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Monterrey poco amigable con personas usuarias de sillas de ruedas. No hay rampas ni vías peatonales.

Personas con discapacidad para caminar y deben usar silla de ruedas, no tienen como transitar en condiciones aceptables en Monterrey, Casanare. Así lo evidencia el fallo de una acción popular que ordena al municipio atender esta problemática.

La demanda fue interpuesta por Fredy Díaz Jula, quien considera que sus derechos están amenazados por la Alcaldía de Monterrey, debido a la carencia de rampas y vías peatonales accesibles a lugares públicos dentro del perímetro urbano, para personas en condición de discapacidad, especialmente los usuarios de sillas de ruedas, lo que conlleva a grandes riesgos a su integridad, al verse obligado a transitar en medio de vehículos.

Adicional a esto, por tener que transitar por las calles, donde hay reductores, la movilidad no solo se complica, sino que, además, estos obstáculos dañan sus sillas. Igualmente se destaca que, en la Alcaldía, por ejemplo, hay un ascensor que solo llega hasta el segundo piso.

Frente a esta situación, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, amparó los derechos colectivos amenazados y vulnerados y por ello ordenó al Municipio estructurar los estudios y diseños, priorizando una caracterización de espacios públicos como parques, andenes, canchas y otros, que se encuentren bajo la responsabilidad de la Alcaldía y tengan las fallas descritas.

Luego de ello deberá elaborar un presupuesto de las obras que se requieren para intervenir, corregir o adecuar las fallas, de tal forma que se cumpla con las normas de acceso y libre circulación de las personas en condición de discapacidad.

Se concedió un plazo de 3 meses para estructurar el proyecto, aprobarlo y viabilizarlo.3 meses más para definir fuente de financiación; 3 meses más para contratar y 4 para la ejecución del contrato. Es decir, más de un año para solucionar la problemática.

Mientras tanto la Alcaldía debe realizar campañas periódicas de socialización y culturización sobre el respeto a los espacios, accesos e infraestructura destinados a la población con discapacidad.

El Municipio también deberá poner en cintura a los propietarios de establecimientos públicos o infraestructuras privadas que vulneren los derechos de las personas en silla de ruedas.

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