El proceso para elegir al pr\u00f3ximo contralor departamental de Casanare (periodo 2026\u20132029) termin\u00f3 como empez\u00f3: envuelto en pol\u00e9mica, decisiones contradictorias y una profunda fractura institucional.<\/p>\n\n\n\n
Esta vez, fue el Tribunal Administrativo de Casanare el que puso el punto final, no validando el concurso, sino declarando que ya no hab\u00eda nada que proteger<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En una sentencia de segunda instancia, de este 12 de diciembre, el Tribunal revoc\u00f3 el fallo que hab\u00eda ordenado reanudar el concurso desde donde fue suspendido. <\/p>\n\n\n\n Consider\u00f3 que se configur\u00f3 una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente<\/strong>: la Asamblea termin\u00f3 el contrato con la Universidad de Cartagena y decidi\u00f3 iniciar un nuevo proceso desde cero con otro operador log\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n Dicho de otra forma: el proceso ya hab\u00eda muerto, jur\u00eddicamente, cuando el juez intent\u00f3 salvarlo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La convocatoria p\u00fablica fue abierta mediante la Resoluci\u00f3n 046 del 29 de julio de 2025 y delegada a la Universidad de Cartagena.<\/p>\n\n\n\n Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por modificaciones forzadas al cronograma, ampliaciones de inscripciones por \u00f3rdenes judiciales, suspensiones intempestivas y una creciente judicializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El momento cr\u00edtico lleg\u00f3 el 15 de octubre de 2025, cuando la Asamblea no public\u00f3 los resultados preliminares de la prueba de conocimientos<\/strong>, como estaba previsto, y en su lugar suspendi\u00f3 el concurso alegando la posible filtraci\u00f3n de resultados en redes sociales.<\/p>\n\n\n\n D\u00edas despu\u00e9s, y solo tras un incidente de desacato, la Mesa Directiva public\u00f3 los resultados preliminares, para luego revocar integralmente toda la actuaci\u00f3n administrativa<\/strong> mediante la Resoluci\u00f3n 069 del 13 de noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n Varios aspirantes, quienes se cre\u00edan con derechos, acudieron a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n\n\n\n En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal les dio la raz\u00f3n. Consider\u00f3 que la revocatoria era desproporcionada, vulneraba el debido proceso y desconoc\u00eda el principio del m\u00e9rito. Orden\u00f3 continuar el concurso desde las etapas ya surtidas.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, antes de que esa orden pudiera ejecutarse<\/strong>, la Asamblea tom\u00f3 una decisi\u00f3n de alto impacto. Termin\u00f3, de mutuo acuerdo, el contrato con la Universidad de Cartagena. Adem\u00e1s suscribi\u00f3 un nuevo contrato con la Universidad de Pamplona y anunci\u00f3 el inicio de una nueva convocatoria desde la primera fase.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Administrativo de Casanare concluy\u00f3 que la orden judicial se volvi\u00f3 imposible de cumplir, pues la convocatoria original fue revocada, el contrato con la Universidad de Cartagena termin\u00f3 y la Asamblea decidi\u00f3 iniciar un nuevo proceso con otro operador.<\/p>\n\n\n\n Esa situaci\u00f3n configur\u00f3 una carencia actual de objeto<\/strong>, raz\u00f3n por la cual el fallo de primera instancia fue revocado.<\/p>\n\n\n\n No porque el Tribunal avalara el manejo inicial del proceso, sino porque el objeto de la tutela desapareci\u00f3<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Aunque el fallo se resuelve por razones procesales, el Tribunal dej\u00f3 constancia de un elemento de fondo: la ruptura de la cadena de custodia y confidencialidad de la prueba de conocimientos.<\/p>\n\n\n\n La aparici\u00f3n anticipada de puntajes y nombres de aspirantes en redes sociales comprometi\u00f3 la credibilidad del concurso y termin\u00f3 siendo el punto de quiebre que hizo inviable su continuidad.<\/p>\n\n\n\n La elecci\u00f3n del contralor de Casanare deber\u00e1 comenzar de nuevo, con otro operador y bajo un mayor escrutinio p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Pero el da\u00f1o institucional ya est\u00e1 hecho: meses perdidos, aspirantes afectados y una confianza ciudadana erosionada.<\/p>\n\n\n\n La lecci\u00f3n es clara: cuando los procesos de m\u00e9rito se administran sin planeaci\u00f3n ni transparencia, ni siquiera los jueces alcanzan a sostenerlos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del reinicio formal del proceso, lo que queda es una profunda desconfianza institucional<\/strong> frente a la Asamblea Departamental.<\/p>\n\n\n\n No se trat\u00f3 de un error t\u00e9cnico aislado ni de un simple tropiezo administrativo. <\/p>\n\n\n\n A lo largo del proceso se acumularon decisiones contradictorias, cambios de rumbo, desacatos y maniobras que terminaron politizando un concurso que deb\u00eda ser estrictamente meritocr\u00e1tico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La percepci\u00f3n que queda instalada es que el proceso fue direccionado pol\u00edticamente<\/strong>, y que cuando los resultados no coincidieron con ciertas expectativas, la salida fue hundir el concurso completo<\/strong> en lugar de corregirlo con transparencia y rigor.<\/p>\n\n\n\n El problema ya no es qui\u00e9n ser\u00e1 el pr\u00f3ximo contralor, sino qu\u00e9 garant\u00edas reales existen de que el nuevo proceso no repita los mismos vicios<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n Porque si un concurso p\u00fablico de esta naturaleza pudo naufragar de esta forma, la pregunta de fondo es si la Asamblea est\u00e1 hoy en condiciones de liderar un proceso cre\u00edble, imparcial y ajeno a intereses pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nUn proceso accidentado desde su origen<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nLa tutela que orden\u00f3 continuar\u2026 y la decisi\u00f3n que lo cambi\u00f3 todo<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nEl argumento central del Tribunal: ya no hay concurso que proteger<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\nLa filtraci\u00f3n de resultados: el punto de quiebre institucional<\/h2>\n\n\n\n
\n\n\n\n\u00bfY ahora qu\u00e9 queda?<\/h2>\n\n\n\n