Atentado de disidentes de las Farc en Támara no solo afecta a contratista del colegio sino a sus potenciales estudiantes.

Martha Cifuentesagosto 24, 2021

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El Frente 28 de las disidencias de las Farc, es el responsable del atentado con explosivos en la residencia donde se alojaban trabajadores al servicio de contratista que realiza un megacolegio en el municipio de Támara, Casanare. Alias “Antonio Medina” cabecilla del grupo, exige el pago de un “impuesto” al empresario para que continúe la obra. Damnificados de la onda explosiva preguntan quién les responde por los daños causados.

Luego de los hechos ocurridos en la madrugada de este 24 de agosto se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se decidió que pese a estas acciones terroristas se continuará con la construcción del megacolegio Arturo Salazar Mejía que pretender beneficiar a 1.200 potenciales estudiantes. Para ello se garantizará la seguridad de los trabajadores, ahora también amenazados por el guerrillero.

Se confirmó que en la residencia donde se ubicó el artefacto explosivo se estaban hospedando varias personas empleadas del contratista ejecutor de las obras de este colegio y a quienes recientemente en un video, alias Antonio Medina, los había conminado a suspender labores porque de lo contrario se exponían a estos riesgos.

Frente a la continuidad del proyecto, Óscar Gómez Peñaloza, secretario de Gobierno de Casanare, dijo que «es una obra que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes de Támara por la cual el alcalde ha luchado tanto, ha puesto todo el esfuerzo y así llegar a un final término».

Los futuros estudiantes del colegio Arturo Salazar Mejía serán los más afectados si se tiene que suspender obras o que el personal renuncie a su trabajo por falta de garantías.

Las autoridades informaron también sobre la ampliación del pie de fuerza policial en 10 unidades y la designación de un número no precisado de soldados profesionales complementarios de los militares regulares. Nuevamente se hizo el compromiso de solicitar ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, acelerar el estudio de riesgos para que el alcalde pueda contar con esquema de protección.

Óscar Gómez también dijo que el estallido es una retaliación de este grupo delincuencial por los golpes propinados a esta estructura como la captura de dos extorsionistas, una de ellas menor de edad, cuando cobraban una extorsión a un empresario en esa población. Agregó que se dispone de una bolsa de 480 millones de pesos para dar recompensas que permitan dar con el paradero de los responsables de estos hechos.

Semana Campesina sigue adelante

Con respecto a la semana campesina, que tendrá lugar a partir del 28 de agosto, el alcalde Leonel Rodríguez Walteros, expresó que se seguirá adelante porque esta es una actividad en beneficio de los campesinos y no se van a dejar amedrantar de los violentos.

El mandatario, visiblemente afectado por la destrucción de varias viviendas y de dos carros, dijo que la guerra lo único que le ha dejado a esta población es pobreza y desde hace un tiempo estaban viviendo en paz y tranquilidad y con este tipo de atentados terroristas lo que se logra es que se vuelva a oscurecer el anhelo de vivir en paz y tener desarrollo. Se reactiva el estigma de ser un pueblo peligroso y por ello pidió a los grupos armados que no sigan condenando este pueblo a la pobreza.

En el Consejo Extraordinario de Seguridad se hicieron presentes en Támara, Óscar Gómez Peñaloza, secretario de Gobierno de Casanare, el alcalde Leonel Rodríguez Walteros, los comandantes de la Policía y del Grupo Guías y el personero, entre otros. En forma virtual estuvo el gobernador Salomón Sanabria.

Damnificados – Quién les responde por los daños del atentado

Una señora de 81 años de edad también resultó damnificada porque la onda explosiva afectó su residencia, ubicada en la misma cuadra del atentado. Por un lado está temerosa por nuevas acciones violentas y por otro lado no sabe cómo va a reparar su casa.

Otro de los afectados con el atentado fue Jhon Ramírez, propietario de un establecimiento de comidas rápidas, quien expresó que lo despertó un estruendo a la 1:30 de la mañana aproximadamente. Al intentar abrir la puerta para salir a ver lo ocurrido se encontró con humo y oscuridad, porque no había energía. Sin embargo se pudo percatar que su sitio de trabajo estaba hecho escombros, con afectaciones en su nevera, lavadora, vitrinas, muebles y moto, entre otras cosas, avaluadas en al menos 12 millones de pesos.

El registrador de Támara expresó que también lo levantó un enorme ruido y al salir a observar lo que sucedía encontró su carro semidestruido y a la luz del día se percató de los enormes daños en este. Dijo que en 10 años de labores en esta población no había sufrido en carne propia este tipo de violencia.

Contrato del megacolegio

Luego de un fracasado y liquidado contrato del colegio Arturo Salazar Mejía que había contratado el Ministerio de Educación Nacional en 2017, y previa gestión de la Gobernación de Casanare se reinició en agosto de 2020 la ejecución de un nuevo proyecto.

Las obras tienen un costo a los 8.551 millones de pesos y el Ministerio de Educación Nacional aportó mediante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, 6.600 millones y la Gobernación de Casanare, 1.892 millones, según comunicación de prensa de esta entidad de septiembre 9 de 2020.

La obra, a realizarse en 18 meses, contempla la construcción de una infraestructura a dos plantas, con 22 aulas para educación media, 2 de preescolar, 2 laboratorios, 1 de tecnología, 1 biblioteca, 1 cocina, 1 comedor, 1 sala de expresión artística, 1 zona de servicios, 4 baños para media, 2 para preescolar y 2 de movilidad reducida; 1 zona recreativa (cancha múltiple) y 1 área administrativa.