La providencia todav\u00eda puede ser recurrida y, por tanto, no se encuentra en firme.<\/p>\n\n\n\n
Los supuestos responsables fiscales, en primera instancia<\/h2>\n\n\n\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n conocida, la Contralor\u00eda declar\u00f3 fiscalmente responsables, a t\u00edtulo de culpa grave y con diferentes montos solidarios, a seis personas vinculadas con la construcci\u00f3n, administraci\u00f3n o supervisi\u00f3n del proyecto.<\/p>\n\n\n\n
Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez<\/strong>, constructor y cogestor del proyecto, aparece como responsable por el total del da\u00f1o fiscal, calculado en $18.718 millones<\/strong>. La Contralor\u00eda le atribuy\u00f3 la ejecuci\u00f3n de obras con dise\u00f1os que no cumpl\u00edan la norma sismorresistente NSR-10, adem\u00e1s de deficiencias constructivas reflejadas en concretos de baja resistencia, muros desplomados y ausencia de elementos de confinamiento. Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la no devoluci\u00f3n de un saldo del anticipo cercano a $632 millones<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Narda Consuelo Perilla Alonso<\/strong>. Ejerci\u00f3 como asesora de Vivienda de la Gobernaci\u00f3n y supervisora del convenio entre 2013 y 2015. Declarada responsable solidaria por $12.380 millones<\/strong>. De acuerdo con el fallo, autoriz\u00f3 23 giros pese a que exist\u00edan informes sobre resultados deficientes en pruebas de laboratorio e incumplimientos reiterados del constructor.<\/p>\n\n\n\n Alexander Cort\u00e9s Medina<\/strong>, exgerente del IDURY entre 2012 y 2015, deber\u00e1 responder, seg\u00fan esta primera decisi\u00f3n, por $4.860 millones<\/strong>. El organismo de control se\u00f1al\u00f3 que aprob\u00f3 nueve \u00f3rdenes de pago mientras la interventor\u00eda advert\u00eda sobre retrasos, dificultades financieras y problemas de calidad, sin adoptar medidas suficientes para proteger los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Rafael Nayib Fonseca Saad<\/strong>. Estuvo al frente del IDURY durante parte de 2015. Declarado responsable por $4.850 millones<\/strong>. Durante su administraci\u00f3n se autorizaron ocho pagos, aunque ya exist\u00edan reportes sobre incumplimientos contractuales y deficiencias t\u00e9cnicas. La Contralor\u00eda reconoci\u00f3 que posteriormente remiti\u00f3 una advertencia a la Gobernaci\u00f3n, pero consider\u00f3 que los recursos continuaron fluyendo hacia una obra con problemas previamente documentados.<\/p>\n\n\n\n Sandra Lorena Cruz Quintero<\/strong>. Supervisora departamental entre 2016 y 2019. Vinculada por $1.652 millones<\/strong>. La decisi\u00f3n le atribuy\u00f3 la aprobaci\u00f3n de nueve \u00f3rdenes de pago, por un valor base superior a los $1.000 millones<\/strong>, en una etapa en la que los informes de interventor\u00eda ya evidenciaban la profunda crisis del proyecto.<\/p>\n\n\n\n Didier Mauricio Montoya Campos<\/strong>, exgerente del IDURY entre 2016 y 2017. Declarado responsable por $1.423 millones<\/strong>. Seg\u00fan el fallo, autoriz\u00f3 siete desembolsos cuando ya se hab\u00edan reportado abandono de obras, fallas en los concretos y una situaci\u00f3n t\u00e9cnica cr\u00edtica, sin que se hubieran tomado acciones eficaces para frenar o corregir el deterioro.<\/p>\n\n\n\n Estos valores no deben sumarse entre s\u00ed como si fueran condenas independientes.<\/p>\n\n\n\n La CGR impone la responsabilidad de manera solidaria y seg\u00fan el grado de participaci\u00f3n atribuido a cada uno. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El fallo vincul\u00f3 como terceras civilmente responsables a la Compa\u00f1\u00eda Nacional de Seguros S.A. y a La Previsora S.A., con el fin de hacer efectivas las p\u00f3lizas de cumplimiento, manejo del anticipo y protecci\u00f3n frente a fallos de responsabilidad fiscal.<\/p>\n\n\n\n En el caso de la Compa\u00f1\u00eda Nacional de Seguros se mencionan amparos por $1.367 millones<\/strong> para cumplimiento y $1.042 millones indexados<\/strong> por buen manejo del anticipo.<\/p>\n\n\n\n El fallo de primera instancia no responsabiliz\u00f3 a todos los investigados.<\/p>\n\n\n\n Los declarados sin responsabilidad fiscal:<\/p>\n\n\n\n En otros casos, la Contralor\u00eda declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n fiscal, entre ellos los relacionados con antiguos funcionarios de Planeaci\u00f3n de Yopal y algunas empresas vinculadas a contratos de consultor\u00eda e interventor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Obedeciendo un fallo judicial para reubicar a familias del asentamiento La Esmeralda, el proyecto Torres del Silencio buscaba una soluci\u00f3n habitacional para cerca de 400 familias. <\/p>\n\n\n\n El proyecto recibi\u00f3 recursos p\u00fablicos de la Gobernaci\u00f3n de Casanare y del municipio de Yopal, por medio del entonces IDURY.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las obras quedaron inconclusas y presentaron graves deficiencias t\u00e9cnicas y estructurales. Las familias no recibieron las viviendas y las edificaciones permanecieron abandonadas durante a\u00f1os, convertidas en uno de los mayores s\u00edmbolos del fracaso de la vivienda p\u00fablica en Casanare.<\/p>\n\n\n\n \u00abLa demolici\u00f3n se hizo en la mitad del plazo previsto de 45 d\u00edas\u00bb, expres\u00f3 el alcalde de Yopal Marco Tulio Ru\u00edz.<\/p>\n\n\n\n Con el lote despejado, el municipio entreg\u00f3 el terreno para que la Gobernaci\u00f3n avance en un nuevo proyecto habitacional.<\/p>\n\n\n\n La coincidencia resulta significativa: el mismo d\u00eda en que las autoridades mostraron la desaparici\u00f3n f\u00edsica de las torres, se conoci\u00f3 una decisi\u00f3n que busca establecer qui\u00e9nes deber\u00e1n responder por el dinero perdido.<\/p>\n\n\n\n La demolici\u00f3n elimina las estructuras abandonadas, pero no borra 15 a\u00f1os de espera, investigaciones y frustraciones<\/strong> para cientos de familias.<\/p>\n\n\n\n Curiosamente el entonces gobernador de Casanare, Ra\u00fal Iv\u00e1n Fl\u00f3rez, (2008-2011), ampliamente involucrado con este proyecto, qued\u00f3 libre de responsabilidad fiscal. <\/p>\n\n\n\n Una paradoja marc\u00f3 este 23 de julio la historia de las Torres del Silencio. Mientras las autoridades anunciaban la culminaci\u00f3n de la demolici\u00f3n del fallido proyecto habitacional, emergi\u00f3 la informaci\u00f3n sobre el fallo de responsabilidad fiscal contra varios de los involucrados en la p\u00e9rdida de los recursos p\u00fablicos invertidos desde 2011. 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Tambi\u00e9n hubo absoluciones y casos afectados por caducidad<\/h2>\n\n\n\n
\n
Un proyecto iniciado en 2011 que nunca entreg\u00f3 las viviendas<\/h2>\n\n\n\n
Demolici\u00f3n y responsabilidad, 15 a\u00f1os despu\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n
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