Pero ocurri\u00f3 lo contrario.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso administrativo, los polic\u00edas utilizaron su autoridad para intimidarla. La amenazaron con entregarla a la Polic\u00eda de Infancia y Adolescencia y llevarla ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aprovech\u00e1ndose de su miedo y vulnerabilidad, la sometieron a actos de violencia sexual.<\/p>\n\n\n\n
La adolescente regres\u00f3 llorando a la vivienda de la mujer que la cuidaba y a quien reconoc\u00eda como una madre. All\u00ed cont\u00f3 lo sucedido y se\u00f1al\u00f3 a los uniformados.<\/p>\n\n\n\n
Denunci\u00f3 y volvieron sus agresores<\/h2>\n\n\n\n
La familia busc\u00f3 ayuda en la misma instituci\u00f3n a la que pertenec\u00edan los polic\u00edas denunciados. Sin embargo, la respuesta produjo una segunda vulneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de conocerse el caso, varios integrantes de la Polic\u00eda llegaron a la vivienda. Entre ellos se encontraban los dos patrulleros se\u00f1alados por la adolescente.<\/p>\n\n\n\n
En lugar de protegerla y mantenerla alejada de sus presuntos agresores, la pusieron nuevamente frente a ellos. Uno de los uniformados le pidi\u00f3 informaci\u00f3n e intent\u00f3 controvertir su relato. <\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se le habr\u00eda ordenado lavarse la boca, mientras una patrullera insinu\u00f3 que hab\u00eda consumido sustancias psicoactivas.<\/p>\n\n\n\n
Para el Tribunal Administrativo de Casanare, aquello constituy\u00f3 una revictimizaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de la agresi\u00f3n, la instituci\u00f3n permiti\u00f3 que los mismos hombres denunciados llegaran hasta el lugar donde la adolescente buscaba protecci\u00f3n y participaran en actuaciones dirigidas a desacreditarla o intimidarla.<\/p>\n\n\n\n
La atenci\u00f3n m\u00e9dica respald\u00f3 la denuncia<\/h2>\n\n\n\n
La joven fue atendida ese mismo 4 de agosto en el Hospital de Yopal mediante \u201cc\u00f3digo gris\u201d, protocolo utilizado ante casos de violencia sexual. Al d\u00eda siguiente se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n m\u00e9dico-legal.<\/p>\n\n\n\n
La historia cl\u00ednica, el dictamen forense, las declaraciones de la v\u00edctima y su familia, los testimonios y el expediente disciplinario hicieron parte de las pruebas examinadas por la justicia administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que los patrulleros estaban en servicio, dentro de su horario laboral, portaban sus uniformes y se movilizaban en una motocicleta institucional.<\/p>\n\n\n\n
No actuaron como dos particulares completamente desconectados de la Polic\u00eda. Se valieron precisamente del poder y la autoridad que les proporcionaba pertenecer a la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda intent\u00f3 desligarse de sus agentes<\/h2>\n\n\n\n
Durante el proceso, la defensa de la Polic\u00eda Nacional sostuvo que, si los uniformados hab\u00edan cometido los hechos, se tratar\u00eda de una conducta exclusivamente personal por la cual deb\u00edan responder individualmente.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal rechaz\u00f3 ese argumento.<\/p>\n\n\n\n
La Sala concluy\u00f3 que los patrulleros utilizaron su investidura, los medios oficiales y la posibilidad de activar procedimientos policiales para intimidar a la adolescente. <\/p>\n\n\n\n
Por ello, las conductas no pod\u00edan separarse artificialmente del servicio que estaban prestando.<\/p>\n\n\n\n
\u201cElla deb\u00eda ser protegida y, por el contrario, el Estado, por conducto de sus agentes de Polic\u00eda, la oblig\u00f3 a soportar tan grave falla del servicio\u201d, se\u00f1al\u00f3 la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El fallo determin\u00f3 que fueron vulneradas su dignidad humana, integridad personal, libertad sexual y su derecho, como mujer y adolescente, a vivir libre de violencias.<\/p>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/marthacifuentes.com\/portada\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-1.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\nLos patrulleros fueron destituidos<\/h2>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n declar\u00f3 disciplinariamente responsables a los dos entonces patrulleros en febrero de 2023 y les impuso sanciones de destituci\u00f3n e inhabilidad general. La decisi\u00f3n fue confirmada en segunda instancia en noviembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n
Cuando el Tribunal profiri\u00f3 su sentencia, el proceso penal contra los expolic\u00edas todav\u00eda se encontraba en etapa de juicio oral. La corporaci\u00f3n aclar\u00f3 que la responsabilidad administrativa del Estado es independiente de la eventual responsabilidad penal individual de los investigados.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, la ausencia de una sentencia penal definitiva no imped\u00eda reconocer que la Polic\u00eda deb\u00eda responder patrimonialmente por la actuaci\u00f3n de sus agentes.<\/p>\n\n\n\n
Nueve a\u00f1os para que el Estado respondiera<\/h2>\n\n\n\n
El primero de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal declar\u00f3 responsable a la Naci\u00f3n\u2013Ministerio de Defensa\u2013Polic\u00eda Nacional. Tanto la familia como la entidad apelaron.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el 14 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Casanare confirm\u00f3 la responsabilidad del Estado y modific\u00f3 parcialmente las medidas de reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Durante los casi nueve a\u00f1os transcurridos, la adolescente tuvo que afrontar las consecuencias de la violencia y la ruptura de su vida cotidiana. Los testimonios se\u00f1alaron que pas\u00f3 de ser una joven alegre y emprendedora a aislarse y abandonar la vivienda de su cuidadora.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal orden\u00f3 indemnizar a la v\u00edctima y a parte de su n\u00facleo familiar por los da\u00f1os morales y por la vulneraci\u00f3n de sus derechos constitucionales y convencionales.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda tambi\u00e9n deber\u00e1 garantizar atenci\u00f3n psicol\u00f3gica, psiqui\u00e1trica y, si resulta necesaria, farmacol\u00f3gica. <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, tendr\u00e1 que publicar la sentencia anonimizada, capacitar a su personal en prevenci\u00f3n de las violencias de g\u00e9nero y realizar una ceremonia de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica \u00fanicamente si la v\u00edctima as\u00ed lo desea.<\/p>\n\n\n\n
Una condena que va m\u00e1s all\u00e1 del dinero<\/h2>\n\n\n\n
La sentencia protege la identidad de la v\u00edctima y proh\u00edbe publicar su nombre o los datos de sus familiares. Despu\u00e9s de haber sido desacreditada e intimidada, preservar su intimidad tambi\u00e9n hace parte de la reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El caso no refleja \u00fanicamente la conducta de dos agentes. La adolescente fue violentada por quienes representaban la autoridad y posteriormente qued\u00f3 expuesta a procedimientos institucionales que, en lugar de protegerla, la pusieron nuevamente frente a sus agresores.<\/p>\n\n\n\n
Por eso, que el Tribunal Administrativo de Casanare haya incluido esta sentencia entre sus decisiones destacadas del a\u00f1o tiene un sentido que supera la condena econ\u00f3mica: recuerda que la violencia institucional tambi\u00e9n existe cuando el poder entregado para proteger es utilizado para intimidar, agredir y encubrir.<\/p>\n\n\n\n
Nueve a\u00f1os despu\u00e9s, la justicia administrativa confirm\u00f3 que el uniforme no pod\u00eda separar a los responsables de la instituci\u00f3n que les entreg\u00f3 autoridad, medios oficiales y una posici\u00f3n de confianza frente a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda deb\u00eda protegerla. Sus agentes hicieron lo contrario y el Estado tendr\u00e1 que responder.<\/p>\n\n\n\n