🔍 JEP imputa crímenes de guerra a tres militares por ‘falsos positivos’ en Casanare: roles clave en una maquinaria de muerte
Tres nuevos comparecientes de la Fuerza Pública fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” cometidas entre 2005 y 2008.
Se trata del teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar, señalados como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes cometidos en el oriente del país bajo una estructura criminal que operó dentro de la Brigada XVI del Ejército Nacional.
📌 Una oficina de inteligencia al servicio del crimen
Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, quien fungía como oficial de inteligencia del B2 de la Brigada XVI, facilitó el uso de información proveniente del DAS —basada en estigmatización de civiles— para diseñar operaciones militares ilegales. Esta información sirvió para justificar las ejecuciones como bajas en combate. Además, permitió la elaboración de registros falsos dentro del B2 y facilitó el pago de recompensas por estas muertes ilegítimas, encubriendo así los crímenes con apariencia de legalidad.
🗂️ Información manipulada como arma
Jaime Luis Olivera Arrieta, sargento segundo y analista de inteligencia sobre estructuras de las FARC, elaboró documentos que sirvieron de sustento para operaciones que terminaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Coordinó con el DAS y el Gaula Casanare el intercambio de información que terminó siendo usada para encubrir homicidios como si fueran resultados legítimos del conflicto armado.
👣 El comandante que condujo a la muerte
Por su parte, el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar, comandante del pelotón Cobra 4 y miembro de la oficina de inteligencia del BIRNO 44, no solo permitió sino que participó activamente en el reclutamiento, retención y asesinato de civiles que luego fueron reportados como “dados de baja en combate”. Su conocimiento del terreno fue instrumental para localizar a las víctimas, y bajo su liderazgo se infiltró a un soldado en el área de inteligencia con el objetivo de seleccionar blancos humanos.
📣 ¿Y ahora qué sigue?
La JEP otorgó a los tres imputados un plazo de 30 días para aceptar o no los cargos que se les atribuyen. De no hacerlo, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, donde avanzará bajo un proceso adversarial.
Estos nombres se suman a una lista de 29 máximos responsables dentro del subcaso, de los cuales 24 ya han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas ante las víctimas, la justicia y el país.
Esta decisión también responde a recursos interpuestos por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Procuraduría General de la Nación, que buscaban evitar que estos crímenes quedaran en la ambigüedad jurídica. Gracias a ellos, se reafirman los principios de verdad, justicia y no repetición en uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Casanare.
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