Exalcalde de Maní, Javier Montoya, se salvó de multa de $5.274 millones. Ahora solo tendrá que pagar 700 millones.
El exalcalde de Maní Javier Montoya, padre del actual mandatario Jersson Montoya, ya no tendrá que pagar 5.274 millones de pesos, sino sólo 700 millones, por el daño patrimonial causado por omitir sus funciones en la contratación de siete acueductos veredales, cuando gobernó ese municipio entre 2008 y 2011. Mientras tanto los campesinos tuvieron que esperar 12 años más para poder tener acceso a agua potable.
El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad parcial de un fallo de responsabilidad fiscal por 5.274 millones de pesos contra el exalcalde de Maní, Javier Montoya, emitido por la Contraloría General de la República en enero de 2021 de considerando el daño patrimonial ocasionado en el no funcionamiento de los acueductos veredales de Guayanas, Santa María, Guinea, Mararabe, Belgrado, Guafal y Brisas del municipio de Maní, por no haberse gestionado los permisos ambientales requeridos en su momento.
Sin embargo, de acuerdo al análisis de las nuevas pruebas decretadas, se demostró la ineficacia de la gestión del demandante, exalcalde de Maní, y la falta de efectividad de los acueductos veredales construidos, no solo por la omisión de tramitar las licencias ambientales sino de la calidad de las obras, que obligaron a suscribir nuevos contratos que solo permitieron la funcionalidad y operación de los acueductos a mediados del año 2022.
Estas contrataciones de las obras faltantes las realizó justamente su hijo Jersson Montoya, quien lo libró de pagar la onerosa suma impuesta inicialmente por la Contraloría.
Precisamente estas nuevas contrataciones para remediar lo dejado de hacer, sumaron 700 millones de pesos aproximadamente y en eso es que realmente se observa el daño patrimonial, según el Tribunal Administrativo de Casanare en fallo proferido este 9 de marzo. Y es esta suma la que tendrá que pagar el exalcalde por su omisión en el cumplimiento de sus deberes en esta contratación realizada a través de la Empresa de Servicios Públicos de Maní.
Cabe destacar que la Procuraduría, manifiesta que no se cuestiona la terminación o buena culminación de la obra, sino que el exalcalde no gestionó los permisos ambientes por lo cual la concreción de los acueductos tardó más de 12 años y con un mayor costo para el Estado.
“En este sentido, tal omisión conllevó al detrimento patrimonial debidamente probado, habida cuenta que fue necesario suscribir nuevos contratos, no solamente poner en funcionamiento los acueductos veredales sino para adecuar y repara los mismos debido al abandono y deterioro por el paso del tiempo, situación que podrían haberse evitado de haber tramitado con antelación y diligencias las licencias requeridas”, y esto implicó la vulneración al principio de planeación, puntualizó el ministerio público.
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