácticas en contra de la población no covid-19, y a reconocer y mitigar los riesgos en materia sanitaria a los que eventualmente podría estar expuesta la población residente en el país, en caso de que la actual situación de salud pública se agrave.

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