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Líderes sociales de San Luis de Palenque, Casanare, serán libres, pese a la Fiscalía, Frontera Energy y Ecopetrol

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Luego de casi dos años de estar privados de la libertad, preventivamente, líderes sociales y ambientales de San Luis de Palenque, Casanare, denunciados penalmente por la empresa petrolera Frontera Energy, recobrarán su libertad, luego de que un Juez de Control de Garantías de Yopal ordenara cesar la medida al considerar que cesaron los motivos que causaron la detención. La petrolera, Ecopetrol y la Fiscalía apelaron, sin éxito, la decisión.

El juez le concedió la libertad a Ferney Salcedo (preso en La Picota), Jesús Leal Salcedo, Yuliebel Leal Oros, María Teresa Rincón Duarte, Jerónimo Salcedo Betancur y Josúe Rincón Duarte. Los otros dos líderes, Carmen Idaida Salcedo y Miguel Ángel Rincón Santiesteban, ya habían recobrado su libertad hace más de un mes.

Para el Juzgado los factores que motivaron la medida de aseguramiento en noviembre de 2018 ya no están vigentes, es decir, los procesados no representan un peligro para la sociedad ni para las supuestas víctimas y no pueden obstruir la justicia, según informó el abogado Jorge Cortés Colmenares, apoderado de varios de ellos.

Frente a la decisión del juez, la Fiscalía y los apoderados de Frontera Energy y Ecopetrol apelaron y por ello se prorrogó durante varias horas la audiencia en la mañana de este martes 16 de septiembre. Al final el juez se mantuvo en la decisión de la libertad para los acusados.

Antecedentes

Hace un año el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, CSPP y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, COSPACC, denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la detención de los líderes ocurrida en un cinematográfico operativo con más de 200 hombres de la Policía y el Ejército, dos helicópteros y la Fiscalía 135 de la Estructura de Apoyo EDA, en la madrugada del 27 de noviembre de 2018.

Para la CSPP es llamativa la firma de dos convenios de cooperación entre la petrolera Frontera Energy y el Ministerio de Defensa por 4.500 millones de pesos, a través de los cuales el Ejército se comprometió a brindar especial protección a las áreas de interés de la multinacional. Por ello se ha considerado que las denuncias por concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a vías públicas, serían un montaje judicial promovido por la petrolera contra los líderes que encabezaron una protesta en 2016.

En ese año los procesados junto con habitantes del sector realizaron una fuerte protesta donde exigían las compensaciones ambientales, la reparación de las vías y el pago de deudas adquiridas por la petrolera con más de 80 personas de la comunidad, quienes eran proveedores de transporte, alimentación y hospedaje.

De acuerdo a lo informado por el abogado Jorge Cortés Colmenares, el proceso continuará con la audiencia preparatoria.

A la Fiscalía y petroleras no les gustó que se hiciera el relacionamiento de estos convenios interadministrativos que deja muy mal parada a las instituciones del Estado porque prácticamente estas perderían su neutralidad y estarían al servicio de las compañías.

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