{"id":40362,"date":"2026-05-29T16:12:38","date_gmt":"2026-05-29T21:12:38","guid":{"rendered":"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/?p=40362"},"modified":"2026-05-29T16:14:42","modified_gmt":"2026-05-29T21:14:42","slug":"cafe-amargo-casanare-contrato-barrera-fiscalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/cafe-amargo-casanare-contrato-barrera-fiscalia\/","title":{"rendered":"Caf\u00e9 amargo en Casanare: contrato de $1.600 millones de la era Alirio Barrera, bajo indagaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, seg\u00fan PARES"},"content":{"rendered":"\n

Imagine que el Estado promete ayudar a un grupo de campesinos entreg\u00e1ndoles plantas de caf\u00e9 buenas, fuertes y listas para sembrar. Para eso contrata a unas empresas, les entrega m\u00e1s de $1.600 millones y adem\u00e1s paga una interventor\u00eda para que alguien vigile que todo se haga bien.<\/p>\n\n\n\n

Eso fue, en t\u00e9rminos sencillos, lo que ocurri\u00f3 con el contrato de prestaci\u00f3n de servicios No. 1955 de 2017, adjudicado durante la administraci\u00f3n del entonces gobernador de Casanare, Alirio Barrera, hoy senador del Centro Democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

El objetivo era establecer 100 hect\u00e1reas de caf\u00e9 variedad Castillo como alternativa productiva para campesinos del departamento. Pero, seg\u00fan un informe de la Fundaci\u00f3n Paz & Reconciliaci\u00f3n, Pares, el proyecto termin\u00f3 rodeado de presuntas irregularidades, dudas sobre la calidad de las plantas entregadas, posibles v\u00ednculos entre contratistas e interventor\u00eda, y actuaciones tard\u00edas de los \u00f3rganos de control.<\/p>\n\n\n

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La promesa: sembrar caf\u00e9 y apoyar a campesinos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El contrato fue adjudicado al Consorcio Caf\u00e9 Casanare 2017, integrado por tres organizaciones: CorpoAire, con el 40%; CEFIN, con el 30%; y la Asociaci\u00f3n Agropecuaria y Empresarial El Diamante, con el 30%.<\/p>\n\n\n\n

La idea era que estas organizaciones entregaran el material vegetal necesario para sembrar caf\u00e9 en el departamento. En teor\u00eda, el proyecto deb\u00eda fortalecer la producci\u00f3n campesina y abrir una nueva alternativa econ\u00f3mica para familias rurales.<\/p>\n\n\n\n

Pero los campesinos comenzaron a denunciar que las plantas entregadas no ten\u00edan la calidad esperada.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el informe, algunas pl\u00e1ntulas habr\u00edan llegado en espuma y no en bolsa negra, como suele hacerse con este tipo de cultivos. Adem\u00e1s, habr\u00edan tenido una altura de apenas 15 a 20 cent\u00edmetros, cuando las condiciones contratadas exig\u00edan plantas m\u00e1s desarrolladas.<\/p>\n\n\n\n

Dicho de forma simple: se habr\u00eda pagado por plantas que deb\u00edan llegar listas y fuertes, pero a varios beneficiarios les habr\u00edan entregado material d\u00e9bil, peque\u00f1o y con pocas posibilidades de sobrevivir bien en el terreno.<\/p>\n\n\n

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El rat\u00f3n cuidando el queso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En cualquier contrato p\u00fablico hay una figura clave: la interventor\u00eda. Es la persona o equipo encargado de revisar que el contratista cumpla lo pactado. Es como el \u00e1rbitro de un partido: no juega para ning\u00fan equipo, sino que debe vigilar que las reglas se cumplan.<\/p>\n\n\n\n

En este caso, la interventor\u00eda estuvo a cargo de Claudia Consuelo Acevedo Monta\u00f1ez, por un valor de $100 millones.<\/p>\n\n\n\n

El punto delicado, seg\u00fan Pares, es que Acevedo tendr\u00eda presuntos v\u00ednculos familiares con Malena Dayanna Barrera Acevedo, representante legal de CorpoAire, la organizaci\u00f3n con mayor participaci\u00f3n dentro del consorcio contratista.<\/p>\n\n\n\n

Esto plantea una alerta evidente: si quien debe vigilar tiene cercan\u00eda familiar o influencia con quienes ejecutan el contrato, la vigilancia pierde independencia. Ser\u00eda como poner a revisar un examen a alguien cercano al estudiante evaluado.<\/p>\n\n\n\n

El informe tambi\u00e9n se\u00f1ala que la Procuradur\u00eda encontr\u00f3 que Claudia Acevedo no solo habr\u00eda actuado como interventora, sino que presuntamente habr\u00eda tenido incidencia en decisiones internas del mismo consorcio contratista, aunque no apareciera formalmente como representante legal.<\/p>\n\n\n\n

Los nombres que aparecen en el informe<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El protagonista pol\u00edtico principal es Alirio Barrera, entonces gobernador de Casanare entre 2016 y 2019, periodo en el que se adjudic\u00f3 el contrato. Hoy Barrera es senador del Centro Democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n aparecen las organizaciones contratistas del Consorcio Caf\u00e9 Casanare 2017: CorpoAire, representada por Malena Dayanna Barrera Acevedo; CEFIN, representada por Alberto Luis Torres Parelo; y la Asociaci\u00f3n Agropecuaria y Empresarial El Diamante, representada por Jos\u00e9 Israel Castiblanco Infante.<\/p>\n\n\n\n

El informe expresa que la Procuradur\u00eda cuestion\u00f3 la interventor\u00eda por no haber exigido presuntamente la calidad de los bienes contratados y por certificar satisfacci\u00f3n contractual pese a las posibles fallas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n son mencionados Camilo Alberto Montagut Fern\u00e1ndez, entonces secretario de Agricultura, Ganader\u00eda y Medio Ambiente de la Gobernaci\u00f3n de Casanare, y Jymmy Coba Vaca, director t\u00e9cnico de Desarrollo Rural, dentro de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuradur\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El caf\u00e9 se enfri\u00f3 y las IAS tambi\u00e9n. Dejaron prescribir investigaciones.\u00a0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La Contralor\u00eda revis\u00f3 el caso despu\u00e9s de recibir una denuncia an\u00f3nima. Seg\u00fan el informe de Pares, ese organismo encontr\u00f3 inconsistencias en la entrega de las pl\u00e1ntulas, falta de soportes sobre la procedencia de las semillas y posibles incumplimientos en las condiciones contratadas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se advirti\u00f3 que algunas semillas ten\u00edan fechas de vencimiento muy cercanas a la firma del contrato, lo que habr\u00eda afectado la germinaci\u00f3n y productividad.<\/p>\n\n\n\n

La Contralor\u00eda lleg\u00f3 a hablar de un posible detrimento patrimonial cercano a $825 millones. Es decir, una posible p\u00e9rdida de recursos p\u00fablicos. Sin embargo, pese a esos hallazgos, el caso termin\u00f3 archivado.<\/p>\n\n\n\n

La Procuradur\u00eda tambi\u00e9n conoci\u00f3 los hechos, abri\u00f3 indagaci\u00f3n preliminar en 2020, inici\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria en 2021 y formul\u00f3 pliego de cargos en 2023.<\/p>\n\n\n\n

Pero en mayo de 2024, la Procuradur\u00eda de juzgamiento del Meta archiv\u00f3 el proceso por prescripci\u00f3n. En palabras sencillas: el caso se demor\u00f3 tanto que se venci\u00f3 el tiempo legal para sancionar disciplinariamente.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta es inevitable: si los \u00f3rganos de control ya ten\u00edan se\u00f1ales de alarma, \u00bfpor qu\u00e9 el proceso no avanz\u00f3 a tiempo?<\/p>\n\n\n

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Ojal\u00e1 en la Fiscal\u00eda no se duerma el proceso como en las otras \u00cdAS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Aunque la Contralor\u00eda y la Procuradur\u00eda archivaron sus actuaciones, el informe se\u00f1ala que actualmente existe una investigaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en etapa de indagaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ese proceso ser\u00e1 clave para determinar si las presuntas irregularidades fueron solo fallas administrativas o si pueden constituir delitos.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda deber\u00e1 revisar si hubo favorecimientos indebidos, omisiones, posibles falsedades, da\u00f1o al patrimonio p\u00fablico o responsabilidades penales de quienes participaron en la contrataci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, supervisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n del proyecto.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n deber\u00e1 establecer si los campesinos afectados tendr\u00e1n alg\u00fan tipo de respuesta real, porque al final fueron ellos quienes recibieron el impacto m\u00e1s directo: un proyecto que promet\u00eda fortalecer sus cultivos, pero que habr\u00eda terminado entregando material vegetal deficiente.<\/p>\n\n\n\n

Si el control llega tarde, la impunidad llega primero<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Este caso no habla solo de un contrato mal ejecutado. Habla de una forma de manejar recursos p\u00fablicos en la que aparecen contratistas recurrentes, presuntos v\u00ednculos familiares, interventor\u00edas cuestionadas, pol\u00edticos regionales y campesinos que terminan pagando las consecuencias.<\/p>\n\n\n\n

La imagen es sencilla: la plata sali\u00f3, el contrato se ejecut\u00f3 formalmente, alguien certific\u00f3 que todo estaba bien, pero los campesinos denunciaron que las plantas no serv\u00edan como deb\u00edan. Luego llegaron los \u00f3rganos de control, encontraron problemas, pero dejaron vencer el tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Ahora la pregunta queda en manos de la Fiscal\u00eda: \u00bffue solo desorden administrativo o hubo una trama de corrupci\u00f3n alrededor de un contrato que deb\u00eda beneficiar al campo casanare\u00f1o?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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