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Consejo de Estado notificó a la Asamblea de Casanare, fallo de pérdida de investidura de Lady Patricia Bohórquez

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Ayer el Consejo de Estado le notificó a la Asamblea Departamental de Casanare el fallo de pérdida de investidura de la diputada Lady Patricia Bohórquez, la Toña, así como el auto que resolvió en forma la adición y aclaración del fallo.

Igualmente el Consejo de Estado le rechazó de plano, este 23 de junio, a la diputada la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia de 18 de marzo de 2021 mediante la cual se determinó la pérdida de investidura, proferida por la Sección Primera de esta Corporación.

Ahora deberá proceder a posesionar en su remplazo al nuevo diputado Jorge Eduardo García, quien le siguió en votación de su lista del partido Liberal con una votación de 5 mil votos. Él es hijo del exdiputado y exalcalde encargado de Yopal Jorge García Lizarazo.

La pérdida de investidura implica no solo perder la curul en la Asamblea sino que adicionalmente la afectada con esta decisión no podrá volver a postularse para ningún cargo de elección popular en el país, aunque sí podrá ser nombrada en puestos oficiales.

 

Antecedentes

El 13 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Casanare falló en primera instancia la pérdida de la investidura de la diputada Lady Patricia Bohórquez, considerando que participó en la elección de la contralora encargada Carmen Lucía Bernal Niño, a pesar de que tenía la investigación de responsabilidad fiscal 1872, abierta el 13 de junio de 2017 y la cual fue notificada personalmente el 31 de octubre de ese año.

Es decir, la diputada, teniendo conocimiento de este proceso donde se ventilaba un asunto patrimonial personal y directo, debía declararse impedida pero no lo hizo. Optó por intervenir en la selección de sus propios jueces fiscales.

En su momento el abogado defensor expresó que tratándose de una elección de un contralor encargado, es decir, para un periodo corto, esta no podría influir en el citado proceso.

Sin embargo en el fallo se evidenció que en el corto periodo que estuvo la funcionaria en ese cargo, la diputada Bohórquez Cuevas pagó la suma de 4.675.276 a través del Banco Agrario el 16 de enero de 2020 y con base en esta consignación se solicitó la cesación de la acción fiscal el 29 de enero lo cual se materializó rápidamente al siguiente día.

Para el Tribunal Administrativo de Casanare, la omisión de declararse impedida para la elección de la contralora encargada fue dolosa por cuanto tenía el conocimiento de la existencia de la investigación fiscal en esa entidad y se debatía un asunto de carácter patrimonial, personal y directo. Se probó la voluntad de transgredir la norma.

Igualmente en esa providencia, el Contencioso evidenció que cuando se solicitó a la Contraloría certificar los procesos contra la diputada, omitió incluir el de responsabilidad fiscal 1872, vigente y con notificación personal. Por esta situación se envió copias a la Procuraduría y Fiscalía para que se investigue el tema.

 

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