Con información de Casanarenoticias.com
Hay oídos sordos a peticiones de trabajadores del ICBF, por parte de Lina María Arbeláez, directora general de la entidad, manifestaron funcionarios de la regional Casanare, quienes se encuentran en cese de actividades desde el pasado 27 de abril y solo están tramitando actos urgentes. El paro es indefinido.
Carlos Otálora, fiscal de Sintra Bienestar Casanare, reiteró que faltan por suplir 5.200 cargos en todo el país, a nivel administrativo, financiero, atención al ciudadano, defensorías de familia, primera infancia, procesos de protección y derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha generado sobrecarga laboral. También no hay suficiente supernumerarios para proveer vacaciones o incapacidad. “En cuanto a Casanare, solo hay una persona en atención al ciudadano, solo dos defensores de familia para atender trámites conciliables, agendados hasta seis meses antes”, dijo Otálora.
Reiteró además que, en el área de protección del centro zonal Yopal, faltan 2 psicólogas y 2 trabajadoras sociales, importantes en la constatación de denuncia o restablecimiento de derechos. En el área financiera y contable faltan 4 funcionarios. De igual manera en el área técnica, atención de primera infancia y contratos de protección, escasea el personal, teniendo en cuenta que hay personas que manejan hasta 17 contratos con su debido seguimiento y supervisión.
En otras localidades, como el centro zonal de Paz de Ariporo, se necesita un psicólogo y un trabajador social, es decir que una de las dos defensorías está incompleta, caso similar se vive en Villanueva donde se requiere un defensor de familia. “De esta forma es muy difícil cumplir con la misión principal cómo es la de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mucho menos con el fenómeno migratorio y desplazamiento de población indígena en el país”, enfatizó el fiscal de Sintra Bienestar Casanare.
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