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Desaparición forzada en Casanare, Meta y Guaviare, era una política estatal de macro criminalidad de las fuerzas armadas: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

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Al menos 8.288 víctimas de desaparición forzada de 80.455 a nivel nacional, se identificaron en Casanare, Meta y Guaviare, durante el conflicto armado, entre los años 1958 a 2016, según ha podido documentar el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, COFB, Cospacc y las víctimas y cuyo informe “Resistencia al olvido y a la impunidad” fue presentado este 2 de diciembre a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Este Informe contempla una solicitud expresa de apertura del macrocaso de desaparición forzada en los llanos orientales, por presunta responsabilidad de Agentes de Estado y grupos paramilitares en estos territorios, explicó Carolina Hoyos, vocera del Colectivo.

Se busca contribuir al esclarecimiento de este crimen tan doloroso para el país como es la desaparición forzada con este estudio y análisis de contexto de tres departamentos. Se solicita igualmente que se articulen como Estado en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y garantice la participación de las víctimas y se convoque a contribuir en la búsqueda a las juntas de acción comunal, a las comunidades y periodistas, entre otros actores.

Además, se requiere que existan mecanismos claros que permitan espacios de transición y reincorporación de los excombatientes para que contribuyan de manera conjunta en el esclarecimiento de estos hechos.

El acto realizado en el auditorio Sabio Caldas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contó con la participación de la Magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, delegados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas-UBPD, fiscales del GRUBE de la Fiscalía General de la Nación y víctimas de los tres departamentos de desaparición forzada.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Meta con 5.280 víctimas de desaparición forzada es el segundo departamento después de Antioquia con más afectados, mientras que Guaviare registra 1.793 y Casanare 1.215, es decir que los tres departamentos reúnen el terrible conglomerado de 8.288 personas que sufrieron este crimen de lesa humanidad.

Informe Resistencia al olvido e impunidad_InformeEjecutivo

 

Hablan las víctimas:

Mónica González, de Vista Hermosa, Meta: “Estoy buscando a mi hijo Nelson Armando Herrera, quien desapareció el 13 de noviembre de 2003. Ya tiene 18 años de desaparecido. Quiero encontrarlo y hasta el día que este en este mundo lo seguiré buscando”

 

Militares y paramilitares habrían causado mayor número de desapariciones

El documento fue realizado por un equipo interdisciplinar del Colectivo OFB y la Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria-COSPACC, presentan y analizan 130 casos que agrupan a 145 víctimas de desaparición forzada entre 1958 y 2016, registrando que la década con mayores índices de desapariciones forzadas corresponde al período entre los años 2000 y 2009 con 92 casos y con 101 víctimas que representa el 70% de la victimización total.

El informe concluye que estas desapariciones forzadas fueron perpetradas presuntamente por unidades adscritas a la Cuarta División como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 “Pantano de Vargas”, el Batallón de infantería No. 24 «Luis Camacho Leiva” y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FUTCO) como la FUDRA, la FUCAD y las Unidades Móviles No. 7 y 1 en connivencia con grupos paramilitares como el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

“Junto a las víctimas solicitamos a la JEP que abra este macro caso y a la Unidad de Búsqueda que se articule con la Fiscalía, pues es urgente que las víctimas reciban una respuesta integral como Estado, no pueden seguir viviendo en la impunidad y dolor que dejó el horror de la guerra en Colombia, es una obligación del Estado encontrar a sus seres queridos, conocer la verdad y sancionar a los responsables”, señaló Carolina Hoyos.

Eulalia Guango Rodríguez, de Villavicencio, Meta. “No queremos seguir en ese limbo en el que estamos de no conocer lo que paso con nuestros familiares desaparecidos”.

 

Política de seguridad democrática generó miles de muertos y desaparecidos

Lo ocurrido en esta zona del país no corresponde a hechos de criminalidad aislados. Por el contrario, los hechos acaecidos en la región de Meta: Ariari Guayabero, Guaviare y Casanare hacen parte de una política estatal de macro criminalidad que tenía como objeto la consolidación territorial a través del despliegue militar de las Fuerzas Armadas. La ejecución de esta política de seguridad democrática trajo consigo miles de muertos y desaparecidos en el país.

A la fecha de las 145 víctimas relacionadas en el presente informe tan solo 3 han sido entregadas dignamente a sus familiares, lo que corresponde a un 98% de casos que continúan en proceso de búsqueda sin mayores avances. En ese mismo sentido sólo un caso ha tenido justicia con la determinación de responsables, pero con sentencia anticipada y sin conocer a fondo la verdad de lo acaecido. Por eso el informe hace un llamado a la JEP a que contribuya a reducir el manto de impunidad que han dejado en estos casos.

“Hemos recopilado testimonios que nos han arrojado una variable de análisis y un número importante de patrones de macrocriminalidad que evidencian la sistematicidad y la práctica generalizada. Se requiere de procesos de investigación rigurosos que conlleven a buscar, encontrar, entregar y reparar dignamente a las familias de las víctimas desaparecidas de manera forzada, quienes han tenido que vivir con la zozobra de no saber si sus seres queridos se encuentran con vida o no”. indicó Hoyos.

Las víctimas en Colombia han solicitado al Sistema de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que no exista más impunidad frente al crimen atroz de la desaparición forzada. “han sido décadas de angustia, zozobra y dolor, no vamos a renunciar a encontrar nuestros hijos, queremos saber en dónde están y por qué se los llevaron”, dijo María del Carmen Zuluaga.

 

En Casanare, campesinos, fueron el mayor número de víctimas

De 19 municipios que conforman el departamento, Aguazul, Yopal, Monterrey, Tauramena y Villanueva representan el 70% de las desapariciones reportadas, mientras zonas como Recetor, Maní, Paz de Ariporo, Trinidad, Chámeza, Hato Corozal y Pore aportaron el 23% de las desapariciones realizadas.

Las personas que más sufrieron la DF se dedicaban a labores agrícolas, quienes muchas veces fueron señalados de colaboradores o simpatizantes de algún grupo particular. Posteriormente se observa que son distintos trabajadores, obreros y personas que desempeñan labores como independientes quienes son desaparecidas; estos últimos muchas veces fueron signados como aquellos que les proporcionaban bienes y servicios a los actores armados.

De las 1.222 personas desaparecidas, 1.208 corresponden a civiles, 1.008 hombres, 188 mujeres y 15 personas de las que se desconoce su biología sexual. En contraste, 11 personas víctimas de Desaparición Forzada serían combatientes, 10 hombres y una persona con identidad sexual desconocida.

🎙Carolina Hoyos, Vocera del Colectivo Orlando Fals Borda se expresa sobre la entrega del informe de victimas de desaparición forzada y de la solicitud a la JEP para abrir un macrocaso de esta problemática:

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