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Contraloría abrió proceso verbal a exgobernador de Casanare Raúl Flórez y otros 14 imputados por irregularidades en Torres del Silencio, Yopal

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La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos de Casanare y de Yopal, en relación a inversiones en el proyecto de vivienda Torres del Silencio, en Yopal. El escurridizo y destituido exgobernador de Casanare Raúl Flórez, es 1 de los 15 de los imputados. Se fijó audiencia de descargos para el próximo 17 de noviembre.

Mediante Auto No. 1550 del 24 de septiembre de 2021, la Contralora Delegada Intersectorial No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR abrió proceso verbal e imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra el cogestor Iader Barrios Hernández, el exmandatario de Casanare Raúl Iván Flórez, su director de contratación Rodrigo Flechas Ramírez, los coordinadores de vivienda de la Gobernación (asesores) Jenny Barrera, Renso Daniel Cuenza, Narda Consuelo Perilla (exgerente Idury también) y Sandra Lorena Cruz Quintero; los otrora jefes de planeación de Yopal, Rubiel Vargas y Lucía Gaona; Los exgerentes del Idury Alexander Cortes Medina, Rafael Nayid Fonseca y Didier Mauricio Montoya Campos.

También son imputados los interventores, Cooperativa de Egresado de la Usco y Profesionales del Sur de Colombia “Creer en lo nuestro”, Julián Javier Daza López y el supervisor Diseño Arquitectura y Construcción Diarco Ltda.

 

Contexto

El proyecto inició su ejecución en agosto de 2011 y después de 10 años se encuentra inconcluso, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad.

La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas conforme a la sentencia de una Acción Popular proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare del 24 de agosto de 2006.

De igual forma se destinó para población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adulto mayor, entre otros) y familias en condición de desplazados.

Bajo el Convenio de Cogestión No. 001 del 31 de enero de 2011, celebrado entre el Departamento de Casanare, el Instituto de Vivienda Urbana y Rural de Yopal – Idury-, y el constructor Iader Wilhelm Barrios Hernández, se acordó ejecutar el proyecto Villa Flores (hoy Torres del Silencio”) de acuerdo con los siguientes aportes iniciales:

De acuerdo con el informe técnico practicado dentro del trámite de la indagación preliminar que adelantó la CGR, se concluyó que la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio, y de los elementos no estructurales, se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal se encuentra en una zona de alto riesgo de sismicidad.

El efecto del no cumplimiento de la norma sismo resistente, es que se disminuye la capacidad de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos.

Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.

Aunado a lo anterior, se evidenció deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.

 

Situaciones que afectaron la ejecución del proyecto según la Contraloría

El plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, sin embargo, fue objeto de 7 prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.

Durante la vigencia del convenio de cogestión No. 0001 de 2011 se suscribieron 5 actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.

El valor total del convenio de cogestión N° 0001 del 31 de enero de 2011, efectuadas 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a $15.798 millones de pesos.

Otras circunstancias que afectaron la ejecución del proyecto, producto del incumplimiento fue la ocupación de hecho que se surtió a finales de diciembre de 2015 y en el 2016, debido a las demoras e incumplimientos para entregar las unidades habitacionales.

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