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Familiares de dos de las víctimas más emblemáticas de falsos positivos en Casanare deberán ser indemnizadas por el Estado.

Los familiares de Daniel Torres Arciniegas y su hijo, Roque Julio Torres, de 16 años, quienes fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales, también llamadas “falsos positivos”, serán indemnizadas por el Estado. Así lo dio a conocer el Espectador.

La decisión, que pasó por dos instancias, finalmente le da la victoria a los familiares víctimas, quienes demandaron al Ejército por el asesinato de estas dos personas, a manos de militares de la Brigada 16, quienes eran comandados por el hoy general en retiro, Henry Torres Escalante, quien permanece privado de la libertad mientras avanza su proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El lío jurídico inició porque en 2007, en la vereda El Triunfo Alto de Aguazul (Casanare), padre e hijo fueron asesinados por miembros de esta brigada y, según la hipótesis de la Fiscalía, el general (r) Torres Escalante sería responsable de estos hechos. Adicionalmente, tras asesinarlos, los quisieron hacer pasar como guerrilleros que habían muerto en combate, lo que ocasionó que también sus familiares, quienes son los demandantes y ahora serán indemnizados, tuvieran que salir desplazados de la zona.

El caso llegó al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá en agosto de 2019, despacho al que los familiares de los Torres pedían una indemnización, tanto por el asesinato de ellos dos, como por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. En primera instancia, consta en los documentos del caso, Torres hijo fue testigo en 2005 de la tortura y asesinato de dos campesinos a manos de uniformados de la Brigada 16, hechos que el joven relató ante la Justicia Penal Militar, aclarando que cualquier cosa que le pasara al él, debía atribuirse al Ejército.

Según el expediente, Torres padre interpuso una denuncia formal contra la Brigada 16 porque 15 militares ingresaron sin autorización a su casa, argumentando que harían un censo. Dice el documento que, una vez identificaron al hombre, encerraron a su familia en las habitaciones y lo acusaron de ayudar con la guerrilla y que había una orden de captura en su contra, razón por la cual, supuestamente, debía acompañarlo. Torres se negó y tiempo después, junto con su hijo, fue asesinado y el resto de su familia desplazada.

En esa ocasión, el despacho consideró que sí se probaba la responsabilidad del Ejército en las ejecuciones extrajudiciales de padre e hijo, pero que no se les podía reconocer como víctimas de desplazamiento forzado a los familiares. En ese momento, se condenó a la Nación a pagar una multa y declaró “administrativamente responsable a la Nación” por la muerte de los dos hombres. Paralelamente, el soldado Marco Fabián García Céspedes, uniformado que asesinó a los dos familiares, afrontaba un proceso penal, en el cual se le condenó a cumplir 26 años de prisión.

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