![\"\"](\"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/foto-interna-negada-medida-cautelar-.png\")
<\/p>\nEl Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal rechaz\u00f3 la solicitud de medida cautelar solicitada en una acci\u00f3n popular instaurada por el exalcalde Leonardo Puentes mediante la cual se pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n del contrato No. 147 de 2022 entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) y la empresa SSYAM de Colombia S.A.S, por 15.446 millones de pesos, cuyo objeto es la construcci\u00f3n de una planta de tratamiento y el aprovechamiento de residuos s\u00f3lidos en el relleno sanitario El Cascajar, por 25 a\u00f1os.<\/p>\n
El juez Lubier An\u00edbal Acosta Gonz\u00e1lez consider\u00f3 que los requisitos para decretar una medida cautelar no se cumpl\u00edan, ya que el objeto del contrato no se enmarca dentro de aquellos en los que deban pactarse cl\u00e1usulas exorbitantes o excepcionales, y que la inversi\u00f3n para la ejecuci\u00f3n de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, por lo que no pone en riesgo el inter\u00e9s general de la comunidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el juez consider\u00f3 que los hechos planteados en la demanda y las pruebas aportadas con ella no eran suficientes para concluir que exist\u00eda un da\u00f1o contingente que se pudiera conjurar con la medida previa solicitada. Tambi\u00e9n expres\u00f3 que no se produc\u00eda un da\u00f1o irremediable porque el accionante no lo acredit\u00f3 y porque el riesgo para el Estado era el de dejar de obtener el beneficio de una actividad que actualmente no es objeto de aprovechamiento, ni de ingresos para las finanzas de la entidad, ni del municipio.<\/p>\n
El accionante popular argumenta que el contrato No. 147 de 2022 es violatorio de la legalidad, ya que no se han realizado los estudios, an\u00e1lisis, verificaciones y cotejos m\u00ednimos para evaluar los costos de las obras, su calidad, eficiencia y confiabilidad tecnol\u00f3gica, adem\u00e1s de que no se verific\u00f3, asegur\u00f3 ni contrast\u00f3 la capacidad financiera del contratista ni la experiencia del mismo en la operaci\u00f3n de este tipo de proyectos. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que no se evalu\u00f3 el panorama de riesgos, ni el impacto para la econom\u00eda de los ciudadanos y las finanzas de la empresa.<\/p>\n
La EAAAY argument\u00f3 que no se produc\u00eda un da\u00f1o irremediable porque la inversi\u00f3n para la ejecuci\u00f3n de la fase 1 del contrato proviene exclusivamente del sector privado, y porque avanzar en la construcci\u00f3n y puesta en funcionamiento de una planta de aprovechamiento de residuos s\u00f3lidos, en predio del Estado sin que se haga transferencia del mismo al contratista, de manera alguna pone en riesgo el inter\u00e9s general de la comunidad, m\u00e1s la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de las obras, modifica de manera alguna el estado actual de cosas para la comunidad.<\/p>\n
El proceso contin\u00faa con la verificaci\u00f3n de cumplimiento de la sentencia, para lo cual se estudiar\u00e1n los requisitos contemplados en el art\u00edculo 231 del CPACA para la procedencia de la medida cautelar. Una vez concluido el estudio, se emitir\u00e1 una decisi\u00f3n de fondo en el presente asunto.<\/p>\n
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016 AUTO niega solicitud de medida cautelar<\/a><\/strong><\/p>\nOtras noticias…<\/h2>\n