En los “falsos positivos” de Casanare falta imputar más victimarios afirman víctimas

Más de 100 personas serían las vinculadas como responsables de los falsos positivos o ejecuciones ilegales de civiles en Casanare. Por ahora solo se ha imputado a los que se considera como máximos victimarios, según su nivel de autoridad, expresó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a las más de 300 víctimas que han señalado que varios militares no aparecen en el reporte de imputación.
Es de destacar que la JEP imputó cargos a al menos 22 miembros del Ejército, encabezados por el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, al exdirector del DAS, Orlando Rivas y dos civiles, quienes habrían sido los reclutadores de varios de los hombres asesinados a sangre fría y a quienes hicieron pasar por combatientes guerrilleros.
Las víctimas señalan al coronel Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien habría participado en las ejecuciones realizadas en la Brigada 16. Aunque asistió a la JEP no aportó informaciones suficientes y es uno de los mencionados por Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, recientemente extraditado bajo el gobierno de Iván Duque. Así lo precisó Juan Pablo Ramos, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Según la información publicada este domingo 28 de agosto por El Espectador, “Barrero Gordillo, quien llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares en 2013, quedó en el ojo del huracán en febrero de 2022, cuando se conoció que aparecía mencionado en un documento de la Fiscalía que lo señalaba de formar parte de la organización ilegal del fugado y luego abatido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (‘Matamba’)en Nariño”.
Otro de los relacionados por el Comité de Solidaridad es el coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, quien habría tenido que ver con la planeación, creación de información falsa o de inteligencia para señalar personas inocentes y que fueron ejecutadas como miembros de grupos armados ilegales.
También, según lo publicado por El Espectador, estaría vinculado el teniente Gustavo Parada Cuellar, sobre el cual pesan pruebas y evidencias que lo sindican de haber sido determinador de las muertes. El militar no fue profundo en su versión ante la JEP.
El otro ausente de las imputaciones es el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta, quien no solo tendría que ver con la búsqueda de esta supuesta información para ‘sustentar’ las labores de inteligencia, sino también en el relacionamiento con reclutadores.
También se señala al detective Clovis Arbey Duqe Vega, integrante del liquidado DAS. Según El Espectador, “El equipo del magistrado Óscar Parra, líder del subcaso del Casanare, reveló cómo alrededor de 367 personas -entre militares, miembros del DAS y civiles- habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Incluso, quedó documentado que los miembros del DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos, hasta el punto de que asesinaron a algunas víctimas.”
La Brigada 16 ostenta el poco honroso primer puesto de estos nefastos resultados, dentro del conteo de bajas o muertes bajo el supuesto de que estas se originaban en combates con el Ejército pero que en realidad eran civiles ajenos al conflicto.
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