Magistrada decidirá si avanza demanda contra polémica actualización catastral en Yopal
La batalla legal por la actualización catastral de Yopal, realizada por CATASIG SAS, empieza a tomar forma. La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz, del Tribunal Administrativo de Casanare, será la encargada de decidir si admite o no la Acción Popular interpuesta por 10 concejales del municipio, quienes denuncian graves irregularidades en el proceso.
Los cabildantes acusan a la Alcaldía de Yopal, la Superintendencia de Notariado y Registro, el IGAC y a la empresa CATASIG SAS (propiedad del municipio de Sabanalarga, Atlántico) de vulnerar derechos colectivos, especialmente en moralidad administrativa, patrimonio público y acceso a servicios eficientes.
¿Qué piden los concejales?
La demanda busca:
1️⃣ Suspender provisionalmente los nuevos avalúos catastrales (fijados en la Resolución YPL 02 de 2024) hasta que se revise técnica, jurídica y financieramente el proceso.
2️⃣ Que la Superintendencia de Notariado intervenga y, de ser necesario, reduzca los índices de avalúo, considerando la difícil situación económica de los yopaleños.
3️⃣ Exigir al IGAC y al Municipio que entreguen toda la información catastral previa para verificar inconsistencias.
4️⃣ Investigar posibles actos de corrupción y aplicar multas si se comprueban daños al patrimonio público.
¿Qué sigue?
En los próximos días, la magistrada Núñez Cruz decidirá si la demanda cumple los requisitos para seguir su curso. De admitirse, podría marcar un antes y después en el polémico proceso de actualización catastral, que ha generado malestar en la comunidad por los altos incrementos en los avalúos.
Mientras tanto, los ojos de Yopal están puestos en el Tribunal: ¿Se abrirá paso la justicia frente a las denuncias de los concejales? 🔍⚖️
Contexto:
- La empresa CATASIG SAS es una EICE propiedad del municipio de Sabanalarga (Atlántico), lo que ha generado cuestionamientos sobre su injerencia en Casanare.
- Los concejales alegan que el proceso no siguió metodologías del IGAC y careció de transparencia y socialización.
- Si se demuestra corrupción, podrían aplicarse multas millonarias según la Ley 2195 de 2022.
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