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Obras viales en Casanare deben generar plusvalía y valorización para realizar más proyectos: MinTransporte  

La Gobernación y alcaldías de Casanare deben buscar fuentes para cofinanciar obras de infraestructura y movilidad necesarias para este Departamento, así lo expresó el ministro del transporte William Camargo en mesa de trabajo realizada en Yopal para priorizar proyectos viales. Se sugirió que se podría contemplar plusvalías y valorizaciones, entre otras.

La complementariedad se requiere para poder llevar a cabo proyectos y que de estos se generen nuevos recursos para otras obras de conectividad vial.

La mesa de trabajo contó con la participación y liderazgo del gobernador de Casanare César Ortiz Zorro. Participaron los 19 alcaldes del Departamento y los de Chita y Labranzagrande de Boyacá.

Durante la reunión se discutieron varios proyectos que están en marcha:

  1. Proyecto Vado Hondo – Labranzagrande – La Cabuya (Parte del Pacto Bicentenario): Este proyecto de 78 km tiene un costo total estimado de $230 mil millones. En el 2021, el Invias celebró un contrato de obra que supera los $158 mil millones e implica la intervención de 21 kilómetros. Actualmente, este proyecto tiene un avance del 13.16%, con 1.12 kilómetros pavimentados hasta la fecha.
  2. Ruta Los Libertadores (También parte del Pacto Bicentenario): Este corredor vial de 233 km enfrenta desafíos en términos de avance. En el 2021, se celebró un contrato de obra por un valor que supera los $342 mil millones para la intervención de 46 km, de los cuales solo se han completado 3. Este retraso compromete la capacidad de conectar de manera efectiva estas regiones con el resto del país.
  3. Transversal del Cusiana: Esta vía de 118 km marca el límite entre Boyacá y Casanare en el kilómetro 91, y enfrenta emergencias que demandan recursos adicionales y atención urgente, como colapsos de puentes y puntos críticos que amenazan con obstaculizar el progreso en la región.
  4. Transversal del Sisga: Este corredor vial concesionado por 25 años y 137.03 kilómetros, tiene un avance del 99.54%, demostrando su importancia como una arteria vital para la región.
  5. Convenio Interadministrativo entre Chámeza y Paéz: Suscrito en el año 2021, este convenio tiene un valor de $13.500 millones de pesos para pavimentar 3 kilómetros en un plazo de 9 meses.

 

Prioridades para el ministerio

Entre los proyectos del modo carretero, se encuentra en etapa de estructuración la Alianza Público Privada Sogamoso-Aguazul-Maní. Asimismo, el proyecto de placa huella en la vía de acceso del degrero a la comunidad Guaraque, resguardo indígena Chaparral Barro Negro.

Por otra parte, el Plan Plurianual de Inversiones plantea para esta región del país 21 proyectos de impacto regional y 3 de carácter departamental, con recursos que ascienden a los 2,3 billones de pesos.

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la iniciativa para la adecuación de infraestructura y autorización de operación internacional del Aeropuerto El Yopal (EYP), también denominado Aeropuerto el Alcaraván, esto con el fin de ser un aeropuerto alterno a El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, así como un centro de suministro de combustible de aeronaves, nodo de interconexión de vuelos para los Llanos Orientales, la Amazonía y otros destinos del país o el exterior.

Además, el mejoramiento y rehabilitación de la vía Ruta de los Libertadores, así como la terminación y puesta en funcionamiento del corredor vial Villavicencio-Yopal que incluye 25 km de vía doble calzada entre Aguazul y el municipio capital del Casanare.

 

Glosario, según Ministerio de Vivienda:

Plusvalía: Aumento en el valor del suelo generado por las acciones urbanísticas que regulan la utilización del mismo. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Valorización: Es un gravamen real sobre los bienes inmuebles, que es objeto de registro y está destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras. El valor de la contribución depende del costo de la obra, que se distribuye entre los predios afectados en proporción al grado de beneficio. Su recaudo compete a la entidad que ejecute las obras, bien sea nacional, departamental o municipal o, excepcionalmente, a una corporación autónoma regional, a una asociación de municipios o a una junta metropolitana.

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