Los familiares de Daniel Torres Arciniegas y su hijo, Roque Julio Torres, de 16 a\u00f1os, quienes fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales, tambi\u00e9n llamadas \u201cfalsos positivos\u201d, ser\u00e1n indemnizadas por el Estado. As\u00ed lo dio a conocer el Espectador.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, que pas\u00f3 por dos instancias, finalmente le da la victoria a los familiares v\u00edctimas, quienes demandaron al Ej\u00e9rcito por el asesinato de estas dos personas, a manos de militares de la Brigada 16, quienes eran comandados por el hoy general en retiro, Henry Torres Escalante, quien permanece privado de la libertad mientras avanza su proceso en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP).<\/p>\n
El l\u00edo jur\u00eddico inici\u00f3 porque en 2007, en la vereda El Triunfo Alto de Aguazul (Casanare), padre e hijo fueron asesinados por miembros de esta brigada y, seg\u00fan la hip\u00f3tesis de la Fiscal\u00eda, el general (r) Torres Escalante ser\u00eda responsable de estos hechos. Adicionalmente, tras asesinarlos, los quisieron hacer pasar como guerrilleros que hab\u00edan muerto en combate, lo que ocasion\u00f3 que tambi\u00e9n sus familiares, quienes son los demandantes y ahora ser\u00e1n indemnizados, tuvieran que salir desplazados de la zona.<\/p>\n
El caso lleg\u00f3 al Juzgado 61 Administrativo de Bogot\u00e1 en agosto de 2019, despacho al que los familiares de los Torres ped\u00edan una indemnizaci\u00f3n, tanto por el asesinato de ellos dos, como por el desplazamiento forzado del que fueron v\u00edctimas. En primera instancia, consta en los documentos del caso, Torres hijo fue testigo en 2005 de la tortura y asesinato de dos campesinos a manos de uniformados de la Brigada 16, hechos que el joven relat\u00f3 ante la Justicia Penal Militar, aclarando que cualquier cosa que le pasara al \u00e9l, deb\u00eda atribuirse al Ej\u00e9rcito.<\/p>\n
Seg\u00fan el expediente, Torres padre interpuso una denuncia formal contra la Brigada 16 porque 15 militares ingresaron sin autorizaci\u00f3n a su casa, argumentando que har\u00edan un censo. Dice el documento que, una vez identificaron al hombre, encerraron a su familia en las habitaciones y lo acusaron de ayudar con la guerrilla y que hab\u00eda una orden de captura en su contra, raz\u00f3n por la cual, supuestamente, deb\u00eda acompa\u00f1arlo. Torres se neg\u00f3 y tiempo despu\u00e9s, junto con su hijo, fue asesinado y el resto de su familia desplazada.<\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, el despacho consider\u00f3 que s\u00ed se probaba la responsabilidad del Ej\u00e9rcito en las ejecuciones extrajudiciales de padre e hijo, pero que no se les pod\u00eda reconocer como v\u00edctimas de desplazamiento forzado a los familiares. En ese momento, se conden\u00f3 a la Naci\u00f3n a pagar una multa y declar\u00f3 \u201cadministrativamente responsable a la Naci\u00f3n\u201d por la muerte de los dos hombres. Paralelamente, el soldado Marco Fabi\u00e1n Garc\u00eda C\u00e9spedes, uniformado que asesin\u00f3 a los dos familiares, afrontaba un proceso penal, en el cual se le conden\u00f3 a cumplir 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n