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¿El gobernador de Casanare Salomón Sanabria, se queda o se va? A fallo en el Consejo de Estado entró proceso de nulidad electoral

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Surtida la etapa de presentación de los alegatos de conclusión en el proceso de nulidad electoral contra el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, este ingresó para proferir fallo en la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual podría darse en las próximas semanas. La Procuraduría solicitó negar la pretensión de los demandantes.

El pasado 29 de octubre la sala corrió el traslado a los intervinientes para presentar las conclusiones antes del 17 de noviembre, los cuales fueron presentados por los demandantes Gonzalo Ramos y Guillermo Reyes, la defensa del mandatario bufete Wilson Ruíz Orejuela Abogados, el partido Centro Democrático, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público. Ahora el expediente está en el despacho de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Es decir, ahora será el Contencioso Administrativo el que dirima con base en estos argumentos, si el gobernador se mantiene en su cargo o si se declara la nulidad electoral.

Qué argumentan los demandantes Gonzalo Ramos y Guillermo Reyes

El abogado Gonzalo Ramos, en una amplia disertación jurídica, sostuvo en sus alegatos finales que se debe declarar la nulidad electoral de la elección del gobernador Salomón Sanabria argumentando que los estatutos del partido Centro Democrático establecían en el artículo 13 de la resolución 024 del 11 de septiembre de 2017 una inhabilidad estatutaria hasta el segundo grado de afinidad para el candidato (Ser cónyuge o compañero permanente, o encontrarse hasta el cuarto (4) grado de consanguinidad, segundo (2) de afinidad o primero (1) civil, al mismo cargo de elección popular, por el partido Centro Democrático). En este caso se configura porque el actual gobernador es cuñado del saliente gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez, avalado por el Centro Democrático y elegido popularmente.

El jurista expresa que “Los estatutos y por ende la inhabilidad estatutaria creada en el artículo 13 de la Resolución 024 de 2017 está contenida en el sistema de fuentes del artículo 230 superior”. Explica que “ese sentido los jueces en sus providencias no están simplemente sometidos a la ley sino al derecho, al orden jurídico, al ordenamiento jurídico o a la totalidad del ordenamiento jurídico, por tanto los estatutos hacen parte de ese universo jurídico”.

Igualmente señala que “Los partidos y movimientos políticos tienen en sus Estatutos, reglas que determinan los mecanismos participativos a su interior para la selección de sus candidatos. Tal mandato de rango constitucional se encuentra en la Carta Magna desde el Acto Legislativo 01 de 2003 y fue desarrollado por el legislador estatuario en la Ley 1475 de 2011”.

También esgrime que con el artículo 13 de la Resolución 024 de 2017, el Partido Centro Democrático materializaba la finalidad de las inhabilidades en el sentido de que estas deben garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y equilibrio de la contienda electoral, evitando el nepotismo entre cuñados por ende “la configuración de dinastías familiares en materia electoral”.

Enfatiza que “La imperatividad de los estatutos es una obligada consecuencia de la libertad de organización que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos. Adoptada libremente la norma interna que ha de regirlos, se sigue como consecuencia inexorable la obligatoriedad de sus mandatos”.

Señaló que varios de los precandidatos que participaron en la consulta para elegir el candidato a la Gobernación de Casanare, expresaron que desde el principio se sabía que el favorecido iba a ser Salomón Sanabria por ser el cuñado del gobernador Alirio Barrera. Incluso dos de ellos se retiraron de la contienda.

Como perla dijo que el Partido revocó el artículo en mención el 24 de octubre, tan solo 3 días antes de las elecciones a la Gobernación.

El abogado Guillermo Francisco Reyes por su parte argumenta el incumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la resolución 024 de 2017 que “prohíbe a quienes en nombre del Partido Centro Democrático aspiren a ocupar cargos de elección popular en representación del Partido, esto es, tener (dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección), parentesco en el segundo grado de afinidad con quienes ejerzan el mismo cargo por el Partido Centro Democrático”.

Resaltó que al hacer caso omiso de su propia normatividad, el partido desconoció “la imperatividad de los estatutos es una obligada consecuencia de la libertad de organización que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos. Adoptada libremente la norma interna que ha de regirlos, se sigue como consecuencia inexorable la obligatoriedad de sus mandatos”.

Posición de la Defensa del Gobernador de Casanare

Para el bufete Wilson Ruíz Orejuela Abogados, (actual ministro de Justicia de Colombia), que representa al gobernador de Casanare Salomón Sanabria, “la normativa interna de cada partido o movimiento político debe ajustarse tanto a la Constitución  (…) como a las leyes que se ocupan del tema y también a los reglamentos o disposiciones emitidas por el Consejo Nacional”, es decir, debe ser ejercida dentro del respeto a la Constitución Política y las leyes.

Los abogados defensores resaltan que el artículo 30 de la ley 617 de 2000, establece que: “DE LAS INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador: (…) 5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento.”

Con base en esto, se explica que no existe la inhabilidad que denuncian los demandantes porque la relación de cuñados es un parentesco de segundo grado de afinidad.

La defensa argumentó que la resolución 024 de 2017 no hace parte de los estatutos del Partido Centro Democrático y en estos no se define un régimen de inhabilidades para quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones públicas diferentes a las establecidas en la ley 617; enfatizando que el artículo 121 de los estatutos del partido Centro Democrático contempla que las inhabilidades para los candidatos serán las consagradas en la Constitución Política y la ley.

Y aclara que el artículo 13 la resolución 024 de 2017 del Partido fue incluido en forma inexplicable y arbitraria en contra de los mismos estatutos y por ende carecía de validez.

Concepto de la Procuraduría

La Procuraduría General solicitó negar la pretensión de declarar la nulidad del acto electoral por medio del cual se declaró electo como gobernador de Casanare, Salomón Sanabria.

Destacó que cuando el Centro Democrático decidió no aplicar el artículo 13 de la resolución 024 de 2017, que contemplaba una inhabilidad superior a lo dispuesto por el legislador actuó adecuadamente porque esa norma violaba la Constitución.

Recalcó que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades está consagrado en las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000, en lo que corresponde al parentesco y en el cual se especifica que la inhabilidad para ser gobernador es hasta el primer grado de afinidad con funcionarios que en los 12 meses anteriores hayan ejercido autoridad civil, política administrativa o militar en el respectivo departamento.

Por tanto Salomón Sanabria Chacón, quien era cuñado del gobernador saliente, Alirio Barrera, (grado 2 de afinidad) no estaba inmerso en alguna de las causales consagradas en el artículo 30, numeral 5 de la Ley 617 de 2000 que impidieran su participación en las elecciones a la Gobernación.

En segundo orden destaca que el artículo 121 de los estatutos del partido determina que las inhabilidades para los candidatos se aplicarán según la Constitución y la ley y por tanto cuando se otorgó la credencial de gobernador se estaba actuando en derecho.

Sin embargo la Procuraduría solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que se determine si a partir de “la autonomía de los partidos y movimientos políticos, estos gozan de la facultad para establecer causas estatutarias de origen diferente y superior a las inhabilidades constitucionales y legales, para conceder los avales”.

 

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