La acci\u00f3n fue dirigida contra la resoluci\u00f3n mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declar\u00f3 oficialmente elegida la f\u00f3rmula para el periodo 2026-2030 y contra los documentos que sustentaron el escrutinio, entre ellos los formularios E-14, E-24 y E-26.<\/p>\n\n\n\n
El Consejo de Estado admiti\u00f3 la demanda para su estudio mediante un auto fechado el 24 de julio. Esto no significa que haya anulado la elecci\u00f3n ni que haya concluido que existi\u00f3 fraude: \u00fanicamente abre el proceso para examinar los argumentos, recibir las respuestas de las autoridades electorales y valorar las pruebas t\u00e9cnicas.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia anunciada por Petro<\/h2>\n\n\n\n
El proceso tom\u00f3 relevancia nacional despu\u00e9s de que el presidente Gustavo Petro anunciara que acudir\u00eda a la justicia por las presuntas irregularidades que, seg\u00fan \u00e9l, se habr\u00edan presentado en las elecciones presidenciales.<\/p>\n\n\n\n
El 20 de julio anunci\u00f3 p\u00fablicamente que divulgar\u00eda la demanda y sostuvo que esta estaba respaldada por informaci\u00f3n recopilada por miles de ciudadanos a quienes denomin\u00f3 \u201ctestigos digitales\u201d. El documento hab\u00eda sido presentado por un grupo de ciudadanos el 17 de julio ante la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis t\u00e9cnico se\u00f1ala que su prop\u00f3sito es establecer si los archivos digitales contaban con controles suficientes de autenticidad, integridad y trazabilidad. <\/p>\n\n\n\n
Es decir, si pod\u00eda comprobarse correctamente de qu\u00e9 mesa proven\u00eda cada documento, si permaneci\u00f3 intacto, cu\u00e1ndo fue publicado y si sus resultados correspond\u00edan con las firmas de los jurados.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 es lo que realmente se cuestiona?<\/h2>\n\n\n\n
El formulario E-14 es el documento que diligencian los jurados despu\u00e9s de contar los votos. All\u00ed anotan cu\u00e1ntos obtuvo cada candidato y certifican el resultado con sus firmas.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, esos datos pasan por otras etapas del escrutinio y se consolidan en formularios como los E-24 y E-26. La publicaci\u00f3n digital de los E-14 permite que partidos, periodistas, testigos electorales y ciudadanos comparen lo ocurrido en cada mesa con el resultado oficialmente declarado.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la demanda, en 2022 los archivos digitales inclu\u00edan una identificaci\u00f3n m\u00e1s precisa de la mesa, fechas, metadatos y huellas digitales que facilitaban comprobar su origen e integridad.<\/p>\n\n\n\n
En los documentos de 2026, en cambio, habr\u00edan aparecido nombres gen\u00e9ricos, informaci\u00f3n interna incompleta y una separaci\u00f3n entre la p\u00e1gina que conten\u00eda los resultados y la hoja con las firmas de los jurados.<\/p>\n\n\n\n
Volviendo al ejemplo de la factura: el problema no es que el valor est\u00e9 necesariamente equivocado, sino que se habr\u00edan reducido los elementos que permiten comprobar que el documento es aut\u00e9ntico, completo y corresponde exactamente a la operaci\u00f3n indicada.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La demanda menciona, entre otros elementos:<\/p>\n\n\n\n Ninguno de estos elementos demuestra por s\u00ed solo que los resultados hayan sido alterados. Lo que plantean es la necesidad de revisar las actas f\u00edsicas, los archivos originales, los registros de modificaci\u00f3n, las huellas digitales y las bit\u00e1coras internas de los sistemas electorales.<\/p>\n\n\n\n La diferencia es esencial. Un sistema puede presentar debilidades que aumenten el riesgo de errores o manipulaciones. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n puede comprobarse que una autoridad incumpli\u00f3 procedimientos de publicaci\u00f3n o custodia. <\/p>\n\n\n\n Pero para declarar que existi\u00f3 fraude ser\u00eda necesario demostrar una modificaci\u00f3n deliberada de los resultados y establecer que tuvo una incidencia suficiente sobre la elecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La demanda aporta elementos principalmente sobre posibles riesgos y deficiencias de trazabilidad, pero no demuestra de manera concluyente que se hayan agregado, eliminado o trasladado votos ni que las anomal\u00edas hayan cambiado al ganador.<\/p>\n\n\n\n Por eso, aunque Petro ha presentado p\u00fablicamente el proceso como una acci\u00f3n destinada a evidenciar un posible fraude, el propio contenido t\u00e9cnico de la demanda es m\u00e1s limitado: pide investigar si las fallas detectadas pudieron facilitar manipulaciones dif\u00edciles de descubrir.<\/p>\n\n\n\n Los demandantes pueden descargar documentos p\u00fablicos y comparar archivos, pero no tienen acceso directo a los servidores, las versiones originales, los registros de modificaci\u00f3n ni las bases de datos internas.<\/p>\n\n\n\n Por eso solicitan que la Registradur\u00eda, el Consejo Nacional Electoral y los contratistas tecnol\u00f3gicos entreguen los archivos originales, metadatos, huellas digitales, rutas internas, bit\u00e1coras y contratos relacionados con la publicaci\u00f3n de los formularios.<\/p>\n\n\n\n El Consejo de Estado deber\u00e1 determinar si las anomal\u00edas fueron simples dificultades de publicaci\u00f3n sin efecto sobre los votos o si el debilitamiento de los controles comprometi\u00f3 la posibilidad de verificar confiablemente la elecci\u00f3n presidencial.<\/p>\n\n\n\n Por ahora existe una demanda admitida con hallazgos t\u00e9cnicos que deber\u00e1n ser contrastados con la documentaci\u00f3n original y las explicaciones de las autoridades electorales.<\/p>\n\n\n\n La pregunta de fondo no es solamente qui\u00e9n obtuvo m\u00e1s votos, sino si cualquier ciudadano pod\u00eda comprobarlo mediante documentos completos, identificables y protegidos contra cambios no registrados.<\/p>\n\n\n\n A la discusi\u00f3n se suma el salvamento de voto del magistrado Carlos Alberto Tr\u00f3chez Rosales<\/strong>, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de una tutela relacionada con la publicaci\u00f3n de los formularios electorales.<\/p>\n\n\n\n Aunque se trata de una opini\u00f3n minoritaria y, por tanto, no es vinculante<\/strong>, su planteamiento aporta un criterio judicial relevante: el debate no consiste \u00fanicamente en probar si los resultados fueron alterados, sino en determinar si cualquier ciudadano tuvo acceso a informaci\u00f3n electoral completa, verificable y trazable.<\/p>\n\n\n\n El magistrado advirti\u00f3 que los formularios E-14 fueron publicados sin varios atributos de trazabilidad. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la Registradur\u00eda reconoci\u00f3 el uso de mecanismos de \u201cofuscamiento\u201d<\/strong> en la nomenclatura de las actas, con el argumento de evitar correlaciones masivas y descargas automatizadas, pero sin demostrar suficientemente que esa restricci\u00f3n fuera necesaria y proporcional.<\/p>\n\n\n\n El salvamento cuestion\u00f3, adem\u00e1s, que los mecanismos m\u00e1s robustos de verificaci\u00f3n, como los canales SFTP, estuvieran reservados para auditores acreditados, mientras el ciudadano com\u00fan acced\u00eda a archivos con menores posibilidades de comprobaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Este criterio no demuestra que hubiera fraude ni obliga al Consejo de Estado. Sin embargo, refuerza una de las preguntas centrales de la demanda: \u00bfbasta con que las autoridades y los auditores especializados puedan verificar las actas, o esa posibilidad debe estar tambi\u00e9n al alcance de cualquier ciudadano?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La acci\u00f3n fue presentada por los ciudadanos William Roy Villanueva, Jaime Casadiego Le\u00f3n, Dami\u00e1n Garc\u00e9s Restrepo, Alexander Monta\u00f1a Narv\u00e1ez, Sixto Acu\u00f1a Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n Aunque el presidente Gustavo Petro divulg\u00f3 p\u00fablicamente el documento y lo present\u00f3 como parte de sus denuncias sobre un posible fraude, la demanda no fue radicada formalmente por \u00e9l ni por una entidad del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n Los demandados son el Consejo Nacional Electoral<\/strong>, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil<\/strong>, el presidente electo Abelardo de la Espriella<\/strong> y el vicepresidente electo Jos\u00e9 Manuel Restrepo<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n La acci\u00f3n cuestiona la Resoluci\u00f3n E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el CNE declar\u00f3 oficialmente elegida la f\u00f3rmula presidencial para el periodo 2026-2030, as\u00ed como los documentos que sirvieron de soporte al escrutinio de la segunda vuelta.<\/p>\n\n\n\n La pretensi\u00f3n principal es que el Consejo de Estado anule esa resoluci\u00f3n y, con ella, la declaratoria de elecci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se solicita la nulidad de las versiones electr\u00f3nicas de los formularios E-14<\/strong>, de los formularios E-24 y E-26<\/strong>, y del acta de la Comisi\u00f3n Escrutadora Nacional correspondiente a la segunda vuelta presidencial.<\/p>\n\n\n\n De manera subsidiaria, los demandantes piden que se ordene un nuevo escrutinio<\/strong>, una auditor\u00eda judicial y t\u00e9cnica o una verificaci\u00f3n de las mesas y territorios donde se demuestren problemas de trazabilidad, inconsistencias o falta de correspondencia entre los documentos. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n solicitan revisar los archivos originales, preservar la evidencia digital, contrastar las actas publicadas con los documentos f\u00edsicos y obtener los registros t\u00e9cnicos que est\u00e1n en poder de la Registradur\u00eda, el CNE y sus contratistas.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/involucion-e-14-1.png\")
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<\/figure>\n\n\n\nHallazgos que deber\u00e1 revisar la justicia<\/h2>\n\n\n\n
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Una vulnerabilidad no equivale a un fraude<\/h2>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n decisiva est\u00e1 en poder del Estado<\/h2>\n\n\n\n
Un salvamento de voto que cambia el foco del debate<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQui\u00e9nes demandan, a qui\u00e9nes demandan y qu\u00e9 pretenden?<\/h2>\n\n\n\n