ACP rechaza la violencia en Arauca y pide respeto de los derechos humanos
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), que representa a la industria de hidrocarburos en el país, ha expresado su firme rechazo a los recientes actos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales en el departamento de Arauca.
Estos ataques han cobrado la vida de líderes sociales, han puesto en grave peligro a las comunidades locales, han causado daños ambientales significativos y han afectado la seguridad energética de Colombia.
Arauca, complicado panorama de orden público
En lo que va del año, Arauca ha sido escenario de múltiples tragedias: cuatro líderes sociales han sido asesinados, se han registrado ocho atentados contra oleoductos y un ataque a un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía. Estos actos constituyen claras violaciones a los derechos humanos de quienes residen y trabajan en la región, y subrayan la necesidad urgente de priorizar la seguridad y el bienestar de la población.
El deterioro de la seguridad en Arauca es alarmante, y la asociación insta a un refuerzo de la presencia institucional y a una acción coordinada de las autoridades para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales.
Atentados a la industria petrolera
En el ámbito energético, la ACP advierte sobre las graves consecuencias de los atentados contra la infraestructura petrolera. Estos actos no solo afectan la prestación de servicios públicos esenciales y el abastecimiento nacional, sino que también ponen en riesgo la seguridad energética del país.
En Arauca, la producción de petróleo ha alcanzado un promedio de 58 mil barriles diarios durante el primer semestre de este año, lo que representa el 7,4% de la producción total del país. La continuidad de estos ataques amenaza el desarrollo y la viabilidad de las operaciones e inversiones en la región, con un impacto directo en la economía local.
La industria se suma al llamado de los habitantes de Arauca por la paz, la protección de la vida, el bienestar de las comunidades, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la región.
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