Contraloría General alerta a la Unidad de Gestión del Riesgo sobre alto riesgo de la PTAP por cercanía con río Cravo Sur.

Ante el inminente riesgo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal por la cercanía del río Cravo Sur, que hace dos años estaba a 106 metros y ahora a un metro de distancia de la infraestructura, el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República Carlos Mario Zuluaga pidió con carácter urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres revisar la afectación que ha tenido la socavación de parte del río con la separación de esta planta.
El funcionario de visita en Yopal y específicamente a la PTAP ubicada en la vereda La Vega a orillas, literalmente del río Cravo Sur, hizo una llamado a la UNGRD para que verifique las garantías que existen alrededor de las obras que se han hecho para proteger el río.
“Si ahora que estamos en el fenómeno de El Niño y unas cuantas lluvias han generado un riesgo inminente, imagínense lo que puede ocurrir en un fenómeno de La Niña con lluvias más abundantes. Están en riesgo la estabilización y las inversiones que se han hecho por más de $88 mil millones para que esta planta de tratamiento funcione de manera óptima”, advirtió.
Zuluaga formuló también un llamado a las autoridades locales para que resuelvan las decisiones administrativas y financieras que se requieren para la segunda fase de este proyecto.
El Contralor también informó frente a este tema que “La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.
La Contraloría exhorta a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.
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