Orocué le ganó la partida a la Gobernación de Casanare en pleito por cobro de estampillas. Pierden adultos mayores y cultores del Departamento.
Luego de que la Gobernación de Casanare conminó jurídicamente al municipio de Orocué al pago de unas estampillas pro cultura, pro adulto mayor y pro desarrollo, por una contratación como unidad ejecutora de un proyecto con regalías directas, este volteó la situación y un juzgado le acaba de dar la razón en primera instancia.
El municipio de Orocué obtuvo una importante victoria legal frente a la Gobernación de Casanare, luego de que el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal declarara nulas las resoluciones que lo obligaban a pagar $43 millones de pesos por concepto de estampillas pro-desarrollo, pro-cultura y pro-adulto mayor. Los perjudicados son los beneficiarios de estos tributos del Departamento, que dejarán de percibir estos recursos.
El fallo, emitido el 18 de marzo de 2025, no solo beneficia a Orocué, sino que también sienta un precedente para otros municipios y entidades descentralizadas que enfrenten situaciones similares con la Gobernación de Casanare.
Es decir, que cuando la Gobernación o municipios designan como ejecutor de un proyecto de regalías a un municipio, asociación de municipios o departamentos, fondos mixtos foráneos o externos, pierden el derecho a cobrar las estampillas.
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Raíz del conflicto de pago de estampillas
El conflicto tiene su origen a partir del 8 de septiembre de 2017, cuando la Gobernación de Casanare, a través de la Resolución No. 0322, ordenó una transferencia 963 millones de pesos del Sistema General de Regalías -Asignaciones directas del Departamento- al municipio de Orocué, en calidad de ente ejecutor de regalías del proyecto «Construcción de una cancha cubierta de baloncesto y voleibol en el barrio Bello Horizonte de Orocué».
En esta misma resolución se fijó el pago de estampillas Prodesarrollo (1%); Procultura (1%) y proadulto mayor (3%) por 43 millones de pesos aproximadamente.
Para el municipio de Orocué esto no era procedente y no solo no pagó, sino que esgrimió que esto era ilegal e inconstitucional.
El pleito
La Gobernación de Casanare no quedó satisfecha con este proceder y en 2022 emitió la Resolución No. 037, en la que determinó que Orocué debía pagar estas estampillas e incluso impuso una sanción por no haber girado los recursos correspondientes.
El municipio, por su parte, argumentó que las ordenanzas departamentales que regulaban estas estampillas (Ordenanza 016 de 2015 y su modificación en 2017) vulneraban la Constitución Política, específicamente los artículos 150, 287, 313 y 338. Según Orocué, estas normas incluían como gravados los contratos y convenios suscritos entre el departamento y los municipios, desconociendo la autonomía fiscal de las localidades.
Además, el municipio señaló que la Gobernación no discriminó los valores realmente ejecutados por Orocué, tomando como base gravable el monto total de la transferencia ($963 millones) sin considerar si los recursos habían sido ejecutados parcial o totalmente.
Orocué también recordó que ya cuenta con su propio estatuto tributario municipal, que regula las estampillas pro-cultura y pro-adulto mayor, y que no había adoptado la estampilla pro-desarrollo departamental.
La Gobernación de Casanare defendió la legalidad de sus resoluciones, argumentando que estaban respaldadas por el Estatuto Tributario Departamental y que se habían expedido garantizando el debido proceso.
El dictamen del Juzgado
Sin embargo, el juzgado consideró que las ordenanzas departamentales desconocían las normas municipales y la autonomía fiscal de Orocué, lo que generaba una incompatibilidad con la Constitución.
En su fallo, el juez destacó que las ordenanzas departamentales no pueden invadir la competencia de los municipios para regular sus propios tributos.
Además, señaló que la Gobernación no demostró cuánto de los recursos transferidos se había ejecutado realmente, lo que hizo que la liquidación de las estampillas fuera incorrecta. “El municipio de Orocué no tiene la obligación de retener suma alguna por concepto de las estampillas departamentales”, concluyó el juez, declarando nulas las resoluciones 037 de 2022 y 172 de 2022, que confirmaban la sanción.
Este fallo no solo exonera a Orocué de pagar los $43 millones, sino que también establece un precedente importante para otros municipios, fondos mixtos y asociaciones de municipios o departamentos, que suscriban contratos o convenios con la Gobernación de Casanare, especialmente cuando se trate de recursos de regalías. Ahora, queda claro que las ordenanzas departamentales no pueden imponer gravámenes que desconozcan la autonomía fiscal de los municipios.
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