De la violencia a la esperanza: 49 familias víctimas de Bellacruz, Cesar, encuentran refugio en Maní, Casanare

John Solano Rangel, de 47 años, recuerda con dolor el día en que su vida cambió para siempre. A los 11 años, mientras vivía con su padre en la vereda Cienaguita, en la Hacienda Bellacruz (Cesar), un grupo paramilitar irrumpió en su comunidad. “Nos amarraron a mí y a otros jóvenes, nos cortaron la ropa con cuchillos y nos golpearon con un látigo llamado ‘Martín Moreno’, que terminaba en cuatro puntas de bala. Los latigazos eran tan fuertes que nos arrancaban pedazos de carne”, relata Solano, una de las 49 familias víctimas de desplazamiento forzado que hoy reciben tierras de la finca Dinamarca en Maní, Casanare.

El horror no terminó ahí. Los paramilitares, en coordinación con la fuerza pública, asesinaron a varios pobladores, quemaron sus casas, cultivos y animales, y obligaron a las familias a huir sin nada. “Mataron a mi padre y dejaron su cuerpo tirado en el cementerio durante cuatro días. Nos advirtieron que, si lo recogíamos, nos matarían también”, añade Solano, quien hoy, junto a otras 48 familias, ve renacer la esperanza en la finca Dinamarca, un predio de 628 hectáreas adquirido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como parte de la reparación integral del Gobierno del Cambio.

Un largo camino hacia la justicia
El caso de la Hacienda Bellacruz es uno de los más emblemáticos de violencia paramilitar y desidia estatal en Colombia. Entre 1990 y 1997, familias campesinas fueron despojadas de sus tierras, las cuales fueron sembradas con palma de aceite por los responsables del despojo, entre ellos, el exministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda Ramírez y su familia. Según la Comisión de la Verdad, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.

Yaneth Galvis, lideresa de la Asociación de Bellacruz, recuerda los 28 años de lucha que llevaron a este momento. “Gracias a Dios hoy estamos vivos, en Maní, Casanare. Somos 49 familias beneficiarias de la Reforma Agraria. Estamos felices, contentos, esperamos que la Agencia Nacional de Tierras y todas las entidades del Gobierno nacional nos sigan apoyando”, expresó Galvis, quien destacó que 22 de las familias beneficiarias están encabezadas por mujeres.

Un nuevo comienzo en Maní
Tras siete horas de viaje desde Bogotá, las familias llegaron a la finca Dinamarca, donde recibirán Unidades Agrícolas Familiares para garantizar su soberanía alimentaria y mejorar su economía rural. “Viendo estas tierras tan fértiles, queremos sembrar yuca, plátano y frutales que nos garanticen seguridad alimentaria”, dijo Isaías Cañizares Navarro, representante de la Asociación Campesina Víctimas de Desplazamiento Forzado.

Harold Barreto, asesor de la ANT, aseguró que la entidad acompañará a las familias en la organización y desarrollo de proyectos productivos. “Hoy el Gobierno, por medio de la ANT, reparó a estos campesinos y campesinas con predios productivos, en los que van a poder cultivar y además tener una vida digna, lejos del conflicto armado”, afirmó.

Un caso que conmovió al mundo
El caso de Bellacruz no solo es un símbolo de la violencia en Colombia, sino también de la resistencia campesina. Con más de 9.000 hectáreas en disputa y 280 familias desplazadas, este caso fue documentado por la Comisión de la Verdad y reconocido internacionalmente por su gravedad. Hoy, en Maní, las 49 familias sienten que su lucha valió la pena.

“Hoy cerramos un capítulo de Bellacruz y comenzamos uno nuevo en Maní. Queremos que nuestros hijos tengan una vida más digna”, concluyó Yaneth Galvis, mientras las familias, bajo el calor de Casanare, preparan la tierra para sembrar no solo cultivos, sino también esperanza.

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