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Víctimas de los ‘falsos positivos’ en Casanare piden justicia, verdad y resarcimiento del buen nombre

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Víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, madres, padres, esposas, hermanas e hijos, participaron en la audiencia de observaciones a las versiones de 104 comparecientes vinculados con ‘falsos positivos´ en Casanare. Denunciaron incoherencias en las versiones dadas por miembros y exmiembros de la Brigada 16 del Ejército Nacional, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles a la Justicia Especial para la Paz, dentro de la investigación que se adelanta por este subcaso.

También pidieron ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, durante su participación en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio. Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Fueron dramáticos los testimonios de cómo militares habían participado directamente en el asesinato de sus familiares y luego los habían hecho pasar como muertos en combates, en calidad de guerrilleros; las víctimas detallaron que hay varios testimonios que no coinciden entre sí o con los datos que ellos han investigado.

Por ejemplo las hermanas Alcira y Deyanira Achagua narraron como sus hermanos Yury Ferney Achagua Reyes y Abelardo Reyes fueron asesinados por militares del Gaula Militar Casanare pero hicieron parecer que fueron muertos en combate. En el primer caso se interrogó por la identidad de un taxista que fue a recoger a Yury en la casa de Deyanira y quien supuestamente lo habría entregado por cobrar una recompensa. La pregunta era si este hombre era Fernando Ramírez, alias Pichi.

La otra pregunta recurrente de las víctimas es sobre quién dio las órdenes de ejecución de sus familiares y por ello piden que los coroneles y generales hablen sobre lo sucedido y cuenten la verdad. Son más de 15 años esperando respuestas y soportar la estigmatización de ser pertenecientes a grupos armados ilegales, dijo una de las dolidas víctimas.

También habló en forma muy elocuente, emotiva y con mucho dolor, la señora Derly Magnolia Patiño, viuda de Hugo Edgar Araque, quien fue asesinado por militares cuando apenas tenía 27 años, en el año 2010 en la vereda El Triunfo de Aguazul. Él era un campesino y agricultor, que tuvo el infortunio de ser estigmatizado como guerrillero.

La mujer reclamaba cómo era posible que los hombres que debían proteger la vida de su esposo, lo terminaran matando, y más aún cuando él tenía una carta donde se manifestaba que él era persona protegida y no podían detenerlo. Dijo que durante muchos años el homicidio no fue investigado y solo hasta que mataron al niño de 16 años, Roque Julio Torres, testigo de su captura irregular, comenzó la investigación. La señora Derly Magnolia enfatizó que “Al Estado no le conviene ayudarnos. Está contra nosotros”

El magistrado Oscar Parra Vega, coordinador de la audiencia, expresó que esta no será la única oportunidad para que las víctimas hagan las aclaraciones sobre las versiones dadas por los militares involucrados en estos hechos. Y resaltó que ha escuchado a muchas mujeres y ellas han sido las encargadas de emprender la búsqueda de sus seres queridos, sus cuerpos y han impulsado las investigaciones para que no queden en la impunidad.

Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.

Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzada​s presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.

Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.

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