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Al menos 5 municipios de Casanare y 3 de Boyacá en alto riego por amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: Defensoría del Pueblo

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La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana de inminencia por la situación de riesgo de la población civil en los municipios de Sácama, La Salina, Támara, Yopal y Aguazul en Casanare y de Pajarito, Paya y Pisba en Boyacá, por amenazas del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. A raíz de esto se realizó Consejo de Seguridad Extraordinario de Casanare.

Frente a lo delicado de la situación se espera mañana en Yopal al Viceministerio de Relaciones Políticas Juan Pablo Díaz Granados, quien participar de sesión de seguimiento de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). Hacia las 9 de la mañana estará en el comando de Policía.

 

Paramilitares quieren volver a imponer su régimen político-económico en Casanare

En la alerta temprana No. 008-21 enviada al Ministerio del Interior el pasado 16 de marzo se informa que las AGC, distribuyeron un panfleto mediante el cual se amenaza a la población, especialmente a supuestos colaboradores de las disidencias de las Farc y del ELN; se anuncia extorsiones a empresarios, comerciantes, transportadores, petroleros, ganaderos y arroceros, entre otros; y también se amenaza a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que obstaculizan sus actividades delincuenciales.

Igualmente la Defensoría destaca que en el panfleto se argumenta el retorno del paramilitarismo por cuenta del creciente avance de las guerrillas mencionadas en los municipios del norte y centro del Departamento. Sobre este particular se expresa que “Nuestro propósito será mantener un Casanare libre de guerrilla”.

También se hace alusión a que el Clan del Golfo ha ordenado una “limpieza social” de microtraficantes, cuatreros, ladrones y estafadores, entre otros. Y hacen extensivo el tema a supuestos milicianos de la guerrilla en Cupiagua, Plan Brisas, Cunamá en Aguazul y El Morro en Yopal. Para la Defensoría, estos señalamientos pueden conducir a homicidios, masacres, secuestros o desapariciones forzadas.

La alerta de la Defensoría del Pueblo expresa que esta intimidación y amenazas de estos grupos sucesores del paramilitarismo buscan legitimar su presencia y fortalecerse con el cobro de extorsiones, para incidir en la realidad política, económica y militar de la región. Igualmente se quiere imponer el control territorial de rutas del narcotráfico que antes tuvieron los paramilitares de las ACC y las AUC y que son muy rentables.

La entidad defensora de derechos humanos, no descarta que las amenazas se extiendan a la población civil de los municipios de Monterrey, Villanueva, Pore y Nunchía, considerando la cercanía de estos con los que sí están incluidos en el volante.

Esta alerta temprana se suma a las numeradas como 023 de 2020 para La Salina y Sácama y la No. 050 de 2019 para Hato Corozal y Paz de Ariporo.

La Defensoría realizó un contexto del conflicto armado en los municipios de Casanare, haciendo énfasis en la violencia paramilitar y sus consecuencias en materia de violación de derechos humanos con problemáticas de desaparición forzada, asesinatos, masacres, violencia sexual, reclutamiento infantil, afectación económica, despojo de grandes extensiones de tierra, apoderamiento de las rentas petroleras y la captura del sistema político regional ordenador del gasto público.

 

Amenazas a líderes sociales – incursiones de las AGC

Se detalla que el pasado 25 de febrero de 2021 se lanzaron panfletos de las AGC en el corregimiento El Morro, especialmente en la residencia de un líder social. También se revela que a otro líder social cuando llegó a su vivienda en la vereda La Guamalera, el 24 de febrero, sujetos en una moto le tiraron unos volantes intimidatorios de las AGC al interior de su carro.

También se reseña que el 20 de febrero, pobladores de las veredas La Graciela, Río Chiquito, La Victoria, Llano Lindo, Sevilla, entre otras, denunciaron la visita de presuntos paramilitares quienes los chantajearon para no atentar contra su integridad.

Se destacó que el pasado 25 de noviembre en la vía que comunica a las veredas de Palo Solo y Río Chiquito en Aguazul se realizaron grafitis de las AGC. En esta zona está ubicada la hacienda Tamarindo de 600 hectáreas, supuesta propiedad de los descendientes de Víctor Carranza y que actualmente se encuentra en litigio con víctimas del conflicto armado.

Del frente 28 de las disidencias de las Farc también se registró que el 21 de septiembre de 2020, su comandante envió un video donde se profieren amenazas de tipo extorsivo contra contratistas e ingenieros de Aguazul.

Se describió que el 22 de septiembre el Eln habría cometido un atentado con explosivos en la locación petrolera Liria YT del campo Cupiagua – Recetor, en la vereda Plan Brisas, Aguazul.

Y más de un mes antes, el 10 de agosto de 2020 fue incinerado un carro en el barrio Las Ferias de Aguazul. El hecho se atribuyó a las disidencias de las Farc, frente 10.

 

Las AGC llegaron primero que la pandemia a Aguazul

En el documento de la Defensoría del Pueblo se informa que “Con antelación al periodo de la declarada pandemia, las veredas de los municipios del sur de departamento de Casanare y Aguazul, han sido visitadas por grupos armados ilegales que se habían identificado como organización de las AGC, al mando de un presunto comandante, quien había sido miembro de las Autodefensas Unidas de Casanare”. En estas visitas se realizó una oferta de servicios de seguridad para la región.

La incursión de las AGC provino desde el departamento del Meta y sus municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán. Se atravesó por Villanueva, Tauramena y Maní y planea expandirse a todo el departamento y llegar a Arauca.

Se prevé que se incrementen las amenazas, la extorsión, el homicidio selectivo y múltiple, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, asesinatos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, confrontación armada, despojo de tierras y secuestros.

“Con antelación al periodo de la declarada pandemia, las veredas de los municipios del sur de departamento de Casanare y Aguazul, han sido visitadas por grupos armados ilegales que se habían identificado como organización de las AGC, al mando de un presunto comandante, quien había sido miembro de las Autodefensas Unidas de Casanare”. Defensoría del Pueblo.

 

Autoridades militares ciegas y sordas ante las denuncias

En la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo se expresa que a pesar de las denuncias, no formales, de la comunidad sobre la presencia de las AGC en territorio casanareño ante las autoridades competentes, estas hicieron caso omiso y negaron la situación. Incluso se presume que éstas, teniendo conocimiento de lo que estaba sucediendo no habrían emprendido ningún tipo de acción para garantizar la tranquilidad y el derecho de la población a estar seguros en sus predios.

Por su parte las AGC además de ofrecer “seguridad”, exigen silencio y compromiso con la organización al servicio del Clan del Golfo. Los que no acceden serían identificados como adversarios y enemigos de estos actores armados ilegales.

Con todo lo descrito se presume que los líderes sociales y población civil de estos municipios de Casanare y Boyacá están en un ALTO riesgo descrito como Alerta Temprana de Inminencia.

 

Acciones solicitadas

La Defensoría del Pueblo solicitó atender esta alerta temprana a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), a fin de promover y adoptar medidas urgentes de prevención y protección de la población.

Se pide a las Fuerzas Militares proteger a la población civil de estos municipios haciendo presencia en las zonas rurales y urbanas con miras a detener a las AGC. También se solicita a la fuerza pública, Gobernaciones de Casanare y Boyacá y alcaldías municipales, reforzar la seguridad, incrementar la inteligencia y operativos contra estos grupos armados ilegales.

También se pide a la Gobernación de Casanare convocar a sesión extraordinaria al Comité de Justicia Transicional para declarar la inminencia del riesgo y posible desplazamiento forzado de familias campesinas de los municipios focalizados.

Tanto a Alcaldías como Personerías se les solicitó monitorear la evolución del riesgo de las comunidades rurales y asegurar la intervención del Estado frente a incursiones de actores armados ilegales.

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