Corte Constitucional admite demanda contra el Decreto que le quita el poder a la ANT en decisiones sobre procesos de tierras
La Corte Constitucional admitió el cargo central de la demanda interpuesta por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, contra varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, que regula el Procedimiento Único para el acceso y formalización de tierras. El debate se centra en la garantía del “juez natural” en la fase judicial, tras la creación de la Jurisdicción Agraria.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que la demanda busca que la Corte declare inexequible de manera condicionada la etapa judicial, hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Agraria creada por el Acto Legislativo 03 de 2023. Mientras tanto —agregó— se solicita que sea la Agencia Nacional de Tierras la que decida de fondo los procesos del Procedimiento Único.
“La fase judicial, sin un juez natural especializado en materia agraria, termina siendo una traba para que la Reforma Rural Integral se cumpla a cabalidad. Nuestro deber constitucional es garantizar que campesinos sin tierra puedan acceder a ella, y no podemos esperar indefinidamente la entrada en funcionamiento de una jurisdicción que aún no existe”, afirmó Harman.
Añadió que este debate no es técnico sino de fondo: “No se trata solo de resolver expedientes, se trata de cumplir el Acuerdo Final de Paz y materializar el derecho a la tierra para quienes históricamente han sido excluidos”.
El trasfondo
El Decreto Ley 902 de 2017 creó el Procedimiento Único, mecanismo mediante el cual se resuelven los procesos agrarios especiales, como la clarificación de la propiedad, la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los deslindes de tierras de la Nación y la extinción de dominio.
Sin embargo, este procedimiento contempla una fase judicial que, según la ANT, ha generado retrasos, vacíos normativos y dudas sobre el juez competente, afectando el acceso de campesinos a la tierra y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, que fijó como meta tres millones de hectáreas.
Decisión de la Corte
El magistrado sustanciador Vladimir Fernández Andrade resolvió:
- Admitir el cargo que cuestiona la presunta violación al principio del juez natural, pues el nuevo marco constitucional de 2023 cambió las reglas de competencia.
- Rechazar el reproche relacionado con la supuesta violación al derecho de acceso a la justicia, por falta de claridad y pertinencia.
- Trasladar el expediente al Procurador General de la Nación para concepto y abrir el proceso a intervención ciudadana durante 10 días.
- Invitar a varias facultades de derecho y expertos para presentar conceptos técnicos.
Lo que sigue
La Corte deberá pronunciarse sobre la validez constitucional de la fase judicial del Procedimiento Único a la luz de la Jurisdicción Agraria. La discusión abre la posibilidad de que, mientras esta entre en funcionamiento, la Agencia Nacional de Tierras pueda asumir un rol decisivo en la resolución de los conflictos sobre propiedad rural.
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