Eaaay, modelo de corrupción y asalto en servicios públicos en Yopal. Superintendente se despachó contra esta y el alcalde.
Aunque en columna de opinión publicada en la revista Semana, el Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga, cuestionó que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Eaaay, firmara el contrato de la PTAR por 70 millones de dólares a 30 años, se pusiera en riesgo la solución al problema de aguas residuales y se hiciera una presunta negociación de coimas para adjudicar el contrato, afirmó que esta entidad no puede supervisar la contratación y sería necesaria una reforma a la ley 142 para poder hacerlo.
Tal parece que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal es el modelo perfecto de lo que no se debe hacer en una empresa de servicios públicos, a juzgar por lo afirmado por el superintendente de servicios públicos en esta tribuna pública de este medio de comunicación.
«El asalto a Yopal y las empresas de servicios públicos municipales»
Párrafo a párrafo de este escrito titulado «El asalto a Yopal y las empresas de servicios públicos municipales» se fustigó a la empresa por haber realizado un contrato para el manejo de las aguas residuales con una firma desconocida, Ingenicontec SAS, bajo contratación directa, sin estudio de mercado, análisis topográfico, ingeniería de detalle o análisis tarifario y el cual será pagado por los residentes en Yopal vía tarifa.
Para el superintendente Quiroga, el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, «Sin mayor reflexión», comprometió el bolsillo de los ciudadanos por tres décadas, con este contrato lesivo y con posibles oscuros intereses, considerando la supuesta “jugosa comisión: 20 millones de dólares que presuntamente se repartirían entre el alcalde de Yopal, un representante a la Cámara por Casanare, el gerente de la EAAAY y su ex jefe jurídico” de la cual el representante legal de la firma Ingenicontec SAS, Nelson Javier Suescún, detalló en un video entregado al contralor departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina.
El funcionario resalta que el ingeniero Suescún reconoce una sobrefacturación en las tarifas del servicio de alcantarillado y un sobrecosto de 11 millones de dólares por un tren de tratamiento que cuesta 8 millones de dólares y lo cobrarían por 19 millones. Igualmente dijo que la Eaaay y el gerente de Ingenicontec actuaron cínicamente frente a los cuestionamientos.
El superintendente dijo que todo esto puede ser escandaloso, pero no atípico y sucede porque el gobierno corporativo de las empresas municipales de servicios públicos le da un “poder absoluto al alcalde”, donde la junta directiva no puede oponerse a sus decisiones y el gerente menos, porque puede ser fácilmente reemplazado.
Igualmente explicó que estas empresas no están sujetas al estatuto general de contratación y se rigen por el derecho privado, por ende, pueden hacer y deshacer en contratación. Y para colmo de males, el párrafo 1 del artículo 79 de la ley 142 de 1994 prohíbe a la Superservicios supervisar la contratación.
En resumidas cuentas, las empresas de servicios públicos son gobernadas por intereses políticos, con exceso de burocracia que se paga con el recaudo de venta de servicios a los ciudadanos. Y como si esto fuera poco, el gran atractivo son las concesiones de largo plazo para la prestación de servicios públicos, como el realizado en este contrato de la PTAR.
Toda esta detallada descripción de lo que observó en la Eaaay lo llevó a plantear que es necesaria una reforma a la ley 142, donde haya un gobierno corporativo independiente del gobierno de turno y donde la Superservicios pueda revisar la contratación a partir de un monto determinado.
Parece ser que la Eaaay se tomará como punta de lanza para proponer reforma a la ley de servicios públicos.
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