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Expectativa por audiencias de la JEP en Yopal en septiembre sobre falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, realizará en Yopal, Casanare, el 18 y 19 de septiembre, una audiencia pública de reconocimiento por 303 casos de falsos positivos en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre enero de 2005 y diciembre de 2008.

Entre los miembros imputados de la Brigada XVI del Ejército que fueron llamados a reconocer responsabilidad en esta diligencia en calidad de autores mediatos, están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, otros oficiales, además de 7 suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles.

Durante la diligencia los 24 responsables, según la investigación de la JEP, reconocerán públicamente los crímenes de guerra y de lesa humanidad y contarán los detalles de la organización criminal que se armó en la Brigada XVI del Ejército.

La audiencia pública se logra luego de siete meses en los que expertos de la Jurisdicción Especial para la Paz han preparado la diligencia con las víctimas y los comparecientes que pasarán del reconocimiento escrito al público.

En este proceso se han realizado tres encuentros preparatorios restaurativos con víctimas en la ciudad de Yopal, seis reuniones de concertación con representantes de víctimas, dos reuniones virtuales con representantes de comparecientes, cuatro encuentros preparatorios restaurativos con comparecientes.

“A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”, explica la JEP. Asimismo, la Jurisdicción explicó que, de los 26 imputados, dos oficiales del Ejército no aceptaron responsabilidad y tendrán un juicio que podría resultar en 20 años de cárcel.

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