Por Gonzalo Ramos Rojas
Abogado especializado en Derecho Penal y Criminología – Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales
El primer anillo de seguridad de un Estado, un departamento o una ciudad lo constituye la Inteligencia Criminal entendida como la recolección, análisis, procesamiento y difusión de insumos sobre un actor o una amenaza para que ésta pueda ser judicializada y el ciudadano sienta que sus impuestos se traducen en seguridad.
El presente documento plantea cuatro puntos estratégicos para anticiparse y contrarrestar la acción de la delincuencia en el departamento del Casanare, o en otras palabras: la gestión o administración del delito. Desde la academia y la práctica la presente hoja de ruta busca aportar una solución sin la pretensión de agotar el tema.
Los cuatro puntos cardinales que se desarrollarán son: i) aumento de pie de fuerza; ii) reingeniería al sistema de seguridad por cuadrantes; iii) reorientar el modelo de investigación para ofrecer resultados estratégicos y iv) empoderar la convivencia y la solución anticipada de conflictos por vía de las Inspecciones de Policía y Casa de Justicia.
- AUMENTO DEL PIE DE FUERZA POLICIAL
Es común escuchar de manera genérica la necesidad de aumentar el pie de fuerza. ¿Pero, cuál pie de fuerza? Desde ya, se anticipa que este factor es importante pero no decisivo en la lucha contra la delincuencia, principalmente porque las políticas de seguridad deben ir acompañadas de políticas económicas y sociales. El ciudadano en general y el infractor en particular requieren acceso a estudio, trabajo y oportunidades, ello aleja al infractor del delito.
Ahora bien, el aumento de pie de fuerza debe ser proporcional en tres niveles: i) policía de vigilancia ii) policía judicial y iii) fuerza disponible o de reacción. Si se aumenta el pie de fuerza de la policía de vigilancia pero no el número de agentes de policía judicial, sería lo mismo que, literalmente tener más “ojos y oídos” en las calles, pero escasos funcionarios de policía para judicializar o entregar insumos al Fiscal y este a su vez al Juez, quien sin denuncias o procesos en su despacho, no podrá impartir justicia.
Así mismo, si sólo hay aumento del pie de fuerza de la Policía de vigilancia (ojos y oídos en la ciudad) pero no de uniformados como fuerza de reacción, claramente se detectará el delito, pero en la mayoría de los casos no podrá lograrse la captura de los responsables.
De suerte que es fundamental tener una fuerza disponible, itinerante en la ciudad o municipio: literalmente, esta fuerza es la que persigue y captura.
En el evento de que no se pueda aumentar el pie de fuerza de policía de vigilancia, una alternativa eficaz y eficiente la constituye el aumento de auxiliares bachilleres, quienes podrán ser “centinelas” del orden. Ellos actúan informando inmediatamente al Policía del cuadrante o a la Fuerza de Reacción. Adicionalmente, la presencia de los auxiliares contribuye a mejorar la percepción de seguridad, e inhibe a los delincuentes para actuar dado el costo que debe asumir para materializar la actividad ilegal. Es más, con el pago de un Policía se podría sufragar el gasto de cuatro (4) auxiliares bachilleres. Lo anterior significa recursos adicionales para cubrir el déficit de uniformados de Policía Judicial.
Los mandatarios locales deben liderar el proceso de apalancamiento de recursos teniendo en cuenta que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se fijó que,
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, fortalecerá́ las capacidades de la Policía Nacional para la convivencia y seguridad ciudadana, en particular, las relacionadas con prevención, control, investigación criminal, inteligencia, sostenimiento, pie de fuerza, y mando y control, en el marco de un Modelo de Planeación y Desarrollo de capacidades de la Fuerza Pública, a fin de reducir los delitos de mayor impacto[1].
Cabe anotar que la logística es vital para garantizar el éxito, de ahí que el combustible, sistemas de comunicación e información, vehículos o motocicletas, cámaras de vigilancia funcionando serán esenciales.
- REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POR CUADRANTES
Si el delito ocurre, significa que en la mayoría de los casos, el Policía del cuadrante o no suministra información a la línea de mando, o no hace seguimiento ni soluciona los problemas de la comunidad. El habitante del barrio es quien conoce de manera precisa quién infringe la ley, como actúa, cuál es el horario más utilizado por el infractor, quienes son sus coequiperos de criminalidad, etc. El papel del policía del cuadrante es, además de las funciones que realiza, convertirse en un verdadero “agente de inteligencia” que recolecte esa información para que Policía Judicial pueda “construir” casos para judicializar. Sin este modelo, significa que no hay recolectores de información, que los organismos de seguridad no tienen “ojos y oídos” en las calles, en el vecindario, en el barrio, y por tanto, actúan de forma reactiva y no preventiva.
Esto contradice la esencia de la policía comunitaria donde ha sido exitosa como en Chicago o en la Provincia de Ontario en Canadá́ dado que los policías dan cuenta en reuniones ulteriores con la comunidad de los avances de sus gestiones para solucionar los problemas apuntados por los vecinos[2].
Shulsky en su libro Guerra Silenciosa, comprendiendo el mundo de la inteligencia (1991), señala que las autoridades deben “prevenir estos crímenes en lugar de simplemente resolverlos”[3]. Esperamos de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, que un atentado terrorista, aunque se planifique, jamás llegue a ejecutarse[4]
La reingeniería de la gestión del delito descansa en incrementar el trabajo de inteligencia criminal para poder focalizar y sectorizar esfuerzos, por vía de ejemplo, los días de quincena y final de cada mes son atractivos para la delincuencia dado que el ciudadano concurre a los cajeros a extraer dinero, de ahí que el esfuerzo deben centrarse en estos puntos y en zonas aledañas:
Uno de los ejemplos prácticos de este desarrollo es todo lo que tiene que ver con la identificación de Hot spots, lugares donde una determinada criminalidad es muy frecuente o donde hay un mayor riesgo de ser victimizado. La identificación de estos lugares permite el análisis de aquellas condiciones geográficas, socio-económicas, estructurales… que facilitan la comisión de determinado delito, lo que puede ser utilizado para disminuirlo o prevenirlo[5].
- REORIENTAR EL MODELO DE INVESTIGACIÓN PARA OFRECER RESULTADOS ESTRATÉGICOS
Frente al fenómeno delincuencial organizado, es necesario pasar de procesos investigativos aislados y desconectados unos de otros, a analizar y gestionar las amenazas de manera integral, “así, por ejemplo, el FBI, realiza una lucha de conjunto, es decir, no se centra en los crímenes como acontecimientos individuales, sino que apunta a la organización entera (…)”[6]. Este modelo investigativo y operacional permite cruzar información entre entidades, lo que conlleva a conocer toda la organización delincuencial: conformación, lideres, zonas de influencia, “modus operandi”, fuentes de financiación, números telefónicos que se repiten, patrones delictivos, sitios de receptación, campaneros, proveedores, solo de esta manera se podrá entender la dinámica del crimen organizado.
Es vital la creación por parte de las entidades territoriales, de un laboratorio u observatorio del delito, aparte del que lidera la Policía Nacional. Sobre todo porque en materia de seguridad ciudadana se deben manejar cifras y datos independientes para tener un conocimiento real de la situación de orden público y seguridad ciudadana. De esta forma, el conductor político podrá tomar decisiones de manera informada y acertada, principalmente, porque, “[l]a problemática se agrava porque casi en ningún departamento o municipio existen estudios de inseguridad que diagnostiquen la verdadera situación en cada uno de ellos”[7].
Se deben enfocar esfuerzos sobre el eslabón principal de la cadena criminal, el delito no se disminuye a su más mínima expresión con capturas que no afectan las estructuras criminales, por vía de ejemplo, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes revela lo desacertado que puede ser la estrategia al enfrentar organizaciones criminales. Para la Corte Suprema de Justicia (CSJ SP-2940, 9 mar. 2016, rad. 41760; CSJ SP-4131, 6 abr. 2016, rad. 43512; y, CSJ SP-3605, 15 mar. 2017, rad. 43725) el consumidor habitual no es un delincuente, sí lo es el hecho de traficar, vender o comercializar alucinógenos. Sin embargo, ¿Cuándo se ha revelado a la comunidad casanareña la captura de capos, narcos o cabecilla de primer nivel?
Así las cosas, si existe un consumidor de drogas ilícitas, necesariamente existirá un expendedor, y detrás de éste habrá un narcotraficante, empresas criminales, etc., razón de más para variar el modelo de gestión del delito para llegar al “pez gordo”, es decir que a partir de vigilancias o seguimientos sobre el consumidor, se podrá judicializar al narco y a toda la cadena delictiva, situación que no sucede en la actualidad.
Finalmente, es vital que no exista compartimentación de la información entendida como el irrazonable celo institucional (SIJIN-CTI, SIPOL, B2) en punto de no compartir información con otros organismos de seguridad, lo que podría frustrar operaciones exitosas, ésta conducta institucional le hace un flaco favor a la justicia, ya que la investigación funciona como un “puzzle” o rompecabezas donde no siempre un organismo de investigación tendrá todo el acervo probatorio para judicializar la cadena delictiva, razón de más para exigir el intercambio razonable de información o insumos.
- EMPODERAR LAS CASAS DE LA JUSTICIA
Es vital empoderar la convivencia y la solución anticipada de conflictos por vía de las Inspecciones de Policía y Casa de Justicia. Estas entidades deben constituirse en el primer anillo de solución de conflictos, para que los problemas de la comunidad no escalen y tengan que ser resueltos por el Derecho Penal con el consecuente perjuicio para la congestión judicial.
Así lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “el Ministerio del Interior desarrollará acciones para mejorar las capacidades de gestión y el talento humano de los inspectores de policía y corregidores, como responsables de vigilar y controlar situaciones de convivencia y en su carácter de facilitadores para la mediación y resolución de conflictos por comportamientos contrarios a la convivencia[8]. ”
[1] Presidencia de la Republica de Colombia. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la equidad. p. 74
[2] Ruiz V., Juan C. La encrucijada de la seguridad ciudadana en América Latina: entre la tentación autoritaria y la participación comunitaria. P. 13-14. En : Cardona, Labatut, Lavaux, Sánchez. Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas. CEPI-Universidad del Rosario. Agosto de 2004.
[3] Shulsky, A. N. (1991). Silent Warfare. Understanding the world of intelligence. New York : Brassey`s (US) Inc.
[4] Montero Gómez, A. (2006). Inteligencia prospectiva de seguridad. Documento de trabajo (DT) 24/2006. Madrid: Real Instituto Elcano. P. 13.
[5] Jiménez Serrano, J. (2013). Modelos de inteligencia en la actuación policial. En Inteligencia y Seguridad. Revista de análisis y prospectiva (14) (Julio-Diciembre). ISSN: 1887-293X. pp. 103-116. Madrid: Editorial Plaza y Valdés.
[6] Espinosa de los Monteros, R. Z. (2010) El Policía infiltrado. Los presupuestos jurídicos en el proceso penal español. P. 47.
[7] Ibíd., p. 182.
[8] Presidencia de la Republica de Colombia. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la equidad. p. 74
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