Asamblea de Casanare debatirá supresión de cargo administrativo y afectada interpone tutela por derecho al trabajo
En un hecho que ha generado controversia en la Asamblea Departamental de Casanare, el diputado Heyder Alexander Silva García denunció —mediante un derecho de petición dirigido a la Mesa Directiva— presuntas irregularidades en el trámite del Proyecto de Ordenanza N.º 002 de 2025, que propone modificar la planta de personal de la Corporación y será votado hoy en segundo debate.
Tras lo que aparenta ser un simple ajuste administrativo, se esconde un caso que podría configurar un abuso de poder: la eliminación del cargo de la contadora Martha Alexandra Santos Benítez, nombrada legalmente a finales de 2024, para crear un puesto idéntico, pero con menor rango salarial.
En los últimos minutos se conoció que la afectada instauró una acción de tutela contra la mesa directiva de la Asamblea, buscando defender su trabajo y frenar la aprobación de la supresión de su cargo.
¿Estudio sin sustento técnico?
Según el derecho de petición —aún sin respuesta—, el estudio que respalda la reforma no fue elaborado por una consultoría especializada (como en reestructuraciones anteriores), sino por el secretario general de la Asamblea, un economista sin experiencia acreditada en rediseño institucional público. El diputado Silva afirma que esto viola los principios de idoneidad técnica, objetividad y legalidad.
“No se puede jugar con la estabilidad laboral de una funcionaria de planta amparándose en informes sin sustento técnico ni jurídico. Menos cuando su nombramiento cumplía un plan de mejoramiento exigido por la Contraloría Departamental”, advierte.
Además, se denunció que el informe de liquidación presupuestal de 2025, presentado por el mismo secretario, no fue validado por la contadora titular, pese a ser ella la responsable de dichas funciones.
“No hay plata”, pero contrataron a otra contadora
Paradójicamente, mientras se alega una “crisis financiera” para suprimir el cargo, la Asamblea contrató a una segunda contadora, Nohora Durley Hernández Torres, mediante el contrato ADC-CPSP 002-2025. Silva cuestionó esta discrepancia y solicitó:
- Los soportes técnicos del estudio.
- Las justificaciones jurídicas para eliminar el cargo.
- El pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Copias del contrato con la contadora externa.
También interrogó si se garantizó el debido proceso a la funcionaria afectada, quien —presuntamente— no habría sido notificada formalmente del proyecto.
¿Eliminación de cargos por intereses particulares?
Silva señaló que estas prácticas no son nuevas: el actual primer vicepresidente, Jorge Eduardo García, ya fue cuestionado en 2023 por casos similares. “Es preocupante que se repitan acciones que vulneran la estabilidad laboral”, subrayó.
La coherencia de la reestructuración también es dudosa: mientras se argumenta la necesidad de profesionales en contaduría y derecho, no se suprimen cargos de libre nombramiento, como el de una psicóloga identificada como madrastra del diputado García. Esto plantea si los criterios responden a necesidades técnicas o a intereses personales.
El derecho de petición expone lo que podría ser un caso de persecución laboral institucionalizada, arbitrariedad y manipulación administrativa.
Silva aguarda las respuestas de la Mesa Directiva, mientras el segundo debate del polémico proyecto está fijado para hoy, 10 de abril, a las 4:00 p.m.
Diputados debaten mientras la contadora afectada está incapacitada
Alexandra Santos, la contadora afectada, se encuentra enferma y con incapacidad médica, por estrés asociado a haber sido prácticamente anulada de sus funciones. Ella no ha sido notificada oficialmente del proceso de ordenanza que se adelanta en la Duma.
Pese a ello, la Mesa Directiva y la Comisión IV de Ética avanzaron en el primer debate el pasado 8 de abril a las 9:00 p.m.
El diputado y abogado Alejandro López registró una constancia sobre las inconsistencias de esta nueva reestructuración, pero las mayorías aprobaron el trámite. Argumentó que, de existir errores en la modificación de 2024 (basada en un estudio técnico de 2023), la vía correcta no es una ordenanza, sino la judicial, y anticipó que habrá demandas contra la Duma.
La defensa del diputado García
El diputado Jorge Eduardo García negó que el proyecto se basara en la consultoría de 2023, pues esta proponía una escala salarial distinta a la actual. Aseguró que el entonces presidente Heyder Silva ignoró el estudio y actuó unilateralmente, generando perjuicios a la Asamblea. “Esta ordenanza corrige una irregularidad de 2024”, declaró.
Además, afirmó que la funcionaria está en provisionalidad y, al no tener derechos de carrera administrativa, no recibirá indemnización al suprimirse su cargo.
Queda en duda si la diputada Marisela Duarte —coautora del proyecto— conoce las implicaciones de su voto: dejar sin empleo a una profesional casanareña.
Contadora interpone acción de tutela contra mesa directiva
Martha Alexandra Santos Benítez, la contadora cuyo cargo sería suprimido por el Proyecto de Ordenanza 002 de 2025, interpuso hoy 10 de abril una acción de tutela contra la Mesa Directiva de la Asamblea. En el documento, obtenido por este medio, la profesional detalla una serie de irregularidades que configurarían un ataque sistemático a sus derechos fundamentales:
- Usurpación de funciones durante incapacidad médica: Revela que, mientras estaba incapacitada físicamente, una contadora contratada por OPS (Nohora Durley Hernández Torres) accedió sin autorización al software contable bajo su responsabilidad, realizando labores que excedían sus funciones.
- Manipulación de su correo institucional: Afirma que su cuenta de correo corporativa fue intervenida para ocultarle información clave sobre el trámite de la ordenanza que afecta su empleo.
- Vulneración de derechos fundamentales: La tutela señala violaciones al derecho al trabajo digno, debido proceso, defensa, mínimo vital, igualdad y estabilidad laboral reforzada (esta última por ser un cargo de carrera administrativa). «No se me notificó personalmente del proyecto, ni tuve oportunidad de controvertir las supuestas razones para eliminar mi puesto», sostiene.
Solicitudes urgentes: Pide a un juez suspender cautelarmente y en forma inmediata el trámite de la ordenanza hasta que se garantice su derecho a la defensa.
Sesión de la Asamblea Departamental del 8 de abril:
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