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ANI y Covioriente le «maman gallo» a Casanare. Directivos no asistieron a debate en Asamblea sobre terreno de la Gobernación, intervenido sin autorización

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Asamblea Departamental de Casanare aplazó el estudio del proyecto de ordenanza 021, presentado por el gobernador Salomón Sanabria, que busca enajenar a título oneroso dos áreas de terreno conocidos como Servisalud, destinados a la ampliación de la vía Yopal – Aguazul. Se solicitó un nuevo avalúo de los terrenos por parte de la lonja casanareña.

Los diputados argumentaron que la decisión se tomó en virtud a que pese a ser invitados, no asistieron los directivos de la ANI y Covioriente, con poder de decisión, para buscar una solución a las múltiples inconformidades presentadas por la población del área de influencia.

El diputado York Cortés expresó que de los terrenos hay dos avalúos, uno contratado por Covioriente y otro por la Gobernación de Casanare, desfavorables para las finanzas de Casanare. Es perentorio realizar un nuevo avalúo con lonjas casanareñas. Igualmente cuestionó a los funcionarios sobre quién autorizó que intervinieran el predio que se pretende adquirir.

Mientras tanto el diputado Carlos Fredy Mejía expresó que cuando llegaron hace muchos años, los funcionarios de la ANI y de Covioriente a socializar el proyecto de la vía Yopal-Villavicencio no se contemplaban los accesos y variantes en Yopal ni la ciclorruta hasta Aguazul. Solo cuando se realizaron manifestaciones y reclamaciones se lograron unas modificaciones al trazado, pero no las suficientes. Agregó que “Los casanareños no concebimos que se tenga cicloruta Villavicencio–Cumaral, obras de ornado y embellecimiento en el Meta, pero que seamos los casanareños con dos peajes nuevos los que paguemos las obras de allá. Los proyectos los hacen desde un escritorio en Bogotá sin conocer las regiones”.

 El profesor Juan Vicente Nieves, vocero de la comunidad, expresó que «Eso es pura mamadera de gallo sean serios, respeten a la comunidad, respeten al departamento, ustedes son funcionarios, pero también deben pensar en la comunidad, esto es un país en donde todos tenemos juntarnos para sacarlo en adelante, no para estafar a la gente… han estafado a los propietarios por que los precios por los cuales están comprando no son precios comerciales».

También habló la señora Olga Camacho, de la comunidad La Sirena, ubicada entre la Colina Campestre y la CDA, quien denunció que desde hace más de un año han solicitado los servicios públicos y no ha sido posible por tanto se han obligado a contratar carrotanques para surtir de agua sus viviendas.

Finalmente funcionarios de la ANI, explicaron que la Gobernación de Casanare, ya aceptó el valor de los predios con base en los avalúos realizados y ahora se requiere que la Asamblea autorice la enajenación. Esto causó inquietud en los diputados al considerar que previo a una aceptación de la intervención y precio de los terrenos debía haber aprobación de la Duma, no después.

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