![\"\"](\"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/295659771_355671606755421_6227659201878305768_n.jpg\")
<\/p>\nPor el asesinato de 303 personas en los denominados falsos positivos en Casanare, algunos municipios de Meta, Boyac\u00e1 y Tame, Arauca, la JEP imput\u00f3 cargos contra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, 2 coroneles, 3 tenientes coronel, y otros 10 oficiales, adem\u00e1s de 6 suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles. Las v\u00edctimas eran equipadas con armas, munici\u00f3n y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el \u201ckit de legalizaci\u00f3n\u00bb. M\u00e1s de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.<\/p>\n
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Mujeres, ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron da\u00f1os graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar. Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fen\u00f3meno.<\/p>\n
La Justicia Especial para la Paz destac\u00f3 que en la Brigada 16 con sede en Yopal se implant\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal compleja que se vali\u00f3 de la arquitectura institucional del Ej\u00e9rcito para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. As\u00ed lo determin\u00f3 la Sala de Reconocimiento de la JEP en su m\u00e1s reciente decisi\u00f3n, en la que estableci\u00f3 que bajo la comandancia del mayor general (r) Henry William Torres Escalante se increment\u00f3 la presentaci\u00f3n artificial de resultados operacionales en esta regi\u00f3n del oriente del pa\u00eds.<\/p>\n
En su mayor\u00eda las v\u00edctimas fueron hombres entre los 18 y 25 a\u00f1os. Sin embargo, en el subcaso Casanare la JEP acopi\u00f3 informaci\u00f3n sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempe\u00f1aban como trabajadoras sexuales y un joven con orientaci\u00f3n sexual diversa; es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecuci\u00f3n por razones de g\u00e9nero. Tambi\u00e9n por primera vez la JEP imputa el crimen de guerra de utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes por involucrar menores de 18 a\u00f1os como reclutadores o personas encargadas de participar en el enga\u00f1o que condujo a la muerte a algunas de las v\u00edctimas.<\/p>\n
A trav\u00e9s del tercer auto de determinaci\u00f3n de hechos y conductas que emite la JEP, dentro del caso 03 que investiga ‘falsos positivos’, se describe en detalle la masividad de una conducta que perme\u00f3 la Brigada XVI, en todos sus niveles, para llevar a cabo ataques organizados y a gran escala con la intenci\u00f3n de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.<\/p>\n
Precisamente, en el expediente se document\u00f3 c\u00f3mo haciendo uso de su estructura, la conformaci\u00f3n con militares que conoc\u00edan la pr\u00e1ctica y una mayor afluencia de recursos para pagos de informaci\u00f3n con recursos p\u00fablicos, el Gaula Casanare, que ten\u00eda alrededor de 70 personas, logr\u00f3 similares resultados consistentes en asesinatos a los obtenidos por el Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No. 44 Ram\u00f3n Nonato P\u00e9rez (Birno) conformado por m\u00e1s de 1.000 hombres.<\/p>\n
<\/p>\n
Estos son los imputados<\/strong><\/p>\n La Sala de Reconocimiento de la JEP dentro del subcaso Casanare, a trav\u00e9s del auto 055, les imput\u00f3 cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ej\u00e9rcito, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Estos cr\u00edmenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que report\u00f3 esa unidad militar en la \u00e9poca.<\/p>\n Por su participaci\u00f3n en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyac\u00e1, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 m\u00e1ximos responsables y a tres part\u00edcipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, adem\u00e1s de 6 suboficiales. En su mayor\u00eda se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, adem\u00e1s de dos terceros civiles.<\/p>\n En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germ\u00e1n Alberto Le\u00f3n Dur\u00e1n y el teniente coronel (r) Henry Hern\u00e1n Acosta Pardo. Estos deber\u00e1n responder por los cr\u00edmenes que se cometieron a trav\u00e9s de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.<\/p>\n A t\u00edtulo de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenec\u00edan, a partir de una divisi\u00f3n de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabi\u00e1n Garc\u00eda C\u00e9spedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capit\u00e1n (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ram\u00edrez; el teniente (r) Jhon Alex\u00e1nder Suancha Flori\u00e1n; el cabo primero (r) G\u00e9lver P\u00e9rez Garc\u00eda y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jim\u00e9nez.<\/p>\n Bajo esta misma figura fueron imputados el capit\u00e1n (r) C\u00e9sar Augusto C\u00f3mbita Eslava; el capit\u00e1n Miguel Andr\u00e9s Sierra Garc\u00eda; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Ben\u00edtez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eli\u00e9cer Mon\u00e1 Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Dom\u00ednguez M\u00e1rquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jim\u00e9nez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jim\u00e9nez Castrill\u00f3n y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodr\u00edguez Mimisica y Miguel Fernando Ram\u00edrez.<\/p>\n Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la m\u00e1xima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Pe\u00f1a Chivat\u00e1, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.<\/p>\n <\/p>\n Cr\u00edmenes imputados<\/strong><\/p>\n Con base en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los cr\u00edmenes descritos fueron calificados a partir del C\u00f3digo Penal Colombiano, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, incluyendo el Estatuto de Roma. La Sala de Reconocimiento de la JEP calific\u00f3 los asesinatos y desapariciones forzadas como cr\u00edmenes de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra. El Estado colombiano tiene la obligaci\u00f3n de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos.<\/p>\n Tras un proceso de contrastaci\u00f3n judicial dentro del subcaso Casanare, una de las seis zonas priorizadas dentro del caso 03, la JEP determin\u00f3 que los imputados hicieron parte de una organizaci\u00f3n criminal que se conform\u00f3 dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que ten\u00edan la intenci\u00f3n de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.<\/p>\n En su mayor\u00eda, las v\u00edctimas eran miembros de la poblaci\u00f3n civil que nunca hab\u00edan participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron se\u00f1aladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco exist\u00eda informaci\u00f3n ver\u00eddica que probara que hab\u00edan perdido la protecci\u00f3n que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.<\/p>\n Los 22 m\u00e1ximos responsables tuvieron un rol esencial y determinante en la configuraci\u00f3n del patr\u00f3n criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal. Por su parte, los tres part\u00edcipes no determinantes contribuyeron, aunque de manera no esencial, en el desarrollo del patr\u00f3n y del plan criminal. A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuye cr\u00edmenes de guerra de homicidio en persona protegida, y cr\u00edmenes de lesa humanidad de asesinato y desaparici\u00f3n forzada. A algunos, la Sala les atribuye cr\u00edmenes de guerra de utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes para participar en las hostilidades, y el crimen de lesa humanidad de persecuci\u00f3n por razones de g\u00e9nero.<\/p>\n Para la JEP \u201cexisten bases suficientes para entender que la conducta existi\u00f3, que la persona particip\u00f3 y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables\u00bb. Adem\u00e1s, la Sala determin\u00f3 que los responsables segu\u00edan una misma l\u00ednea de conducta promovida por la comandancia de la Brigada XVI. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espont\u00e1nea. Entre las v\u00edctimas documentadas en el subcaso Casanare, hay nueve mujeres y una persona con orientaci\u00f3n sexual e identidad o expresi\u00f3n de g\u00e9nero diversa que experimentaron formas espec\u00edficas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los cr\u00edmenes.<\/p>\n Adem\u00e1s de los asesinatos y desapariciones, la JEP determin\u00f3 que tres ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes fueron utilizados para participar en las hostilidades, y que la persona con orientaci\u00f3n sexual fue v\u00edctima de un crimen de lesa humanidad de persecuci\u00f3n por razones de g\u00e9nero. Si bien estos dos \u00faltimos casos descritos no son conductas ilustrativas del patr\u00f3n criminal, la JEP considera que la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas y las graves circunstancias en las que se dieron los hechos ameritan la subsunci\u00f3n en los tipos penales correspondientes y su imputaci\u00f3n como coautores a los responsables.<\/p>\n <\/p>\n El modus operandi: un patr\u00f3n y tres modalidades<\/strong><\/p>\n Numerosos comparecientes de la Brigada XVI \u2014de diferentes rangos y funciones\u2014 identificaron ante la JEP que las bajas en combate eran un indicador del \u00e9xito militar. Precisamente, el proceso de contrastaci\u00f3n judicial permiti\u00f3 determinar que se trat\u00f3 de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas dentro de un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operaci\u00f3n que estuvo orientado a la consolidaci\u00f3n territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la regi\u00f3n. Para lograrlo, se valieron de la estructura, funciones, recursos y dependencias de la unidad militar y, en el subcaso Casanare en particular, tambi\u00e9n del extinto DAS quien us\u00f3 como instrumentos a los grupos especiales.<\/p>\n La Sala identific\u00f3 dos pol\u00edticas que llevaron a la configuraci\u00f3n del patr\u00f3n criminal de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada XVI. La primera, vinculada a la voluntad de aniquilar a la poblaci\u00f3n estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reinserci\u00f3n por supuesta vinculaci\u00f3n a grupos insurgentes o a la criminalidad. La segunda pol\u00edtica correspondi\u00f3 a un complejo dispositivo de presiones y, especialmente, de incentivos que fueron otorgados a integrantes de la organizaci\u00f3n criminal. Entre otros, los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formaci\u00f3n en el exterior o el traslado al Batall\u00f3n Colombia N\u00b03 en el Sina\u00ed y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso.<\/p>\n En cada una de las unidades militares de la Brigada XVI: Gaula Casanare, el Birno, los batallones de contraguerrillas 23, 29 y 65, los grupos especiales Delta, la Fuerza de Tarea Oro Negro y el Grupo Gu\u00edas del Casanare, se desarroll\u00f3 una clara distribuci\u00f3n de funciones que configur\u00f3 las modalidades del patr\u00f3n criminal. Como complemento de los hallazgos reportados en Norte de Santander y la Costa Caribe, en este subcaso la JEP registr\u00f3 con profundidad, a partir de las conductas relatadas por miembros de planas mayores, comandantes de pelotones y la tropa, c\u00f3mo la organizaci\u00f3n criminal estaba constituida por suborganizaciones de menor dimensi\u00f3n.<\/p>\n El Gaula Casanare, por ejemplo, se caracteriz\u00f3 por presentar supuestos extorsionistas como bajas en falsos combates. Sus integrantes, adem\u00e1s, se valieron de los enga\u00f1os y del uso de reclutadores civiles para extraer a las v\u00edctimas y cometer el il\u00edcito. Por su parte, los grupos Delta y el Grupo Gu\u00edas presentaron como bajas en combate a personas se\u00f1aladas como colaboradoras de la guerrilla y el Birno seleccion\u00f3 entre sus v\u00edctimas a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n Al menos tres modalidades que configuraron el patr\u00f3n criminal fueron documentadas por las Sala: en la primera, los efectivos de la brigada asesinaron a personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales. En la segunda, las v\u00edctimas fueron se\u00f1aladas, a partir de distintas labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas. En la tercera, los miembros de las unidades militares, en coordinaci\u00f3n con reclutadores, que serv\u00edan como informantes, asesinaron a personas enga\u00f1adas que fueron trasladadas desde zonas urbanas.<\/p>\n Por primera vez la JEP revela c\u00f3mo alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS y terceros civiles habr\u00edan conformado la organizaci\u00f3n criminal y participado en la planeaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y encubrimiento de los cr\u00edmenes. Los miembros del extinto DAS participaron en la producci\u00f3n de informaci\u00f3n de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecuci\u00f3n de los hechos. En varios casos incluso asesinaron a las v\u00edctimas.<\/p>\n <\/p>\n Recursos p\u00fablicos del Ej\u00e9rcito, de convenios con petroleras y Fondelibertad fueron usados en la comisi\u00f3n de \u00b4falsos positivos\u00b4<\/strong><\/p>\n En el subcaso Casanare la Sala tambi\u00e9n pudo ahondar y establecer que los recursos de los contribuyentes, as\u00ed como los recursos entregados a las unidades por convenios con las petroleras, fueron destinados de manera irregular para la comisi\u00f3n de los cr\u00edmenes. No solo los recursos de funcionamiento de las unidades sino tambi\u00e9n los destinados a planes de moral y bienestar, incentivos institucionales al buen desempe\u00f1o y los mecanismos de evaluaci\u00f3n, seguimiento y control, terminaron fomentando la producci\u00f3n de falsos resultados.<\/p>\n Especial menci\u00f3n merece el manejo de los recursos al interior del Gaula Casanare que no los orient\u00f3 a la lucha antiextorsi\u00f3n y antisecuestro, sino que destin\u00f3 el dinero a financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate. Esto permiti\u00f3 a una tropa de no m\u00e1s de 70 integrantes competir en el n\u00famero de resultados con un Batall\u00f3n de Infanter\u00eda como el Birno, con el que se disput\u00f3 siempre el lugar.<\/p>\n Quien fuera comandante del Gaula entre 2006 y 2007 confes\u00f3 ante la Sala de Reconocimiento de la JEP que los recursos provenientes de la Direcci\u00f3n Nacional del Gaula y de Fondelibertad fueron destinados para financiar a los reclutadores, darles dinero para su desplazamiento y comprar armas para implantar a las v\u00edctimas. Solo en esta unidad, al menos 140 millones de pesos, correspondientes a recursos de gastos reservados, fueron utilizados con este fin. Seg\u00fan dijo, cuando no hab\u00eda dinero, ped\u00edan prestados los insumos que necesitaban para legalizar las bajas en una ferreter\u00eda y ajustaban cuando llegaban los nuevos recursos.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo operaban los m\u00e1ximos responsables?<\/strong><\/p>\n La organizaci\u00f3n criminal que oper\u00f3 dentro de la Brigada XVI y que fue dirigida por su comandancia funcion\u00f3 en forma de red. Las suborganizaciones actuaban con autonom\u00eda, distribuci\u00f3n de funciones y para lo estrictamente necesario; y esto gener\u00f3 una compartimentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que result\u00f3 esencial para normalizar las distintas tareas. La estructura criminal se caracteriz\u00f3 por ser flexible y din\u00e1mica ante sus necesidades y los cambios institucionales, lo que facilit\u00f3 la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes a partir de las distintas modalidades.<\/p>\n La informaci\u00f3n analizada por la Sala indica que se consolid\u00f3 un sistema de roles asignados en funci\u00f3n de la especialidad de los efectivos. A la hora de seleccionar a las v\u00edctimas se emplearon diferentes mecanismos: el enga\u00f1o o la retenci\u00f3n de personas con antecedentes o anteriormente vinculadas a grupos criminales, o que eran familiares de integrantes de estas organizaciones, o v\u00edctimas sin ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con grupos ilegales o en estado de vulnerabilidad, como sucedi\u00f3 con el asesinato de una trabajadora sexual.<\/p>\n Entre los cr\u00edmenes documentados hay v\u00edctimas asesinadas en situaci\u00f3n de total indefensi\u00f3n. \u00bfLa raz\u00f3n? Los reclutadores las incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes. Tambi\u00e9n porque se seleccionaban perfiles espec\u00edficos como ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en b\u00fasqueda de oportunidades. Bajo estas circunstancias, no medi\u00f3 resistencia de las v\u00edctimas que eran llevadas al lugar de su ejecuci\u00f3n. La Sala tambi\u00e9n encontr\u00f3 pr\u00e1cticas de violencia extrema que reflejan situaciones de malos tratos previos a los asesinatos.<\/p>\n La informaci\u00f3n documentada indica que los cr\u00edmenes se dieron por: 1) presiones a todo nivel a trav\u00e9s de los programas radiales, actas de compromiso, etc., 2) amenazas dirigidas a quienes se negaban a participar en los hechos, e 3) incentivos, como permisos, distintos recursos de los planes de bienestar y la pertenencia a unidades \u00e9lites como los grupos especiales Delta o el Gaula. Sus integrantes, motivados por cumplir con demandas de sus superiores, conservar su posici\u00f3n en el Ej\u00e9rcito, acceder a recursos y acceder a descansos, se acoplaron a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n Asimismo, para encubrir las conductas criminales: 1) los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos e inclu\u00edan informaci\u00f3n que le daba un manto de legalidad, 2) las v\u00edctimas eran reportadas como no identificadas para obstaculizar la judicializaci\u00f3n, 3) los cad\u00e1veres eran trasladados por los militares sin presencia de la polic\u00eda judicial lo que imped\u00eda una adecuada investigaci\u00f3n y 4) las v\u00edctimas eran equipadas con armas, munici\u00f3n y prendas para hacerlas pasar como combatientes, los efectivos denominaban a estos implementos el \u201ckit de legalizaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Asimismo, las muertes estuvieron acompa\u00f1adas de la simulaci\u00f3n de combates dirigidos a encubrir la conducta, y bajo el concepto de \u201cguerra jur\u00eddica\u00bb, el estado mayor de la Brigada XVI evit\u00f3 las investigaciones ante las m\u00faltiples denuncias presentadas por la poblaci\u00f3n civil y las autoridades. La JEP, adem\u00e1s, concluy\u00f3 que la Justicia Penal Militar no investig\u00f3 adecuadamente estas muertes y que as\u00ed contribuy\u00f3 a la perpetuaci\u00f3n de la conducta que ven\u00eda siendo replicada. La impunidad percibida por los responsables en la Justicia Penal Militar permiti\u00f3 que la organizaci\u00f3n criminal siguiera funcionando con libertad a lo largo del periodo analizado.<\/p>\n <\/p>\n Los da\u00f1os sufridos por las\u00a0v\u00edctimas<\/strong><\/p>\n A causa de la desaparici\u00f3n y muerte de sus seres queridos, las v\u00edctimas se enfrentaron a da\u00f1os morales, psicol\u00f3gicos y f\u00edsicos, toda vez que sufrieron de depresi\u00f3n, ansiedad, alucinaciones con sus familiares e incluso intenciones suicidas. Sufrieron m\u00faltiples afectaciones que, adem\u00e1s, pasan por rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre, angustia, estigmatizaci\u00f3n, revictimizaci\u00f3n, amenazas, hostigamientos y afectaciones al patrimonio familiar, entre otros.<\/p>\n La JEP evidenci\u00f3 una afectaci\u00f3n espec\u00edfica en las mujeres. Muchas de ellas debieron modificar sus proyectos de vida para \u201chacer de madre y padre\u00bb. Igualmente, sufrieron da\u00f1os a la honra, buen nombre y dignidad de sus seres queridos que fueron presentados al pa\u00eds como guerrilleros, milicianos o delincuentes muertos en combate. Incluso hubo un ensa\u00f1amiento con familias espec\u00edficas porque varios de sus integrantes fueron asesinados o desaparecidos. Esto caus\u00f3 profundas rupturas en los n\u00facleos familiares y el desplazamiento de todos o de algunos de sus integrantes.<\/p>\n Respecto a los asesinatos de adolescentes, la Sala concluy\u00f3 que son una muestra clara de la afectaci\u00f3n que ha implicado el conflicto para los derechos de la ni\u00f1ez. Tambi\u00e9n determin\u00f3 que la deliberada manipulaci\u00f3n o instrumentalizaci\u00f3n de personas vulnerables, por sus condiciones socioecon\u00f3micas o por discapacidades cognitivas, ayud\u00f3 a consolidar la idea de que las personas en estas condiciones son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginaci\u00f3n que imposibilitan el reconocimiento de la diversidad.<\/p>\n Adicionalmente, a los familiares de las v\u00edctimas se les generaron da\u00f1os materiales relacionados con la p\u00e9rdida o disminuci\u00f3n del patrimonio familiar, a ra\u00edz de la ausencia de la contribuci\u00f3n econ\u00f3mica que las v\u00edctimas asesinadas realizaban al mantenimiento del hogar: los hijos eran los proveedores o eran ya padres y quienes daban recursos al hogar. Tambi\u00e9n hubo una afectaci\u00f3n a la seguridad alimentaria y subsistencia de familias campesinas que depend\u00edan de la fuerza de trabajo de sus integrantes.<\/p>\n <\/p>\n \u00bfQu\u00e9 sigue?<\/strong><\/p>\n Tras ser notificados, los imputados tienen 30 d\u00edas h\u00e1biles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las v\u00edctimas acreditadas y el Ministerio P\u00fablico tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.<\/p>\n Una vez venza el plazo, la JEP decidir\u00e1 si fija una fecha para una audiencia p\u00fablica de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.<\/p>\n Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitir\u00e1 el caso a la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podr\u00edan ser condenados con una pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Metodolog\u00eda del caso 03<\/strong><\/p>\n Con esta decisi\u00f3n judicial se conoce la tercera imputaci\u00f3n asociada con los seis territorios priorizados dentro del Caso 03: Costa Caribe, Norte de Santander, Antioquia, Huila y Meta. Esta es el primer auto de determinaci\u00f3n de hechos y conductas que se relaciona con el subcaso Casanare. Las imputaciones formuladas por la Sala son el resultado de la contrastaci\u00f3n judicial y el an\u00e1lisis de todo el acervo probatorio:<\/p>\n 8 informes aportados por entidades estatales como Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda, adem\u00e1s de organizaciones de v\u00edctimas y defensoras de derechos humanos.<\/p>\n 106 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares).<\/p>\n Las observaciones de las v\u00edctimas y de la Procuradur\u00eda a las versiones en informes escritos y en audiencias p\u00fablicas.<\/p>\n Las inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicci\u00f3n Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes que la Sala ha recibido por parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/295729945_355671706755411_1426629549410059337_n.jpg\")
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