<\/p>\n\n\n\n
La p\u00e9rdida de investidura del diputado de Casanare Heyder Alexander Silva Garc\u00eda, de la Alianza Verde, tiene ahora una explicaci\u00f3n de fondo en la sentencia del Consejo de Estado: no se trat\u00f3 \u00fanicamente de la creaci\u00f3n de un cargo en la Asamblea Departamental, sino de la participaci\u00f3n del diputado en un debate donde, seg\u00fan el alto tribunal, ten\u00eda un conflicto de intereses de car\u00e1cter moral.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed se desprende del fallo que apenas fue publicado ayer 23 de junio de forma oficial en la p\u00e1gina del Consejo de Estado.<\/p>\n\n\n\n
La Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal Administrativo de Casanare, que inicialmente hab\u00eda negado la p\u00e9rdida de investidura, y concluy\u00f3 que Silva Garc\u00eda incurri\u00f3 en la causal de violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de conflicto de intereses.<\/p>\n\n\n\n
El caso gira alrededor del proyecto de Ordenanza 002 de 2025, con el cual la Asamblea buscaba modificar su planta de personal y corregir inconsistencias relacionadas con un cargo creado meses antes por el propio Silva, cuando ejerc\u00eda como presidente de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la sentencia, Silva Garc\u00eda expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n ADC 085 del 16 de diciembre de 2024, mediante la cual cre\u00f3 el cargo de profesional universitario, c\u00f3digo 219, grado 02, con una asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual de $5.450.842.<\/p>\n\n\n\n
Dos d\u00edas despu\u00e9s, mediante la Resoluci\u00f3n ADC 086 del 18 de diciembre de 2024, nombr\u00f3 en provisionalidad a Martha Alexandra Santos Ben\u00edtez, quien tom\u00f3 posesi\u00f3n el 30 de diciembre de ese a\u00f1o, a pocos d\u00edas de finalizar el periodo de Silva como presidente de la Asamblea.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n jur\u00eddica posterior no se limit\u00f3 a si el cargo era legal o ilegal. El Consejo de Estado aclar\u00f3 que la p\u00e9rdida de investidura no era el mecanismo para anular esos actos administrativos. La pregunta central era otra: si Silva pod\u00eda intervenir en el debate de una ordenanza que buscaba corregir una situaci\u00f3n administrativa generada por una decisi\u00f3n suya.<\/p>\n\n\n\n
Para el Consejo de Estado, no pod\u00eda hacerlo.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de Ordenanza 002 de 2025 buscaba modificar la planta de personal de la Asamblea Departamental de Casanare. En la pr\u00e1ctica, seg\u00fan el fallo, esa iniciativa ten\u00eda relaci\u00f3n directa con el cargo creado por Silva cuando presid\u00eda la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, para la Sala, el debate no era neutro frente al diputado. No se trataba de una discusi\u00f3n general sobre la administraci\u00f3n p\u00fablica ni de una diferencia pol\u00edtica ordinaria entre diputados. La ordenanza ten\u00eda efectos sobre una actuaci\u00f3n administrativa adoptada por \u00e9l mismo.<\/p>\n\n\n\n
Ese fue uno de los puntos centrales del fallo: Silva particip\u00f3 en la sesi\u00f3n del 10 de abril de 2025, intervino en la discusi\u00f3n y no manifest\u00f3 impedimento, pese a que durante la sesi\u00f3n otro diputado le advirti\u00f3 sobre la posible existencia de un conflicto de intereses.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado consider\u00f3 que su intervenci\u00f3n estaba relacionada con la defensa de un acto propio y con la oposici\u00f3n a una medida que buscaba corregir sus efectos dentro de la Asamblea.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los argumentos m\u00e1s relevantes de la sentencia es que el conflicto de intereses no exige necesariamente que exista un beneficio econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado sostuvo que tambi\u00e9n puede haber conflicto de car\u00e1cter moral cuando el servidor p\u00fablico tiene un inter\u00e9s particular en defender una actuaci\u00f3n propia, proteger su imagen, preservar los efectos de una decisi\u00f3n o evitar consecuencias derivadas de ella.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, el alto tribunal concluy\u00f3 que el inter\u00e9s de Silva era directo, particular y actual.<\/p>\n\n\n\n
Era directo, porque la ordenanza afectaba una decisi\u00f3n tomada por \u00e9l cuando presid\u00eda la Asamblea.<\/p>\n\n\n\n
Era particular, porque no se trataba de un inter\u00e9s compartido con la ciudadan\u00eda ni con todos los diputados, sino de una situaci\u00f3n ligada a su actuaci\u00f3n individual.<\/p>\n\n\n\n
Y era actual, porque el debate se dio mientras el cargo creado segu\u00eda produciendo efectos administrativos y presupuestales dentro de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia tambi\u00e9n tuvo en cuenta que, antes del debate, Silva Garc\u00eda present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n en inter\u00e9s particular relacionado con el proyecto de ordenanza y con la profesional universitaria nombrada en el cargo.<\/p>\n\n\n\n
Para el Consejo de Estado, ese documento no fue un hecho menor. La Sala lo interpret\u00f3 como una evidencia de que el diputado buscaba preservar la vigencia del acto administrativo que \u00e9l mismo hab\u00eda expedido y mantener los efectos jur\u00eddicos del nombramiento realizado en provisionalidad.<\/p>\n\n\n\n
Ese elemento reforz\u00f3 la tesis de que Silva no actuaba \u00fanicamente como diputado dentro de una deliberaci\u00f3n ordinaria, sino como alguien interesado en la permanencia de una decisi\u00f3n administrativa propia.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto valorado por el Consejo de Estado fue el impacto presupuestal del cargo creado.<\/p>\n\n\n\n
En el proceso se se\u00f1al\u00f3 que la asignaci\u00f3n fijada para el cargo representaba un incremento considerable frente a lo proyectado en estudios t\u00e9cnicos previos. Tambi\u00e9n se mencion\u00f3 que la situaci\u00f3n hab\u00eda sido advertida por la Secretar\u00eda General de la Asamblea, que recomend\u00f3 corregir la planta de personal para atender criterios de competencia, legalidad y sostenibilidad financiera.<\/p>\n\n\n\n
Para el alto tribunal, la Ordenanza 002 de 2025 buscaba precisamente corregir esa situaci\u00f3n administrativa. Por eso, la participaci\u00f3n de Silva en el debate compromet\u00eda la imparcialidad que deb\u00eda observar como diputado.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado sostuvo que, ante ese escenario, lo esperable era que Silva manifestara su impedimento y se apartara de la discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Sala tambi\u00e9n analiz\u00f3 el elemento subjetivo de la conducta, es decir, si Silva estaba en condiciones de comprender que deb\u00eda declararse impedido.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado tuvo en cuenta su experiencia como diputado, su trayectoria anterior como concejal de Yopal y su conocimiento del funcionamiento de las corporaciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
Con base en esos elementos, concluy\u00f3 que no se trat\u00f3 de un simple error o descuido. Para el alto tribunal, Silva sab\u00eda o estaba en capacidad de saber que su participaci\u00f3n en el debate pod\u00eda comprometer su imparcialidad.<\/p>\n\n\n\n